El empresario Olivo ficha a la 'estrella' Horacio Oliva para eludir la cárcel

El empresario Tomás Olivo, uno de los acusados en el caso Malaya y condenado a cinco años de prisión por maltratar a su expareja, María Jesús García Domínguez, ha fichado al experto en derecho penal Horacio Oliva para que evite que su destino final sea una celda.

Oliva, que ha defendido a destacadas personalidades del mundo de la política y la empresa, presentará hoy ante la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga un recurso de quinientos folios para que el Tribunal revoque la sentencia que en su día emitió el Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga, que consideró que el dueño de General de Galerías Comerciales, ejerció contra su expareja conductas “de humillación, agresión y control” durante el tiempo de su relación, por lo que solicitó para él cinco años de prisión.

En el recurso que presenta hoy ante la Audiencia de Málaga, los letrados de la defensa de Olivo, Horacio Oliva y el exjuez Antonio Ruiz Villén, solicitan que se revise la condena por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar, los dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar del que se le acusa a su cliente. Los letrados aluden que se ha recurrido la sentencia al considerar que “no ha habido una valoración correcta de la prueba practicada en el juicio ni, por tanto, una aplicación acertada del derecho”.

Según reza la sentencia condenatoria, desde 2003 y hasta principios de 2006 Olivo maltrató a la mujer insultándola, “empujándola, golpeándola, indicándole cómo tenía que vestirse, cuestionando si las marcas que tenía en su cuerpo se debían al contacto con otro hombre, cerrando la puerta de la vivienda con llave, y ordenando a las personas que trabajaban en la casa que permanecieran a su lado”.

Maltrato reiterado

Los maltratos fueron reiterados, según la sentencia. A mediados de 2003, año en el que nació la niña, el empresario, para “reforzar el control que ejercía sobre la mujer, sin consentimiento de ella” ni de la empleada de hogar, “ordenó la instalación en su vivienda de aparatos de captación del sonido y de la imagen que le permitieron tomar conocimiento de las conversaciones telefónicas y de detalles íntimos de la vida privada de ambas”.

En septiembre de 2003, la pareja cesó la convivencia, pero el maltrato continuó. En abril de 2005, con ocasión de la visita del hombre a su hija, “zarandeó” a la víctima, “la arrojó contra un banco de hormigón y le propinó patadas”. En mayo del mismo año, se sentó en el capó que conducía la mujer y le obstaculizó la salida del aparcamiento en el que se encontraba. En junio de 2005 también “agredió de forma reiterada” a la mujer, en presencia de la hija. Estos hechos, señala la sentencia, han afectado notablemente el estado psicológico de la víctima. María Jesús García, exmujer de Olivo, ha renunciado expresamente a cualquier indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos.

La revisión del recurso se llevará a cabo por los mismos titulares de justicia que juzgaron el caso Troya, el proceso sobre corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Se da el caso de que uno de los magistrados de esta sección octava es Pedro Molero Gómez, el juez instructor de los Juzgados de Marbella que tuvo que reconstruir el sumario de la estatua rusa, caso en el que también estaba involucrado el empresario.

Sumario robado 

Este, junto a otros sumarios, fue uno de los que se robaron en su día de las dependencias judiciales de Marbella en la época de Gil. A pesar de la desaparición de la mayor parte del sumario, Molero, con la documentación que tenia, pudo probar que el Ayuntamiento de Marbella llegó a pagar a Tstereteli con 141 millones de pesetas y dos propiedades en la ciudad mediante una operación en la que se emplearon empresas municipales y opacas sociedades privadas.

Finalmente, el 11 de mayo de 2004 “el caso de la estatua rusa” quedó archivado. Nadie sabe cómo, pero la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga dio por zanjado el asunto al no encontrar indicios de delito. Según el sumario, Jesús Gil, alcalde marbellí por aquellos años, utilizó la empresa Emasa, de la que Tomás Olivo era uno de los propietarios, para ocultar el pago de un millón de dólares al escultor ruso Zurab Tsereteli. El PSOE denunció en ese momento que ese dinero había sido desviado por el alcalde de la empresa municipal Jardines 2000 para pagar una deuda contraída por el Consistorio con Emasa. Tanto Emasa como la Sociedad General de Galerías Comerciales, con Tomás Olivo como consejero delegado, aparecen citadas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, que el Tribunal de Cuentas realizó en los años 2000 y 2001.