La Infanta pone a prueba el estricto código ético de La Caixa

Si hay alguna actividad que desarrolla Caixabank que hace llorar literalmente a su presidente, Isidro Fainé, es la Obra Social y la Fundación La Caixa, organismos filantrópicos dedicados a ayudar a las personas más desfavorecidas. Su compromiso con los colectivos más débiles es tal que incluso con la crisis bancaria golpeando la cuenta de resultados, el primer ejecutivo del grupo bancario ha mantenido el presupuesto de su pulmón solidario en 500 millones de euros anuales.

Sin embargo, uno de sus empleados más insignes de la Obra Social lo va a poner en un brete, una persona obsesionada con la reputación, con los valores y con la percepción de la marca. Porque la imputación de la infanta doña Cristina de Borbón pone en cuarentena el espíritu y la letra del código ético de Caixabank, cuya estricta aplicación podría suponer la salida de la que todavía es directora del Área Internacional de la división benefactora de La Caixa.

Según dicho articulado, “la reputación de CaixaBank depende de la percepción que consiga generar en la sociedad, a  través de la actividad desarrollada por la entidad en todos sus ámbitos de actuación, y de la conducta de sus empleados y miembros del órgano de administración”. Y como reconocen expertos en Responsabilidad Social Corporativa (RSC),  que piden guardar silencio, la incriminación de la duquesa de Palma no beneficia en nada al banco barcelonés.

Aunque el trabajo de la hija del Rey –se incorporó a la Fundación en 1993- no está relacionado con el negocio bancario tradicional de La Caixa, el código ético pone de manifiesto que ningún empleado puede beneficiarse en el ejercicio de actividades privadas del nombre de la institución, “especialmente si pueden tener una repercusión pública”, obligación que ahora queda en entredicho porque el papel de la Infanta en Noos puede vincularse con su rol como directiva de Caixabank.  

La entidad presidida por Isidro Fainé, que mantiene una afectiva relación con don Juan Carlos, prefiere guardar silencio sobre el futuro de doña Cristina. La mujer de Iñaki Urdargarin se reintegró al trabajo en la Obra Social el pasado 3 de septiembre, después de que el escándalo judicial sobre los negocios de su marido les aconsejara dejar su domicilio en Washinton y regresar a Barcelona. 

En la Ciudad Condal han vivido durante años en un palacete en la zona noble de Pedralbes, una mansión de más de 1.000 metros cuadrados útiles repartidos en dos plantas, con un jardín de 1.300 metros cuadrados con piscina y un semisótano con tres plazas de garaje. Urdangarin y la infanta Cristina compraron la vivienda en 2004 por seis millones de euros, después de que la Caixa les concediera un crédito hipotecario de cinco millones, a devolver en un plazo de 30 años. Esa línea de financiación tenía una carencia de cuatro años, por lo que durante ese periodo no tuvieron que hacer frente a la amortización del principal.

Gracias a esta cláusula, el matrimonio había hecho frente a sus pagos hasta el pasado mes de diciembre. Los duques de Palma habían devuelto cerca de 1,5 millones, hasta que a principios de este año dejaron de abonar la cuota mensual. Por lo tanto, se han convertido en clientes morosos de La Caixa, para la que trabaja la hija menor, cuyo código interno aconseja extremar “las normas de concesión de riesgos a personas vinculadas con la entidad”.

Un documento según el cual “CaixaBank respeta la vida privada de sus empleados/as, directivos/as y miembros de su órgano de administración sin inmiscuirse en las actividades o conductas que observen fuera del ámbito de trabajo en la entidad, siempre que dichas actividades o conductas no afecten al  buen nombre de CaixaBank o a sus intereses legítimos”. Ahora, Fainé deberá decidir si la imputación de la Infanta mancha ese buen nombre por el que tanto se preocupa el presidente.

Otras empresas cotizadas han vivido recientemente experiencias similares. Una es Iberdrola, que contrató a Ángel Acebes dos meses antes de ser imputado por la insolvencia de Bankia. Lo mismo le pasó a Rodrigo Rato, también señalado con el dedo de la Audiencia Nacional, el cual fue incorporado a principios de año por Telefónica como miembro de su Consejo internacional.