LOS EXPERTOS ADVIERTEN DE LAS DIFICULTADES JURÍDICAS DE LA NORMA

La inclusión de Corona, Iglesia y sindicatos amenaza con desinflar la Ley de Transparencia

La inclusión de la Iglesia, la Corona, los partidos y los sindicatos, amén de las organizaciones empresariales, dentro de la Ley de Transparencia que estudia el
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La inclusión de Corona, Iglesia y sindicatos amenaza con desinflar la Ley de Transparencia

La inclusión de la Iglesia, la Corona, los partidos y los sindicatos, amén de las organizaciones empresariales, dentro de la Ley de Transparencia que estudia el Congreso, amenaza con generar expectativas mucho más grandes de las que la propia norma pueda ser capaz de satisfacer en un futuro. No en vano, voces relevantes como la de Benigno Pendás, que preside el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, órgano asesor del Gobierno, ya han advertido esta misma semana sobre las dudas jurídicas y técnicas que un paso tan grande como el que se pretende dar a acarrear respecto a la futura ley.

Pendás, que ha recibido también del Gobierno el encargo de elaborar, junto a un grupo de expertos, un plan de “regeneración democrática” que va a ser presentado en los próximos días, ironizaba esta misma semana en la Comisión Constitucional del Congreso: de seguir por esta vía, dijo, será más fácil a corto plazo citar qué organismos no entran en esta ley. El jurista lanzó, además, una clara advertencia a los diputados que tienen el deber de terminar de articular los pormenores de la norma. “No es fácil concretar lo que ustedes mismos aprobaron sin votos en contra, sobre las entidades que se financian esencialmente a través de dinero público. Esencialmente es un concepto jurídico indeterminado y difícil. Porcentajes y naturaleza de la función bien combinados sí que nos pueden ayudar. Ahora, en estos casos es más fácil la teoría que la práctica”.

En busca de "la mejor fórmula"

Se refería así a lo que el Congreso aprobó por unanimidad el pasado 26 de febrero, en las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, donde los legisladores se comprometieron a buscar la “mejor fórmula para incorporar a la ley de Transparencia” a todas esas organizaciones y asociaciones privadas, como los partidos y los sindicatos que se nutren, principalmente, de fondos públicos. Organizaciones que, en todo caso, no son equiparables, por ejemplo, a las administraciones públicas o al Congreso y cuyo encaje requiere de fórmulas jurídicas adecuadas. El caso de la Iglesia es todavía más complejo, por su naturaleza y su función.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó este viernes que el Gobierno no ha hablado de momento con representantes de la Conferencia Episcopal, como sí lo ha hecho con la Casa del Rey,  pero que al ser una institución que recibe fondos públicos estará sujeta a los criterios de transparencia. No obstante, recordó, en la misma línea que Pendás, que habrá que estudiar la fórmula por la que se hará, pues al no ser administraciones públicas tienen estructuras y composición diferentes y no están sometidas al derecho administrativo. Este mismo miércoles y preguntado sobre la conveniencia de incluir a la Iglesia, Pendás había contestado, sin rodeos, que eso estaba “más allá de lo razonable en el espíritu de la norma y de lo que el legislador pretende”.  

La sensación durante las últimas semanas es que el Gobierno ha ido avanzando en el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley a trompicones y al albur de los acontecimientos, como en el caso de la Corona, cuya incorporación a ella se ha negado hasta la saciedad hasta que la imputación de la infanta Cristina y otros escándalos en torno a la primera familia han obligado a ello.

La vicepresidenta explicó el pasado miércoles en el Congreso que las conversaciones con la Casa Real están prácticamente terminadas y, a falta de mayor información al respecto, todo hace pensar que la Ley de Transparencia permitirá conocer el desglose de todas aquellas partidas de la Jefatura del Estado que sufragan diferentes ministerios como son los viajes (Exteriores), los coches oficiales (Hacienda), la seguridad (Interior) o los gastos de personal.

Una vez que esté acabada totalmente la fórmula, el Gobierno trasladará a los grupos parlamentarios las conclusiones para fijar de forma definitiva el texto de la Ley a través de una enmienda.

En diferentes leyes orgánicas

Si la ley se desinfla o no en su recta definitiva dependerá, en buena medida, de cómo recaiga su peso sobre partidos, sindicatos y CEOE. La propuesta de Pendás, que rechazaron los diputados en la Comisión Constitucional, es que lo que ataña a las formaciones políticas se resuelva en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos o en la que regula su financiación mientras que la afecta a los sindicatos se lleve en la Ley de Libertad Sindical, incluyendo, eso sí, una disposición adicional en la Ley de Transparencia en la que se diga que se procederá, en el menor tiempo posible, a la reforma de estas normas. De seguir esta fórmula, lo relativo a los fondos públicos que recibe la Iglesia se podría llevar a la Ley de Libertad Religiosa.

Argumenta también Pendás que una ley ordinaria como la de Transparencia no debe entrar a regular aspectos que, al incumbir derechos fundamentales como el de participación política o libertad sindical, están regulados en otras leyes orgánicas. Sus ideas, sin embargo, fueron rechazadas por la mayor parte de los grupos que consideran que este camino llevaría a una fórmula descafeinada de la ley. 

Saénz de Santamaria explicó también que hace pocas semanas se constituyó un grupo de trabajo en el que participan los ministerios de Hacienda, Justicia, Presidencia, Economía y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que estudia las medidas necesarias para reforzar la transparencia y los controles actuales. Entre ellas, un estatuto del ejercicio de las funciones de los políticos o el control de cuentas de los partidos.

Los partidos, entre ellos UPyD y otras formaciones de la izquierda, han criticado sin embargo que estas negociaciones en torno a la Corona y otros organismos se estén llevando a cabo al margen de la comisión parlamentaria que estudia la ley y con bastante opacidad y sin informar al resto de grupos de la Cámara. Hay que recordar que solo a través de una agencia de noticias extranjera se pudo saber que Zarzuela y el Gobierno de Mariano Rajoy tenían ya muy avanzado cómo sería su encaje en la Ley de Transparencia. Y todo en una misma semana en la que la Mesa del Congreso ha vuelto a vetar el hecho de que los diputados estén obligados a publicar sus nóminas, tal y como había solicitado la líder de UPyD, Rosa Díez. Jesús Posada ha justificado que una medida así requiere de la unanimidad de la Mesa del Congreso, circunstancia que, a día de hoy, no se produce y que evidencia, de fondo, lo reacias que siguen siendo las instituciones a aplicar criterios de absoluta transparencia. 

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