El Supremo confirma la absolución de Camps por ‘los trajes de la Gürtel’

La Sala del Supremo ha confirmado la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y del también diputado del PP Ricardo Costa por el caso de los trajes en la red Gürtel. Por cuatro votos a uno, el único magistrado que ha expresado su voto particular ha sido Joaquín Giménez García, la Sala ha ratificado la decisión del jurado popular.

El recurso que el Partido de los Socialistas del País Valenciano (PSPV) presentó contra la absolución ha sido analizado a puerta cerrada por la Sala formada por los magistrados Carlos Granados, Joaquín Giménez, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Antonio del Moral.

El Alto Tribunal ha decidido, por cuatro votos contra uno, confirmar la absolución de Camps y Costa, desestimando la opción de volver a repetir el juicio y, mucho menos, revocar la sentencia y condenar a los políticos valencianos.

La acusación popular en la causa de los trajes del caso Gürtel recurrió ante el Supremo porque la decisión del jurado mostraba, a su juicio, "contradicciones" que revelaban "el sinsentido del veredicto en su conjunto".

El recurso de casación -interpuesto por quebrantamiento de forma, vulneración de precepto constitucional e infracción de ley- pedía la anulación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que se dictara "otra más ajustada a derecho, con condena de los acusados", según anunciaba EFE.

La acusación particular en el caso Gürtel, ejercida por el PSPV-PSOE, pidió que el president de la Generalitat, Francisco Camps, fuera condenado por un delito de cohecho a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación de cargo público, además de una multa de 46.000 euros.

La sentencia del TSJCV se dictó siguiendo el veredicto de no culpabilidad que adoptó un jurado en Valencia por cinco votos contra cuatro. El fiscal no recurrió contra la absolución. Camps fue absuelto del delito de cohecho pasivo impropio porque se estimó que había pagado los trajes recibidos, una decisión que no recurrió la Fiscalía. Ahora, el fallo del Supremo es firme y sólo quedaría la opción de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.