Cuenta atrás para Urdangarín: el martes se fija la fianza por el caso Nóos

A Iñaki Urdangarin se le acaba el tiempo. El lunes termina el plazo para que él y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, presenten las alegaciones a la fianza que impondrá el juez José Castro por el supuesto desvío al Instituto Nóos de unos 6,1 millones de las administraciones balear y valenciana entre 2004 y 2007. El montante a pagar superará los 8 millones de euros y será fijado  el martes, coincidiendo con cumpleaños del duque de Palma. La cantidad solicitada ha provocado el enfrentamiento entre ambos socios y ha forzado al marido de la Infanta Cristina a poner en venta su palacete en Barcelona.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al duque de Palma y a su exsocio "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.  Los tres mayores pelotazos del duque de Palma y Torres en esas comunidades autónomas -el Valencia Summit, el Illes Balears Fórum y los nunca celebrados Juegos Europeos de Valencia- reportaron a las arcas del Instituto Nóos unos ingresos de más de seis millones de euros.

El fiscal sostiene que ambos deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos percibidos por el Instituto Nóos", más un 30% en aplicación del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que compensa los intereses por el dinero defraudado. De ahí salen los 8,2 millones que solicitan.

Urdangarin y Torres deberán responder de forma solidaria al pago de esa fianza, por lo que cada uno tendrá que abonar más de cuatro millones. Para afrontarlo, el marido de la infanta a pedido dinero al Rey Juan Carlos a través de su esposa y, tras la negativa de éste, puesto en venta el palacete de Pedralbes por siete millones de euros.

Por su parte, Torres ha intentado sin éxito que su exsocio pague en solitario los más de 8 millones y ante la negativa de éste ha reaccionado airadamente y ha hecho públicos los correos en los que se relaciona a la amiga del Rey, Corina Sayn-Wittgenstein, con el Instituto Nóos. Es su venganza y aunque los mails no tendrán transcendencia desde el punto de vista penal, son un nuevo golpe a la imagen de la Casa Real. 

Además, es un movimiento estratégico para presionar tanto a Urdangarin como al Rey en un intento desesperado para evitar la cárcel. Fuentes cercanas a la investigación del caso Urdangarín consultadas por El Confidencial sostienen que el propósito de Torres al entregar esos correos al juez José Castro resulta evidente: presionar al Rey y al propio duque de Palma haciéndoles ver que dispone de información comprometedora para la Corona. 

Torres está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para salvarse, según estas fuentes. El exsocio de Urdangarin ya puso en práctica una estrategia similar en abril del pasado año, cuando remitió al juez Castro tres corres electrónicos en los que implicaba al Rey en los negocios de su yerno. Esos mensajes revelaban que el propio monarca y la infanta Cristina hicieron gestiones para ayudar a Urdangarín a seguir recaudando fondos tras su supuesta marcha de Nóos. 

Daños a Baleares

El juez también tomará la próxima semana una decisión sobre la fianza reclamada por Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) para Urdangarin y Torres, que asciende a 3,5 millones por los posibles daños pecuniarios ocasionados a la comunidad.

En un principio, el juez Castro había dado veinte días a los abogados de Urdangarin y Torres para que pudieran presentar alegaciones, pero a finales de noviembre aceptó la petición de las defensas de que se prolongase el plazo y fijó el 14 de enero como límite. En concreto, el plazo para presentar los escritos finaliza a las 15 horas del día 15.

En caso de que la fianza de 8,2 millones no fuera considerada oportuna por el juez, tanto la Fiscalía como Manos Limpias reclamaron otra fianza de forma subsidiaria, de 5.905.079,29 euros. Esta segunda cantidad corresponde únicamente a los fondos públicos que consideran que fueron objeto de apropiación.

Urdangarín y Torres serán procesados por malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal. Pero la celebración del juicio oral aún se retrasará algunos meses.