El hijo de Díaz Ferrán se salva de ser imputado pese a sus dudosos pactos con De Cabo

El hijo del empresario Gerardo Díaz Ferrán va a correr mejor suerte que su progenitor y se va a salvar de ser imputado en la operación Crucero, que ha llevado al exdueño de Marsans a la cárcel. Fuentes jurídicas explican que hay indicios de un “pacto oculto” entre el hijo del ex de la CEOE, Díaz Santamaría, y el principal encausado, Ángel de Cabo, pero los datos recabados por la Policía no son suficientes para solicitar la imputación.

Unas escrituras remitidas al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por los investigadores recogen unos documentos a través de los cuales queda acreditado que el hijo de Díaz Ferrán avaló con sus bienes a De Cabo, lo que, según estas mismas fuentes, daba más poder a este último, actualmente en prisión bajo una fianza de 50 millones de euros, frente al expropietario de empresas como Viajes Marsans o Spanair.

El contrato se produjo en 2010, justo en la misma época que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, vendían Marsans al especialista de empresas en quiebra a través de su compañía Posibilitumm Business. Díaz Santamaría firmó, según fuentes jurídicas, una hipoteca de máximos en favor de Posibilitumm, en la que entraban varios bienes inmuebles. En la escritura aparecían como avales en el caso de que Teinver -la matriz de Marsans adquirida por De Cabo- no obtuviera la fianza suficiente para recuperar la licencia para vender billetes de avión que les había retirado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Fuentes de la investigación reconocen que se trata de un movimiento, cuando menos, “raro” pero no es suficiente para imputar a Díaz Santamaría. Sus 'tejemanejes' con De Cabo no son tan evidentes como los de los cuatro hijos de Pascual -fallecido el pasado mes de junio-, quienes, por el contrario, sí han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Sus empresas sirvieron supuestamente de intermediarias para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales para evitar el pago a los acreedores.

Desde que se destapó la causa, se ha imputado a catorce personas y el magistrado ha impuesto dos de las fianzas más altas de la historia judicial de España -50 millones de euros para De Cabo y 30 millones para Díaz Ferrán-, además de acusarles de numerosos delitos como alzamiento de bienes, insolvencia punible con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal, concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El juez investiga si el expresidente de la CEOE y su socio utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, cuantificadas en 45 millones por los denunciantes, entre los que se encuentran los mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizona.

En un principio y si no aparecen más indicios, el número de imputados no va a incrementarse. Juez y fiscal pretenden evitar que la causa crezca de tal modo que sea imposible su enjuiciamiento y de ahí que vayan a dejar de lado a los pequeños testaferros de De Cabo, sobre quienes sólo pesan indicios muy flojos y de poco peso. La prioridad en estos momentos, según estas fuentes, es llevar a cabo el proceso con la máxima celeridad posible para evitar que desaparezca todo el dinero escondido en paraísos fiscales.