HOMS CULPA A “ALGÚN PARTIDO POLÍTICO CON MALA INTENCIÓN”

Enfado monumental en CiU por la filtración de la declaración de independencia

La filtración del texto soberanista consensuado entre Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que sea aprobado por el Parlamento catalán el
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Enfado monumental en CiU por la filtración de la declaración de independencia
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    La filtración del texto soberanista consensuado entre Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que sea aprobado por el Parlamento catalán el próximo 23 de enero ha provocado un profundo malestar entre las filas nacionalistas. El propio portavoz del Gobierno catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, afirmó ayer que dicha filtración fue distribuida por “algún partido político con mala intención”.

    Las consecuencias de ello, según el portavoz gubernamental, son que se dificulta la negociación con el resto de formaciones. Los dos socios de Gobierno habían enviado una copia de su texto a PSC, ICV y la CUP. Para la oposición, lo que ocurre es que, de esta manera, “la opinión pública conoce desde el primer momento las maniobras partidistas y políticas en torno a este asunto, que ha sido pasteleado a dos manos entre CiU y ERC y, luego, se presenta a los demás partidos como un hecho consumado. El referéndum ha sido secuestrado por esos dos partidos. La verdad es que nos deja poco margen de maniobra y, aunque nos han asegurado que están abiertos a modificaciones, no confiamos nada en que se avengan a cambios”.

    La declaración que pretenden que apruebe el Parlamento catalán da por hecho que los catalanes decidirán que quieren ser un Estado independiente de España y, por tanto, ponen las primeras piedras de lo que ha de ser ese Estado, al margen de las instituciones españolas. Este es uno de los puntos que socialistas y ecosocialistas rechazan de pleno, ya que consideran que una cosa es el derecho a decidir y otra un referéndum netamente independentista, dos cuestiones que tanto CiU como ERC mezclan interesadamente. “Hacer una consulta para un nuevo Estado no tiene nada que ver con el derecho a decidir; está fuera de lugar”, añaden las fuentes de la oposición consultadas por este diario.

    Convergentes y republicanos, por otra parte, están obligados a pactar con otras fuerzas si no quieren que la iniciativa quede deslegitimada y aprobada sólo por una exigua mayoría parlamentaria, puesto que PP y Ciutadans votarán en contra, mientras que PSC e ICV se pueden abstener. Ello supondría que sólo 74 diputados apoyarían la declaración (y ello si finalmente la CUP da también su voto afirmativo), de un total de 135 escaños.

    El portavoz parlamentario del grupo de CiU, Jordi Turull, admitió ayer a Catalunya Ràdio, la emisora pública de la Generalitat, que la formación nacionalista intentará que los socialistas se sumen al acuerdo “porque han defendido el derecho a decidir”, al tiempo que reclama que a partir de ahora “hagan de PSC más que de PSOE en Cataluña”.

    La contrapropuesta de ICV

    ICV, por su parte, presentó ayer su contrapropuesta de declaración, sustancialmente diferente a la que pretenden sacar adelante ERC y CiU. “El Parlamento de Cataluña, de acuerdo con la voluntad expresada democráticamente, declara de forma solemne que el pueblo catalán, en tanto que sujeto político y jurídico, dispone de la soberanía democrática necesaria para hacer efectivo el derecho a decidir, como plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, para poder escoger su futuro político con libertad y sin límites”, dice el punto primero.

    El proceso de la consulta se ha de basar, según el texto que presentó la portavoz ecosocialista en el Parlamento, Dolors Camats, en varios puntos: legitimidad democrática, diálogo, pluralidad, transparencia, legalidad, europeísmo, cohesión social, calidad democrática, con un papel central del Parlamento autonómico y como un acuerdo nacional. Tal y como este diario avanzó el pasado sábado, ICV propone la creación “de una comisión sobre el derecho a la autodeterminación como espacio de búsqueda del consenso político, tanto en relación con el proceso en Cataluña y con las iniciativas legislativas que el Parlamento adoptará como para establecer el marco de negociación con el Gobierno del Estado”. “En el Parlamento es donde hay las fuerzas que están a favor de este proceso, pero también las que están en contra y que legítimamente han de poder decir la suya”, subrayó Camats.

    Los ecosocialistas no están en contra de que se forme un Consejo Asesor para la Transición Nacional, como ya anunció el presidente catalán, Artur Mas. “Está bien que lo tenga si quiere, pero el impulso ha de hacerse desde el Parlamento”, añadió la portavoz de ICV. Ese Consejo, además, “no puede sustituir lo que ha de representar el papel del Parlamento y de las fuerzas sociales y asociativas”. Por ello, en el texto presentado ayer se pide también la firma de un “Acuerdo Nacional por el derecho a decidir, con participación del Gobierno, de las fuerzas políticas, los agentes sociales y las entidades y organismos más representativos de la sociedad catalana, que constituirán un organismo de impulso y seguimiento del proceso”.

    ICV, no obstante, no habla en ningún momento de Estado propio ni de creación de las “estructuras” de Estado prometidas por Artur Mas. En todo caso, el inicio de un proceso de secesión se iniciará después de conocer el resultado del referéndum. Los socialistas, por su parte, exigen también que la consulta se celebre dentro de los marcos legales y con un amplio pacto social y político.

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