SASTRE DEBERÁ JUZGAR AHORA LAS DEMANDAS SOBRE PREFERENTES

Fainé presionó a Gallardón y Mas para colocar al jurista de la Caixa en el Tribunal Supremo

El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, presionó a Alberto Ruiz-Gallardón y a Artur Mas para colocar a uno de sus hombres de confianza, Sebastián Sastre Papiol, como
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Fainé presionó a Gallardón y Mas para colocar al jurista de la Caixa en el Tribunal Supremo
El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, presionó a Alberto Ruiz-Gallardón y a Artur Mas para colocar a uno de sus hombres de confianza, Sebastián Sastre Papiol, como nuevo magistrado del Tribunal Supremo. Sastre, máximo responsable de la Asesoría Jurídica de la entidad financiera catalana hasta el pasado mes de noviembre, deberá a partir de ahora fijar doctrina sobre los escándalos de las preferentes, los swaps o los suelos hipotecarios, que han desatado una avalancha de demandas judiciales contra los bancos y cajas que comercializaron esos productos, La Caixa entre ellas.

Sastre, mano derecha de Fainé y abogado de profesión, fue designado el pasado 29 de noviembre magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el pasado martes tomó posesión de su cargo. La propuesta la hizo el vocal de CiU en el órgano de gobierno de los jueces, Ramón Camps, pero la decisión se había cocinado mucho antes, según han relatado a El Confidencial fuentes muy cercanas al CGPJ y al alto tribunal. El letrado barcelonés ocupa ahora la vacante en el turno de "juristas de reconocida competencia" dejada por la también catalana Encarnación Roca.

Según esas fuentes, el propio presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, no veía con buenos ojos la incorporación de un mercantilista como Sastre. De los 11 magistrados -incluido el suplente- que integran la Sala Primera del alto tribunal, cinco son especialistas en Derecho Mercantil, pese a que apenas el 20% de los casos enjuiciados se refieren a esa materia. Pero Sastre contaba con influyentes avalistas: su antiguo jefe en la Caixa; el ministro de Justicia; el presidente de la Generalitat y el sector del CGPJ más cercano a Ruiz-Gallardón, encabezado por su vicepresidente, Fernando de Rosa.

Poderosas razones

Fainé tenía poderosas razones para colocar a Sastre en el Tribunal Supremo. Por un lado, situar en el alto tribunal a quien había sido uno de sus colaboradores más fieles desde 2007, cuando Fainé desembarcó en la presidencia de La Caixa -Sastre entró en 1985- en sustitución de Ricardo Fornesa. Y, sobre todo, porque Fainé es el presidente de la CECA, la confederación de las cajas de ahorro, y la Sala a la que se ha incorporado Sastre habrá de resolver numerosos casos en los que están envueltas estas entidades financieras. En especial, las acusaciones de estafa por la venta de las preferentes, un asunto que afecta especialmente a NovaGalicia y a Bankia, y que llegará sin duda al Tribunal Supremo por las demandas de particulares.

El presidente de La Caixa movió sus fichas, primero con Mas y más tarde con Ruiz-Gallardón. "CiU tiene mucho que agradecer a La Caixa, y Fainé se cobró el favor", aseguran las fuentes consultadas, que añaden que el primer directivo de la entidad financiera y el presidente de la Generalitat mantienen un contacto "muy fluido" y hablan "prácticamente todas las semanas". Fainé se puso más tarde en contacto con el ministro de Justicia, cuyas relaciones son calificadas de "excelentes" por las fuentes consultadas, para recomendar la candidatura de Sastre.

Precisamente el pasado 11 de abril, siete meses antes de su ascenso al Tribunal Supremo, Sastre recibió de manos del ministro de Justicia la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Al acto, celebrado en Barcelona, asistió también el director general de La Caixa, Juan María Nin, y el propio Fainé. Este destacó que la concesión de esa distinción al entonces jefe de la Asesoría Jurídica de la entidad suponía un "reconocimiento a la gran vocación por el Derecho de esta persona".

Un portavoz oficial de La Caixa dijo ayer a El Confidencial que Fainé "tiene buenas relaciones con muchos ministros, no sólo con Ruiz-Gallardón", y aseguró que la elección de Sastre "obedece únicamente a sus méritos profesionales y académicos". El Ministerio de Justicia, sin embargo, no ha respondido a las llamadas de este diario para conocer su versión de los hechos.

Posibles condenas

La Caixa también tendrá que lidiar con las posibles demandas de los titulares de preferentes del Banco de Valencia, que, como en todas las entidades rescatadas con dinero europeo, sufrirán una quita de entre el 30% y el 70% de su inversión como parte de la recapitalización de la entidad. La caja catalana tendrá que hacerse responsable de las posibles condenas en su calidad de nueva propietaria del banco levantino -adquirido por un euro el pasado 27 de noviembre, dos días antes de la elección de Sastre-, que tenía 450 millones de euros en estos títulos.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró el pasado cuatro de diciembre en el Congreso de los Diputados que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que alguna entidad bancaria ha podido cometer un delito de estafa con la emisión de preferentes. Torres-Dulce se negó a revelar el nombre de la entidad "por razones de reserva", pero diversas fuentes financieras consultadas por El Confidencial sostienen que el fiscal general podría referirse al Banco de Valencia. Anticorrupción también está investigando la gestión de Bankia, Caja Castilla-La Mancha, CAM, Caixa Nova, Caixa Penedés y Catalunya Caixa.

Otros casos relacionados con las cajas de ahorro que tendrá que resolver la Sala del Supremo a la que se ha incorporado Sastre son los llamados swaps hipotecarios, unos contratos que vendieron las entidades a los hipotecados para cubrirles contra posibles subidas de los tipos de interés... pero que les hacían perder dinero si estos bajaban. Asimismo, es probable que lleguen también al alto tribunal las cláusulas-suelo, que impiden que la letra de la hipoteca baje de un determinado nivel aunque caiga el euríbor. En todos estos casos, el interés del sector es máximo para que el Tribunal Supremo no dicte doctrina en contra de la banca.
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