El Gobierno afrontará la reforma municipal sin el PSOE, después de negociar tres meses

El Gobierno mantiene su propósito de aprobar este mes la reforma de la administración local pese a que el PSOE ha decidido desmarcarse del proyecto después de tres meses de negociaciones con el propio Ejecutivo y con el Partido Popular. Después de la reunión de la Intermunicipal del PP del próximo fin de semana, que será clausurada por Mariano Rajoy y servirá para cerrar el acuerdo interno con los alcaldes y presidentes de Diputación del PP, el Consejo de Ministros del próximo día 25 aprobará el primer gran cambio en la estructura de funcionamiento del Estado de la legislatura.

Después de que los alcaldes populares frenaran el pasado verano el primer proyecto de reforma de la administración local que había elaborado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rajoy prefirió retrasarlo y buscar el acuerdo con la Federación Española de Municipios y también con el principal partido de la oposición. El Gobierno cambió el borrador original, que incluía la ‘expropiación’ de competencias y servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión de un tercio de los cargos de alcaldes y concejales, con el fin de lograr un pacto con los socialistas.

Después de largas negociaciones, con un nuevo borrador entregado al PSOE antes de Navidad, hasta la semana pasada en fuentes del PP consideraban muy probable el acuerdo y esperaban a que después del Comité Federal de los socialistas se pudiera suscribir el primer acuerdo de Estado de la legislatura. Frente a esas previsiones, el principal representante del partido de la oposición en esas conversaciones, Gaspar Zarrías, ha descalificado el último borrador del proyecto en todo su contenido en unos términos muy duros que definen el plan de reforma del Gobierno como un nuevo objetivo para hacer oposición.

Zarrías, después de reunirse con responsables socialistas de política municipal, calificó la propuesta gubernamental de “atentado contra la autonomía local”, “retroceso democrático”,  y “vuelta de tuerca en el desmantelamiento de los servicios que reciben los ciudadanos para entregarlos al sector privado”. Los socialistas se oponen a los principales puntos de una reforma que el Gobierno considera urgente para aclarar competencias entre administraciones y ahorrar caudales públicos (3.500 millones de euros) por la vía de agrupar la prestación de servicios municipales y reducir empresas públicas y organismos paralelos de los Ayuntamientos y mancomunidades.

El rechazo frontal expresado por Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía durante años, ha dado la razón a los dirigentes del PP, que advirtieron desde el principio que el PSOE no apoyaría un proyecto que inevitablemente iba a limitar los ‘puestos de trabajo’, los ingresos y las competencias de miles de cargos socialistas en el ámbito local, el único donde el principal partido de la oposición mantiene importantes cuotas de poder, sobre todo en Andalucía.

En el Gobierno eran más optimistas y consideraban que, al final, a Rubalcaba le iba a interesar el pacto para ofrecer otra cara distinta, la de ‘hombre de Estado’ dispuesto a colaborar en un proyecto de calado. El Ejecutivo, que también ha tenido que contentar a sus propios dirigentes locales, se queda ahora sólo para acometer una reforma difícil que sentará mal a casi todos los alcaldes.

Como adelantó El Confidencial, el último borrador del proyecto elaborado por Hacienda y Administraciones Públicas incluye una auditoría previa de los servicios que prestan todos los Ayuntamientos y las corporaciones. Los que lo hagan con un coste exagerado, no sean transparentes en sus cuentas o incumplan el principio constitucional de la estabilidad presupuestaria tendrán que ceder esas funciones a la instancia local superior: Diputación o Cabildo. También desaparecerán o reducirán los Consejos de Administración de las empresas municipales, el número de asesores y personal de confianza de los alcaldes. Además, los interventores municipales volverán a rendir cuentas ante la Intervención General del Estado (Hacienda).

El PSOE se opone a todos los cambios, sostiene que no servirán para ahorrar dinero, insiste en que es otro ataque al ‘Estado del bienestar’ y rechaza cualquier modificación que suponga pérdida de autonomía para los alcaldes.