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EL TC DA LA RAZÓN A CATALUÑA Y DESESTIMA EL RECURSO DE CASTILLA Y LEÓN

Salamanca pierde los papeles

El Tribunal Constitucional ha cumplido, 34 años después, con la petición de Manuel Fraga al desestimar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Castilla
Foto: Salamanca pierde los papeles
Salamanca pierde los papeles
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El Tribunal Constitucional ha cumplido, 34 años después, con la petición de Manuel Fraga al desestimar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Castilla y León contra la Ley por la que se enviaron a Cataluña los documentos incautados durante la Guerra Civil y custodiados hasta su salida paulatina en el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca. Era 1980, Fraga ejercía de portavoz de Coalición Democrática y firmó la proposición de ley en la que reclamaba al Ministerio de Cultura de UCD la salida de los llamados “papeles de Salamanca” y su devolución a Cataluña. 

El TC desestima el recurso contra la Ley de "restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica". La resolución considera que el envío a Cataluña de los papeles no vulnera la obligación que la Constitución impone al Estado central de custodiar documentos de este valor histórico, como defendía la Junta.

Los conocidos como "papeles de Salamanca" son un conjunto de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat republicana y a otras instituciones catalanas, que fueron depositados en Salamanca y que regresaron a Cataluña en 2006, después de 25 años de reclamaciones y posturas encontradas.

La Junta de Castilla y León recurrió contra la medida en un escrito que denunciaba el "expolio" que suponía dividir el archivo, enviando una parte central del mismo a Cataluña, y privarlo de su sentido global de memoria sobre toda la represión posterior a la Guerra Civil. Por ello, la medida vulneró la obligación constitucional del Estado de proteger estos bienes públicos, decía el recurso.

La Junta recordaba cómo en 1979 los documentos incautados "por los organismos represores" se integraron en el Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca, "beneficiándose de la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a éste y a los demás archivos estatales". Pasaron luego a integrar el Archivo General de la Guerra Civil Española, todo ello siguiendo la voluntad del ejecutivo estatal, un proceso culminado en 1999.

 Años después, la ley impugnada "pone en peligro de pérdida o destrucción los valores vinculados a los fondos documentales que se conservan en un archivo de titularidad estatal perturbando gravemente el cumplimiento de su función social, lo que constituye un supuesto típico de expoliación", dice el recurso. La ley recurrida, "en la medida que desvirtúa y mutila el Archivo General de la Guerra Civil Española", creado para conservar y custodiar "todo el acervo documental concerniente a la represión política", es contraria al texto fundamental que debería "garantizar la integridad del Archivo y su permanencia como tal en manos del Estado", añadía el recurso.

El pleno del TC ha respondido, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, que la devolución de los papeles de Salamanca a la Generalitat "no es arbitraria" ni irracional, al margen de que se pueda o no estar de acuerdo con ella. "La adopción, por parte del legislador democráticamente elegido, de la decisión de contribuir a dar satisfacción a instituciones o ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil no puede constituir, en ningún caso, una decisión arbitraria o irracional", dice la sentencia.

"La protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar lo que en su día les fue incautado, que se promueve con la restitución legalmente prevista, constituye un interés constitucionalmente legítimo", añade. "No puede tacharse de arbitraria una norma que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada", dice también la sentencia. Y añade que "entrar en un enjuiciamiento de cuál sería la medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aun cuando pueda ser discutible", no es inconstitucional.

 
Un conflicto de 34 años de duración

En el origen del conflicto se encuentra la creación, en 1979, dentro del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca, de una sección sobre la Guerra Civil en la que se incluyen parte de los fondos incautados por las tropas de Franco en Cataluña. En 1983, el Ministerio de Cultura y la Generalitat llegan a un acuerdo para microfilmar los documentos, en total 507 legajos, con el fin de que el Arxiu Históric Nacional de Catalunya reciba las copias de todo el material y los originales permanezcan en Salamanca.

Pero en 1992 la Generalitat denuncia que sólo ha recibido microfilms de la mitad de los legajos, y el 17 de marzo de 1995 el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra socialista Carmen Alborch, acuerda devolver a Cataluña los archivos de la Generalitat confiscados por las tropas franquistas. Una comisión de expertos recomienda, a finales de 1996, la creación de un Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y que aquella documentación que no sea de la Guerra Civil se devuelva a Cataluña en forma de depósito y sin que el Estado pierda la titularidad.

En marzo de 1999 el Gobierno crea el Archivo General de la Guerra Civil Española, tomando como núcleo documental el existente en la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, y un año después los gobiernos central y catalán crean una comisión técnica para analizar el futuro de los "papeles". En junio de 2002 la comisión finaliza sus trabajos sin acuerdo y con dos dictámenes separados.

El primero de ellos, emitido por los dos historiadores nombrados por el Patronato de la Junta de Archivos, aboga por mantener los documentos en el Archivo de la Guerra Civil deSalamanca; mientras que el de los historiadores nombrados por la Generalitat, propone depositar en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña todos los documentos anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad.

El 22 de julio de 2002 el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, presidido por la ministra Pilar del Castillo, rechaza el traslado de documentos a Cataluña alegando la necesidad de preservar la unidad del archivo. Dos años después, el Parlamento de Castilla y León reforma dos leyes para impedir la salida de documentos del Archivo de Salamanca y casi simultáneamente el Comité de Expertos emite su dictamen en el que recomienda devolver a Cataluña los documentos, recomendación asumida por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien anuncia que los documentos se devolverán a la Generalitat.

