ERC aprueba declarar la independencia de Cataluña si Rajoy niega el referéndum

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya tiene su hoja de ruta perfectamente planificada y aprobada. A partir de ahora, sólo hace falta que la pueda “implementar” o llevar a la práctica con el apoyo del Gobierno catalán, en manos de Convergència i Unió (CiU). La ponencia política que detalla los pasos a seguir para alcanzar la independencia a corto plazo fue aprobada este sábado en la Conferencia Nacional por la República Catalana, que reunió a casi 700 militantes republicanos en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat: obtuvo 677 votos a favor, dos en contra y 7 en blanco.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fue la encargada de inaugurar la conferencia. “Todos queremos pasar de las declaraciones a la acción”, dijo ante los asistentes. Y aprovechó para leer la lista de agravios que, considera, España comete contra Cataluña: “Somos conscientes de que, para muchos catalanes, independizarse de España hoy parece difícil. Hay gente en nuestro país que no lo acaba de tener claro. Pero estamos absolutamente convencidos de que no es posible continuar dentro del Estado español. No es un buen negocio. No nos permitirá salir de esta crisis porque este Estado actúa contra nosotros. Malgasta nuestros impuestos  en trenes de alta velocidad, en infraestructuras deficitarias, en ministerios que no tienen ninguna competencia. Vivimos en un Estado que destina buena parte de nuestros impuestos en tener un Ejército, que invierte miles y miles de euros en innovación militar”, dijo.

Rovira señaló también que “lo que hace este Estado es destruir nuestro Estado del bienestar. Nos obliga aponer en peligro nuestros hospitales por los recortes. Y con estos recortes y la mala inversión de nuestros impuestos también nos obliga a cuestionar nuestra escuela pública, nuestras universidades y los servicios sociales. Por eso, cada día  hay más gente convencida de que no podemos formar parte de un Gobierno español que hace estas políticas, que nos maltrata sistemáticamente, que lamina nuestro bienestar. El Estado español renuncia a servir a nuestros intereses. Y nosotros tenemos la obligación de dotarnos de un nuevo Estado que trabaje para ayudar a nuestros conciudadanos”. Y acusó a Madrid de boicotear y de “prohibir permanentemente” el Corredor Mediterráneo (que debe unir todo el Levante con Europa pasando por Cataluña) “incluso en contra del criterio de otros países europeos”.

Ante este planteamiento, la presentación después de los trabajos que llevaron a conformar la ponencia política fue un paseo triunfal. En la ponencia se especifica que uno de los hitos necesarios es que el presidente catalán, Artur Mas, solicite formalmente a Mariano Rajoy, presidente español, la celebración de un referéndum.

Independencia unilateral

“O bien autoriza el referéndum o bien genera el tercer gran portazo del Estado en tres años. Hemos de ser conscientes de que una eventual negación del derecho a decidir de los catalanes es la negación de la soberanía del pueblo catalán y, en esencia, la mutilación del derecho fundamental de las personas a vivir en democracia. Las herramientas de la agenda española son el diálogo y la negociación con el Estado”. Y advierte: “En el caso de un eventual y previsible nuevo portazo que cierre la vía del diálogo y la negociación, habremos alcanzado un hito necesario en el camino: nos habremos cargado de más razones y podremos abordar de forma legítima, a ojos de la comunidad internacional, la celebración de la consulta sobre la base de la legalidad catalana”.

Si todo esto fracasa, todavía queda la posibilidad de que el Parlamento catalán apruebe unilateralmente la independencia y convoque unas elecciones plebiscitarias, siguiendo la vía Kosovo.

El texto prevé la adopción de toda una serie de medidas para crear “instrumentos de Estado”, desde un Banco Central catalán hasta una Agencia Tributaria propia que sería la encargada de asumir la gestión y recaudación de todos los impuestos, pasando por organismos reguladores propios de Cataluña en los ámbitos de la energía, el agua, los hidrocarburos o las telecomunicaciones. Prevé incluso instaurar nuevos impuestos o subir algunos de los ya existentes (como los de las gasolinas).

De momento, para ir preparando encamino, ERC ha aprobado la realización de campañas cívicas antiMadrid. Los representantes políticos, dice la ponencia, “habrán de ser los que lideren los actos de soberanía que rompan la legalidad española en el caso de que se resista a adecuarse al principio democrático”. En otras palabras, que han de llevarse a la calle “una serie de acciones de lucha y protesta que tienen en común ser tan pacíficas como transgresoras de una legalidad que demuestra ser antidemocrática o profundamente injusta. La idea no es sólo no acatar esta legalidad que se rechaza, sino forzarla abolición y la sustitución por unas reglas de juego más razonables”. Entre estas acciones de protesta se encuentran las campañas de insumisión fiscal o la negativa a pagar peajes en las autopistas.