Aguirre abandona a Soria por dinero, pero sigue controlando al PP de Madrid

Esperanza Aguirre ha cumplido con una práctica cada vez más común entre la clase política: expresidentes, exministros o ex altos cargos fichados por grandes empresas privadas cuando dejan de ser representantes populares. Desde que el 17 de septiembre anunciase repentinamente que dimitía y cediera la presidencia de la Comunidad de Madrid a su delfín, Ignacio González, la baronesa popular madrileña ya ha abandonado su puesto de funcionaria en Turespaña tras aceptar la oferta económica que le ha puesto sobre la mesa la firma ‘cazatalentos’ Seeliger & Conde. Un puesto, presidir el Consejo Asesor de una empresa dedicada a buscar talento, que desde el PP consideran “compatible” como presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

El mismo día en el que Esperanza Aguirre anunció su dimisión, el ministro José Manuel Soria la telefoneó para poner a su entera disposición la vacante que, como funcionaria del Estado, le corresponde en Turespaña, el Instituto de Turismo del Estado. El 8 de octubre se reestrenó con la esposa de Pujalte como jefa y la hija de Zaplana como compañera. Su puesto y sus funciones, sin embargo, nunca fueron las de una funcionaria cualquiera dedicada a labores burocráticas al uso. Aguirre llegó para asesorar a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. Su despacho, sin embargo, lo ubicaron en el Paseo de la Castellana, en la misma sede del Ministerio, a muy pocos metros del que ocupa el ministro Soria. 

En el Ministerio de Industria guardan celosamente el nuevo acuerdo laboral que cerró con la funcionaria, que ahora ha vuelto a pedir una excedencia para probar suerte en la empresa privada. Su remuneración mensual dependía de los distintos complementos que percibía. Lo que sí acumuló en estos 29 años de carrera política son los trienios por antigüedad. Sin embargo, nadie en Turespaña ni en el ministerio ha querido desvelar a este diario cuáles eran las funciones específicas que ha desempeñado durante este trimestre.

La puerta giratoria entre la gestión pública y la empresa privada no entiende de colores políticos. Uno de los casos más llamativos de la integración en la empresa privada de algunos miembros de un Gobierno, en su momento con grandes responsabilidades, es el de Rodrigo Rato, ahora imputado por el caso Bankia y fichado este mismo mes por Telefónica. El que fuera vicepresidente y ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar, cuando se privatizó Telefónica, fichó como asesor internacional del Banco Santander a principios de 2008 con un salario de 200.000 euros anuales. Rato compartía el Consejo de Administración de la entidad financiera con Abel Matutes, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores con Aznar y eurodiputado, e Isabel Tocino, la popular que se encargó de Medio Ambiente.

Los expresidentes también sucumben a la empresa privada

De aquel Gobierno de Aznar, Rato no fue el único que pasó por el torno. Otro compañero de partido, Eduardo Zaplana, abandonó su escaño de diputado y pasó de cobrar unos 60.000 euros anuales de las arcas públicas a alcanzar el medio millón como delegado de Telefónica. Junto con Rato, Ángel Acebes también entró en Bankia, y cuando se descubrió el agujero de la entidad, lo fichó Iberdrola, donde solo en el primer semestre de 2012 se ha embolsado 145.000 euros.

El marido de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, podría vivir con lo que cobra como conferenciante. Sin embargo, solo por asesorar a Endesa ya gana 200.000 euros al año. Pero este puesto no va a ser la única ocupación de un José María Aznar que ha decidido pluriemplearse, pese a que su esposa, heredera de Alberto Ruiz-Gallardón, es la alcaldesa mejor remunerada de España. Aznar, además, también trabaja como asesor de la minera canadiense Barrick Gold y pertenece al Consejo de Administración de News Corporation, el grupo de comunicación de Ruper Murdoch.

Otro expresidente, el socialista Felipe González, también ha sucumbido a la erótica del poder de la empresa privada, y se puso al servicio de una energética. Por un sueldo de hasta 125.000 euros anuales asesora a Gas Natural. Los exministros de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco han podido evitar dar el salto. Pedro Solbes es consejero de la eléctrica italiana Enel y de Barclays, y Elena Salgado asesora a la corporación Abertis y a Endesa.

Hay quien llega a renunciar por la polvareda que levantan sus fichajes, como Ignacio López del Hierro, el flamante esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renunció en marzo a entrar en el consejo de Administración de Red Eléctrica Española (REE) para no manchar el nombre de su esposa, la presidenta de Castilla-La Mancha.