Fabra liquida la estructura megalómana de Camps y Zaplana antes de la visita de Rajoy

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, sigue avanzando en su plan para erradicar hasta el último vestigio de las etapas de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Su proyecto de regeneración ha encontrado el respaldo de Mariano Rajoy, a pesar de los casos de corrupción, que ya han elevado a 11 el número de imputados en las filas del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas. El propio Rajoy se desplazará este sábado a Peñíscola (Castellón) para arropar a Fabra en la convención del PP valenciano.

Antes de que se produzca ese encuentro, Fabra dispondrá ya de las herramientas legales para adelgazar la estructura autonómica y fulminar la política de proyectos megalómanos que acuñaron sus antecesores en el cargo, una apuesta que explica en gran parte la delicada situación económica actual de la Administración valenciana. Al cierre de 2012, su deuda ascendió hasta los 30.000 millones de euros, sólo superada por la de Cataluña, en torno a los 50.000.

Para frenar el crecimiento descontrolado del déficit, Fabra acaba de sacar adelante la Ley de Reestructuración y Reorganización del Sector Público Empresarial valenciano, que según el Gobierno autonómico acabará con 46 de los 76 entes públicos creados por los Gobiernos anteriores y eliminará 2.000 puestos de trabajo de los 7.000 encuadrados en esos organismos. La Generalitat asegura que este proceso de remodelación, iniciado en mayo del año pasado, ya ha supuesto el ahorro de 109 millones de euros.

Aeropuerto de Castellón y Ciudad de la Luz

La norma, recién aprobada por las Cortes Valencianas, habilita a Fabra para liquidar la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), el ente más problemático de todos los que componen el sector público empresarial autonómico por ser el propietario, entre otros proyectos, del Aeropuerto de Castellón y los estudios de cine Ciudad de la Luz de Alicante, dos de los mayores fiascos de sus predecesores. Sólo estas dos inversiones han costado a la Administración valenciana 455 millones de euros y arrastran una deuda superior a los 250 millones de euros que no deja de incrementarse. Además, hace un mes, la Comisión Europea reclamó a la Ciudad de la Luz que devuelva urgentemente 265 millones de euros en ayudas públicas que nunca se le deberían haber concedido.

Los dos proyectos, así como el resto de activos de la SPTCV (Auditorio de Torrevieja, Terra Mítica, Museo de Fútbol FIFA de Valencia, Ciudad de la Música de Castellón…) seguirán en manos de la Comunidad, pero sus acciones se integrarán en tres grandes macroorganismos de nueva creación: Corporación Pública Empresarial Valenciana, CulturArts y Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.

Para acelerar el traspaso de los activos, el pasado 28 de mayo la Consejería de Hacienda y Administración Pública acordó una inyección de 28.968.252 euros en la SPTCV para ampliar su capital social y equilibrar su patrimonio. El trámite evitará que la sociedad entre en proceso de disolución, un estatus que impide a una sociedad proceder al traspaso de sus activos. Fabra podrá así culminar la liquidación de este controvertido organismo público.

Al cierre de 2011, último año auditado por la Sindicatura de Cuentas, la SPTCV acumulaba una deuda de 605.236.074 euros. Desde su creación, en el año 2000, ha tenido cinco presidentes. Uno de ellos, Luis Esteban Marcos, se enfrenta a una condena de siete años por la trama de facturas falsas de Terra Mítica. Otro, Gerardo Camps Devesa, fue implicado en el caso Gürtel, pero finalmente se archivó su imputación. El presidente actual, Juan Carlos Moragues Ferrer, fue nombrado hace sólo un mes.

Confusión en la Generalitat

A pesar de la publicación tanto de la ley de reestructuración como de la ampliación de capital de SPTCV en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, fuentes de la Consejería de Hacienda aseguran que la liquidación no será inminente. Sin embargo, la Consejería de Economía, Industria y Comercio da ya por iniciado el proceso de extinción de la sociedad, queestá siendo más confuso de lo que debería.

En paralelo, el Ejecutivo valenciano intenta vender el Aeropuerto de Castellón y la Ciudad de la Luz para evitar que las pérdidas de estos proyectos sigan engrosando la deuda autonómica. La comunidad abrió el proceso de comercialización hace meses pero, hasta el momento, no ha logrado que ningún inversor solvente pregunte por estas instalaciones. El expresidente del Aeropuerto de Castellón, Carlos Fabra, indicó al comienzo del año que un inversor libio se había interesado por el aeródromo y que había hecho una oferta de 87,5 millones de euros para adquirirlo. Sin embargo, El Confidencial informó de que el inversor era en realidad un simple periodista sin fondos. Poco después, Fabra admitió que la operación no iba a cerrarse y la Generalitat acabó forzando su destitución.

El portavoz adjunto del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Paco Toledo, exrector de la Universidad Jaume I de Castellón, admite que la remodelación diseñada por Fabra era necesaria, pero denuncia que no servirá para “terminar con la época anterior porque conservará la mayor parte de los organismos relacionados con las grandes infraestructuras”. “La parte más perjudicada por los recortes”, asegura el dirigente socialista, “será el área cultural, con la supresión de los institutos valencianos de la Música, Audiovisual y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Consejo Valenciano del Deporte y el ente Teatros de la Generalitat”. En opinión de Toledo, lo urgente es la disolución de “las sociedad del Aeropuerto de Castellón y la Ciudad de la Luz”. El portavoz de los socialistas critica que la política de proyectos fastuosos del PP haya costado ya a los valencianos más de 3.500 millones de euros en deuda asumida por la Administración autonómica.

Enric Morera, portavoz de Compromís en la Cámara autonómica, también aplaude la disolución de la SPTCV. “Es probablemente el caso más paradigmático del trasvase sistemático de fondos públicos a la Administración paralela que creó el PP para la política de grandes eventos”, denuncia Morera. “Han utilizado la SPTCV y el resto de entes para gestionar adjudicaciones de forma opaca, sin ningún tipo de control. Desde que se creó, esta sociedad se ha utilizado intencionadamente para malversar fondos públicos. Su eliminación es una buena noticia”, concluye el dirigente de Compromís.

A Morera le ofrece más dudas el modo en que se están reduciendo las plantillas de estos organismos. El representante de Compromís acusa al Gobierno de despedir a los trabajadores que habían conseguido su puesto mediante concurso y mantener, en cambio, “a aquellos que accedieron a estos empleos mediante un enchufe”.