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Zaplana, Lamela, Güemes, Echániz: los apellidos del PP en la privatización sanitaria
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EL FENÓMENO DE LA 'PUERTA GIRATORIA'

Zaplana, Lamela, Güemes, Echániz: los apellidos del PP en la privatización sanitaria

El conflicto sanitario que ha estallado en Madrid desde que el Gobierno regional encabezado por Ignacio González decidió privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros

Foto: Zaplana, Lamela, Güemes, Echániz: los apellidos del PP en la privatización sanitaria
Zaplana, Lamela, Güemes, Echániz: los apellidos del PP en la privatización sanitaria

El conflicto sanitario que ha estallado en Madrid desde que el Gobierno regional encabezado por Ignacio González decidió privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud puso el principal foco de atención en el tránsito del sector público al privado de políticos que han tenido responsabilidades en la gestión sanitaria regional. La contratación del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela por el grupo que adquirió una de las concesionarias del Hospital del Tajo de Aranjuez ha provocado este martes duras críticas entre los partidos, que han coincidido en reprobar su fichaje desde el punto de vista “ético y moral”. No es la primera vez que un caso similar a este, el fenómeno de la 'puerta giratoria', el tránsito del sector público al privado, sale a la palestra.

Sin tener ninguna experiencia en el sector de la salud, Esperanza Aguirre lo nombró consejero de Sanidad en 2000, un cargo que tuvo que abandonar en 2008 cuando se vio salpicado por el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Gracias a su andadura en la sanidad pública, Lamela rápidamente fundó una sociedad para promocionar el turismo sanitario en clínicas privadas de Madrid. Ahora, da charlas sobre la necesidad de recortar la sanidad pública y preside la Fundación Lafer, el think tank del PP para reformar la sanidad. Entre los miembros del Consejo Asesor figuran Arturo Fernández, presidente de la CEIM, Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, Josep Piqué, presidente de Vueling y exministro de Aznar, o José Manuel Romay, exministro de Sanidad y actual presidente del Consejo de Estado.

 

 

Los grupos políticos de la oposición han reprochado a Lamela que se incorporase a Assignia Infraestructuras, empresa que participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad, según informó la cadena SER este martes. 


Su sucesor en el cargo, Juan José Güemes, siguió los pasos de su antecesor, y aprovechó su retiro de la política para hacer negocio con la sanidad privada. En enero, se vio forzado a dimitir de la empresa Unilabs al salir a la luz que esta compañía era la que se había hecho con la gestión de los análisis que él mismo había privatizado en su etapa como consejero.

Otro de los apellidos asociados al PP y a la sanidad es el de Echániz. El consejero de Dolores de Cospedal, José Ignacio, tiene a su hermana Teresa como subdirectora de Investigación de Capio, una de las principales firmas privadas dedicadas a la gestión de hospitales y que, al ser una de las dominantes en el sector, ha sido beneficiada con las privatizaciones que está llevando a cabo el PP. Capio cuenta en España con 28 centros en 7 comunidades autónomas, 14 de ellos hospitales: la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de 

Las Tres Culturas, en Toledo. Castilla-La Mancha quiere una gestión privada en los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares. En su descargo, Teresa Echániz argumenta que su llegada a Capio es muy anterior a la de su hermano al Gobierno regional castellano-manchego. 

De empresarios a políticos

El trasvase de directivos y gestores entre la Administración y las empresas de la sanidad también sucede al revés: directivos de compañías que ponen en nómina de la Administración todo el conocimiento adquirido en la empresa privada. Es el caso de Antonio Burgueño, actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid. Burgueño es conocido por ser uno de los padres del Modelo Alzira, el sistema de concesión sanitaria que Eduardo Zaplana lanzó en 1999 y que consistía en que una empresa privada gestionase los hospitales públicos. Es el mismo modelo que Madrid ha estado ensayando y por el que ahora quiere privatizar la gestión de seis hospitales a la vez. Él fue el autor de frases lapidarias como que “no podemos seguir con médicos funcionarios” o “los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”.

Traspasar la frontera de lo público a lo privado no es una tradición sólo de los políticos madrileños. Manuel Marín Ferrer es otro que ha mantenido una estrecha relación en la sanidad pública y privada. Entre 2000 y 2007 trabajó para la Generalitat Valenciana: era el encargado de vigilar a la empresa privada que gestionaba el hospital de Alzira. Nada más abandonar su cargo, el mismo hospital le fichó como director de Salud, convirtiéndose en el jefe del centro privado que administraba desde el centro público.

El conflicto sanitario que ha estallado en Madrid desde que el Gobierno regional encabezado por Ignacio González decidió privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud puso el principal foco de atención en el tránsito del sector público al privado de políticos que han tenido responsabilidades en la gestión sanitaria regional. La contratación del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela por el grupo que adquirió una de las concesionarias del Hospital del Tajo de Aranjuez ha provocado este martes duras críticas entre los partidos, que han coincidido en reprobar su fichaje desde el punto de vista “ético y moral”. No es la primera vez que un caso similar a este, el fenómeno de la 'puerta giratoria', el tránsito del sector público al privado, sale a la palestra.