La Fiscalía acusa de “mordidas” a exdirectivos de Mercasevilla y a un exalto cargo de la Junta

Exdirectivos de Mercasevilla y el que fuera delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, han sido acusados por la Fiscalía de exigir “mordidas”, comisiones ilícitas, a empresarios del restaurante La Raza de Sevilla a cambio de montar una Escuela de Hostelería en la central de abastos. Las “mordidas” se elevaron a 450.000 euros. En estas dádivas están implicados Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira y Antonio Rivas.

Se trata de una "conducta reprobable" pues pidieron "una comisión, mordida o dádiva por hacer algo que estaba dentro de sus funciones" y "para obtener un beneficio ilícito", alegó la Fiscalía en la primera jornada de juicio que se está celebrando en los juzgados de Sevilla. Este proceso judicial fue el germen del que se destapó la manta de la existencia de ayudas sociolaborales fraudulentas, el origen de la trama de los EREs falsos.

José Manuel Carrión, defensor del exgerente del mercado central de Sevilla Fernando Mellet, anunció que su cliente se acogería a su derecho a no declarar "no para escurrir el bulto, sino en defensa de su derecho a la intimidad y a no declararse culpable". Carrión criticó la grabación en la que presuntamente Mellet y su adjunto Daniel Ponce pidieron la comisión ilegal al Grupo La Raza.

La grabación se puso como condición para adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y se hizo "en su propio despacho profesional, de manera subrepticia", con una grabadora oculta y sin garantía judicial, argumentó el abogado. La Fiscalía y las acusaciones precisaron que todos los tribunales que han examinado el caso confirmaron que los procesados eran funcionarios. También la legalidad de la grabación en que se recoge que su petición de dinero a dos empresarios.

La Fiscalía solicita 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa. Mellet y Ponce exigen la anulación de la grabación en la que los empresarios de La Raza recogieron, el 27 de enero de 2009, la solicitud de soborno. Los representantes legales del PSOE plantean que los acusados no eran funcionarios, rechaza el cohecho y que no debe haber juicio con un jurado popular.

El Confidencial publicó en septiembre de 2009 las grabaciones que destaparon la trama de Mercasevilla. Los empresarios del restaurante de La Raza pidieron dinero (450.000 euros) a cambio de las gestiones para obtener una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por un valor de 900.000 euros. La Junta argumenta que fueron ellos quienes facilitaron la información al fiscal, pero no lo enviaron a la juez Mercedes Alaya.