Alarma en el Gobierno por el 'hallazgo' de la casa de Soraya Sáenz de Santamaría

La oleada de ‘escraches’ a cargos del Partido Popular experimentó ayer un repunte con el traslado de las protestas hasta la puerta de la vivienda familiar de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el distrito de Salamanca de la capital. Alrededor de las 19 horas unas 300 personas vinculadas con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzaron a protestar frente a la residencia de Sáenz de Santamaría por los desahucios. No se marcharon hasta una hora más tarde, después de que la policía procediera a identificar a 30 de los participantes en la concentración.

Según ha podido saber este diario, en el momento en que se produjo la protesta, Sáenz de Santamaría se encontraba dentro de la vivienda junto a su hijo pequeño. La movilización causó gran malestar a la vicepresidenta del Gobierno, que no la esperaba. Sólo tres horas antes estaba compareciendo en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El escrache a la vicepresidenta ha despertado una enorme inquietud en Moncloa, por la facilidad con la que los miembros del PAH han localizado su vivienda, que hasta ahora había pasado desapercibida en el barrio. Fuentes del Ministerio del Interior han adelantado que se reforzarán las medidas de vigilancia de las viviendas particulares de los ministros para evitar que puedan producirse más incidentes de este tipo. Las casas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, también han sido cercadas por colectivos defensores de la dación en pago, aunque hasta el episodio de ayer no se había decidido reforzar la seguridad de los miembros del gabinete de Mariano Rajoy.

Los policías dudan sobre cómo actuar 

Fuentes policiales insisten en la necesidad de contar con un código de actuación para este nuevo tipo de protestas importadas de Suramérica, que trasladan las reivindicaciones a los cargos electos a sus esferas más privadas. En España, los encargados de estrenarlas están siendo los miembros de la PAH, que han puesto en marcha una campaña para exigir a los diputados del Partido Popular la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la dación en pago.

Según las mismas fuentes policiales, la Fiscalía estaría ultimando la redacción de las instrucciones que deben seguir los representantes del Ministerio Público para perseguir este tipo de protestas. Hasta el momento, cada fiscal estaba aplicando su propio criterio. Las instrucciones de la Fiscalía también guiarán la actuación de los agentes, que se han quejado de la indefinición legal que rodea a este tipo de concentraciones.  

En todo caso, el Ministerio del Interior ha recomendado a los miembros del Gobierno y a los diputados del PP que mantengan la calma y no se pronuncien sobre los escraches, para evitar el efecto llamada. Interior también ha pedido a los agentes antidisturbios que eviten el uso de la fuerza en la medida de lo posible y que se limiten a realizar identificaciones de los manifestantes. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz intenta evitar que la oleada de protestas se retroalimente con una actuación excesiva de la policía. Interior también incrementará la presencia de agentes en las proximidades de las residencias de los ministros.

Penas de hasta cinco años de prisión

En la protesta de este viernes, la Policía movilizó 50 efectivos antidisturbios para tratar de disolver la concentración. Los agentes practicaron 30 identificaciones. Entre los presentes se encontraba el ex secretario general de Alianza Popular, ex simpatizante del PSOE y ex asesor de Izquierda Unida Jorge Verstrynge. Fuentes policiales aseguran que ha sido identificado también en otras protestas contra políticos similares. Finalmente, sobre las 20 horas, los manifestantes se marcharon voluntariamente de la puerta de la vicepresidenta del Gobierno rumbo a otro punto del barrio de Salamanca.

Los escraches aún no han generado jurisprudencia pero en una resolución de la Audiencia Nacional de esta misma semana sobre un caso similar, el cerco al Parlamento de Cataluña en 2011, el juez Eloy Velasco ha advertido que el acoso organizado y en grupo a cargos electos es susceptible de ser considerado un delito de coacción a las Altas Instituciones del Estado, que está castigado con una pena de prisión de tres a cinco años.