La declaración jurada de los altos cargos ante la tesorera del PP carece de valor jurídico

La declaración jurada que María Dolores de Cospedal y los tres vicesecretarios del Partido Popular (Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons) han prestado ya ante la tesorera Carmen Navarro carece de valor jurídico y tampoco se está llevando a cabo ante notario. Según fuentes jurídicas consultadas, no pasa de ser "un gesto de buena voluntad".

La secretaria general del PP explicó ayer que ellos cuatro han sido los primeros altos cargos de la formación que han pasado ya este trámite interno que se puso en marcha la semana pasada tras estallar de nuevo el caso Bárcenas con la publicación de las primera informaciones sobre los supuestos sobresueldos en B pagados durante años a la cúpula del PP. Uno de los vicesecretarios señalados explica a El Confidencial que en esta audiencia con la tesorera se entrega un escrito en el que cada uno de ellos hace una declaración jurada de todo lo que ha cobrado del partido durante los últimos años junto a una relación de los diferentes cargos internos o externos que se ha ostentado durante ese mismo tiempo.

Cospedal explicó ayer que su partido “no tiene miedo a la transparencia y a la claridad” y, por ello, todos los altos cargos del PP que han tenido puestos de relevancia en Génova 13, la sede del partido, pasarán por este mismo trámite, que Carmen Navarro está llevando a cabo a la vez que audita internamente todas las cuentas de la formación.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial coinciden en señalar que esta declaración jurada frente a la tesorera no dejar de ser una mera declaración de buena voluntad. “Solo cuando existe una norma que establece que para determinada situación hay que hacer una declaración jurada, el hecho de que se mienta en ella podría suponer un delito de falsedad documental -explica el catedrático de Derecho Penal, Fernando Santa Cecilia-. Si hubiera habido un notario tampoco tendría mayor valor jurídico”.

Cospedal podría aportar más datos sobre esta investigación interna tras el Comité Ejecutivo convocado de urgencia por Mariano Rajoy para el próximo sábado. El propio presidente del Gobierno, que, según los papeles de Bárcenas publicados ayer por El País, recibió entregas anules de 25.200 euros, también tendrá que comparecer ante Navarro. Los resultados de la auditoría interna serán, a su vez, examinados por otra externa realizada por una de las grandes compañías del sector, tal y como ha pedido el propio Rajoy. Un compromiso, el de la auditoría externa anual, que figura en el Código de Buenas Prácticas del PP desde el año 2009 y que, sin embargo, se ha incumplido de forma sistemática hasta la fecha.

Dicho Código recoge también la figura del “Auditor de Prácticas Internas” que, en la práctica, ejerce también Carmen Navarro, quien ostentó cargos públicos en el Insalud a las órdenes de Alberto Núñez Feijóo y de Romay Beccaría, quien la recomendó como tesorera a Rajoy tras su marcha al Consejo de Estado, y, después, ya en el ministerio, con Celia Villalobos.

El pasado 25 de enero, Rajoy aseguró haber dado “carta blanca” a la tesorera del PP para que analice todo lo que haya en las cuentas del partido, y emplazó cualquier declaración al respecto al resultado del trabajo que le ha encargado. El próximo sábado, sin embargo, podría dar más claves si comparece ante los periodistas tras el cónclave de urgencia.