Los jueces conservadores declaran la guerra a Ruíz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha provocado con el anuncio de sus reformas un malestar palpable en la carrera judicial, pero sobre todo entre los jueces conservadores, que lejos de lo que ha ocurrido, esperaban un guiño de este Gobierno. El nombramiento del progresista Gonzalo Moliner como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha sido la gota que ha colmado el vaso para hacer estallar a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La carrera judicial tiene la sensación que Ruiz Gallardón quiere politizar la Justicia y dejar al órgano de los jueces lo más debilitado posible y sin capacidad de decisión para quedar en manos del poder político. A esto se añade que algunos de los vocales del CGPJ que apoyan al ministro optaron por votar a Gonzalo Moliner, un juez progresista, dejando de lado al otro candidato conservador, José Ramón Ferrándiz. El entorno de Gallardón ha preferido que presida el órgano de los jueces un magistrado progresista pero más tendente al diálogo y la conciliación que otro conservador pero gran detractor de la reforma planteada por el ministro, según fuentes del Consejo. Esto no significa que Moliner esté de acuerdo, que no es así, si no que Ferrándiz iba a ser más combativo y molesto.

Esta inclinación ha sentado especialmente mal al núcleo de la APM, que ha visto cómo se le ha ido de las manos su cuota de poder en el órgano de los jueces. Algunos de los vocales apoyaron la opción de Moliner, en contra de su propia asociación. En el caso de Fernando de Rosa, si llegaba a la presidencia un conservador, por obligación el vicepresidente tendría que ser un progresista, y él perdería su cargo.

Alberto Ruiz Gallardón busca que su reforma salga a cualquier precio. Por eso, según fuentes del órgano de los jueces, la intención del ministro es que se quedara De Rosa como presidente interino, un vocal con el que hay una buena conexión, además de dejar una imagen de debilidad sobre el CGPJ, que favorecería las reformas.

La sensación dentro del órgano de los jueces es que el ministro está jugando una partida de ajedrez con la única intención de limitar al máximo sus funciones y controlar el Poder Judicial.

Informe demoledor

A todo esto, se añade un informe que acaba de emitir la APM y que deja a Gallardón al pie de los caballos. “La fullera propuesta ministerial, no sólo admite la posibilidad de que los vocales sigan siendo nombrados como hasta ahora, sino que introduce un batallón de reformas orientadas a disminuir la independencia que tendrá cada juez al conocer de un asunto. Esta intromisión se logrará no sólo seleccionando a los jueces de manera interesada, sino sujetando a los jueces mediante el control político de su futuro profesional”, recoge el texto.

Los jueces conservadores creen que la intención del ministro de reducir el número de vocales del CGPJ no tiene una razón económica sino controladora. Justicia ha planteada que en vez de veinte vocales y el presidente, como hay ahora, que trabajen de manera exclusiva durante cinco años, se reduzca a un presidente que trabaje únicamente para el Consejo y el Tribunal Supremo y una Comisión Permanente formada por cuatro vocales. Éstos no trabajarán de manera exclusiva sino únicamente cuando se le requiera. Y el resto de vocales serán “invitados” a reuniones esporádicas pero sin capacidad de decisión.

Para la APM, el objetivo encubierto es que todas las decisiones del CGPJ queden en manos del Gobierno, dejando sin competencias, por ejemplo, al Pleno, compuesto por todos los vocales. Además, Gallardón pretende que los letrados, jueces elegidos por el CGPJ para la realización de los informes, tengan un cargo vitalicio en vez de ser remplazadas cada cinco años con el cambio de mandato. “Obviamente estos letrados habrán de ser contratados en la legislatura Gallardón y es evidente que están llamados a tomar un efectivo control decisional en su labor diaria de las próximas décadas”, añade el informe.

Los jueces conservadores dan a entender que son precisamente ciertas actuaciones judiciales las que están provocando este intento de control de la Justicia. “Si fuera así es más que probable que todas las fuerzas políticas terminen por ponerse de acuerdo con la reforma Gallardón”, añade. Y concluye: “Si llega a ocurrir, los jueces nos veremos amarrados o amenazados en nuestro trabajo y entonces los ciudadanos no tendremos donde acudir cuando existan abusos políticos o cuando se perjudiquen nuestros derechos individuales o colectivos por parte de la Administración”.

El enfrentamiento entre la APM y el Ministerio de Justicia de un Gobierno del PP es llamativo por inusual. Nunca antes se había visto tal choque de trenes pero lo cierto es que no son los únicos. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales se han puesto en pie de guerra contra un departamento que, piensan, les va a recortar su independencia y autonomía.