En marzo de 2005 el Gobierno central interpone recursos de inconstitucionalidad contra las dos leyes aprobadas por el Parlamento de Castilla y León para blindar el Archivo de Salamanca y a mediados de abril el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos, así como la creación en Salamanca del Centro Documental de la Memoria Histórica. Esto ocasiona que en junio de 2005 decenas de miles de personas se manifiesten en Salamanca contra el traslado de los "papeles" y, también en junio, la Audiencia Nacional desestima la inmovilización cautelar de los fondos documentales del Archivo de Salamanca.
 
A mediados de septiembre el Pleno del Congreso aprueba, con el voto favorable de todos los partidos, salvo el PP, el proyecto de Ley de restitución de los "papeles" y el 3 de noviembre del mismo año la Ley recibe su aprobación definitiva en el Pleno del Senado, que rechaza el veto presentado por el PP y las enmiendas de este partido, PNV e IU. El 18 de noviembre de 2005 entra en vigor la Ley que establece un plazo de tres meses para la devolución de los documentos y de un año para la creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca.

Un mes después, el 12 de diciembre de 2005, la Junta de Castilla y León presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley aunque el proceso sigue su curso y el 18 de enero de 2006 la Comisión Mixta Estado-Generalitat, constituida para seleccionar los papeles susceptibles de devolución, identifica 500 cajas de documentos para su traslado. Al día siguiente los polémicos "papeles" son trasladados a Madrid para ser revisados y posteriormente enviados a Barcelona.

El 20 de enero de 2006 la Audiencia Nacional admite un recurso del Ayuntamiento de Salamanca y suspende cautelarmente el envío a Cataluña de los documentos, a la vez que se hace pública la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León.

El 26 de enero de 2006 la Audiencia Nacional decide, por unanimidad, levantar la suspensión cautelar del traslado y justo el último día del año los "papeles" llegan al Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Valles (Barcelona). En febrero de 2006, el Ayuntamiento de Salamanca y los colectivos firmantes del manifiesto en favor de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil acuerdan que la calle donde se ubica el Archivo pase llamarse de El Expolio. Hay que esperar hasta octubre del mismo año para que el Tribunal Constitucional desestime un recurso de amparo, presentado por el Grupo Popular en el Congreso, en relación con el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña.

En el mes de noviembre la comisión mixta Ministerio de Cultura-Generalitat concluye la identificación, en el Archivo de Salamanca, de unos dos millones de documentos incautados a asociaciones y particulares en Cataluña tras la Guerra Civil y que formarán parte de la segunda fase del retorno de los papeles de Salamanca. En junio de 2007 el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, y en el que se integra el Archivo General de la Guerra Civil Española y, tras el verano, el Parlamento de Cataluña reclama los legajos que faltan por devolver.

El 19 de junio de 2008 se constituye el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, que nombra directora del centro a María José Turrión y un mes después el Ministerio de Cultura y la Generalitat Catalana acuerdan el envío, en ese mismo mes, de las siete cajas de documentos de este Archivo que estaban pendientes de traslado. En septiembre 2008 el Gobierno catalán aprueba un decreto para regular el procedimiento a seguir por personas y entidades que quieran recuperar documentos, fondos documentales y otros efectos confiscados en Cataluña durante la Guerra Civil y que se conservan en el Archivo.
El Tribunal Supremo avala, en diciembre de 2010, el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo y rechaza el recurso del Ayuntamiento salmantino contra esa decisión.

En julio de 2011 el Gobierno Vasco hace entrega al PNV de los documentos incautados al partido en la Guerra Civil, procedentes del Centro Documental de la Memoria Histórica deSalamanca y a finales del mismo mes la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, formaliza en el Archivo Nacional de Cataluña la entrega de una partida de 365 cajas, a falta de que retornen 660 cajas.

El 26 de abril 2012 el Ayuntamiento de Salamanca pide, apoyado por la Junta de Castilla y León, que no salgan más papeles del Centro Documental de la Memoria Histórica "hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la Ley".
#4
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Como madrileño y por lo tanto castellano, me molesta que se nos identifique con el centralismo.
Estoy completamente con que se restituyan documentos robados en su día al pueblo catalán , de la misma forma que exijo que se devuelva los tesoros artísticos que la comunidad de Aragon reclama a la diócesis de Lérida/ Lleida.

un saludo y enorabuena
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#3
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PARECE QUE EL TC no avala este Derecho de Conquista.¿Cuando NO avalará el Derecho de Conquista de FELIPE V sobre Catalunya ?
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#2
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ya está bien de tanto centralismo ,

lo mismo que han hecho en este caso ,deberían hacerlo con los fondos culturales ,sobretodo pictóricos que habiendo bastantes y buenos y estando en sitios lúgubres ,lejos de la intención ded quién los pintó en su día ,

no son distribuídos por los distintos museos provinciales de mala muerte ,lo que contribuiría a darles vidilla a determinadas provincias sin o con poca vida

pero no ,están todos en Madrí ,omo si las_expañas se ciñesen sólo a esa provincia ...

pues no ,LAS_EXPAÑAS somos todos y todos tenemos derecho al patrimonio nacional ....

por eso aplaudo la rebelión catalana ...cuan importante sería para un pequeño museo poder exponer LA GIOCONDA ,obra DESCUBIERTA hace poco y que estaba tirada en un sótano del Prado....

y así tantas y tantas obras......
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#1
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¡Ajo y agua!.
Manolo Fraga, la calle es tuya; eres un solete y te sobraban pelotas para hacerte coleguilla de Carrillo mientras a los fachillas se los llevaban los demonios.
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