Economía quiere eliminar el ‘MIR de los abogados’, que arrancó hace solo tres meses

Seis años tardó la Ley de Acceso a la Abogacía en entrar en vigor y apenas unos meses pueden ser suficientes para tumbarla. Al menos, si no hay cambios en el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que maneja el Ministerio de Economía, en el que se establece que “se suprimirá la exigencia de examen de Estado habilitante” en las profesiones de abogado y procurador.

La Ley de Acceso a la Abogacía fue aprobada en el año 2006, pero no fue desarrollada hasta 2011, si bien hubo modificaciones posteriores que entraron en vigor en 2012. La norma establece que los estudiantes que obtengan el título de Grado en Derecho y que pretendan ejercer como abogados deben cumplir tres requisitos adicionales: un máster de formación, un periodo de prácticas y un examen nacional. Se trata por tanto de una titulación extra, de funcionamiento similar al MIR que deben superar los estudiantes de Medicina tras licenciarse.

Universidades, escuelas y centros de estudios de toda España ofrecen ya sus propios másteres. Los más precoces arrancaron el pasado mes de octubre con sus aulas llenas de jóvenes que, acabado su Grado, desean labrarse una carrera en la abogacía. Estos estudiantes serían los más perjudicados de confirmarse la supresión de la exigencia de este título, no solo por el tiempo ‘perdido’, sino porque el coste de los cursos oscila entre los 2.000 y 6.000 euros en universidades públicas y supera los 20.000 euros en algunas privadas.

En su momento, el Consejo General de la Abogacía Española acogió muy favorablemente una reforma que constituía una reivindicación histórica de los profesionales, ya que España era el único país de la Unión Europea que no exigía ningún requisito tras la carrera para ejercer como abogado. En su exposición de motivos, la propia ley incidía en su pertinencia para garantizar la fluidez en la circulación y establecimiento de profesionales en la UE. Su implantación tampoco estuvo libre de polémica, ya que los estudiantes que cursaban el plan antiguo consideraban que debían quedar exentos, algo que consiguieron tras meses de movilizaciones.  

Ahora, pese a la gravedad de la cuestión, el Consejo de la Abogacía prefiere guardar silencio dado que no ha recibido comunicación oficial. No obstante, la batalla para intentar modificar el borrador se prevé larga, ya que no parece que los abogados vayan a aceptar de buen grado que Economía frustre un logro conseguido tras un largo y tortuoso camino.

Una filtración que ha levantado ampollas

El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales incluye disposiciones relativas a muy diversas actividades y su filtración ya ha provocado quejas oficiales de colectivos como arquitectos o farmacéuticos, disconformes con algunas de las reformas previstas. Por su parte, Economía considera que se trata de “una reforma necesaria para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario” y en el que existe “una regulación excesiva y obsoleta”.