La Generalitat se persona en la 'Operación Pitiusa' para saber “qué está ocurriendo”

La Generalitat de Cataluña se ha personado en el sumario de la Operación Pitiusa, que abrió el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona y que investiga el espionaje de una trama de corrupción que implica a casi 200 personas, entre ellas detectives, intermediarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de varias administraciones (Hacienda, catastro, Seguridad Social, administración local...). Esta trama extraía datos confidenciales de ciudadanos y empresas y los vendía para realizar informes. Esos datos podían ser lo mismo declaraciones de renta que antecedentes penales, detalles de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas, vehículos a su nombre, expedientes sanitarios o historiales laborales completos.

Fuentes del Gobierno catalán admitieron a El Confidencial que la personación en el sumario se debe a que la Generalitat “debe estar informada desde el primer momento de todo lo que está ocurriendo”. Además, en caso de que la Administración haya sufrido algún agravio, ese conocimiento le permitirá “tomar las medidas pertinentes o las decisiones correctas. Y si, por el contrario, los trabajadores públicos afectados son inocentes, deberá defenderlos”.

Para la red de espionaje trabajaban varios empleados y exempleados del Inem. Este organismo comparte oficinas con el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y de ahí el interés del Gobierno catalán en controlar el tema: sus instalaciones fueron utilizadas para nutrir la red de información confidencial. En la oficina de Badalona, fueron detenidos cuatro de estos trabajadores: Montserrat Furio, David Vitales, Carmen Huelves y Mercedes Gómez, esta última excuñada del ministro del Interior. El intermediario para quien trabajaban es Francisco García Pérez, un antiguo cargo de la misma oficina de Badalona. En el momento de su detención, a García se le intervinieron 65.445 euros en metálico.

García enviaba los informes que recibía de recibía de los funcionarios (pensaban extraer ilegalmente entre 3.000 y 6.000 expedientes mensuales durante este año) a una red de empresas a cuyo frente se encontraba el matrimonio formado por Anna Xicola y Eduardo Ferrer, que a su vez distribuían ese material entre sus clientes, fuesen detectives o empresas de informes.

Hacienda, un coladero

Desde las oficinas de la Delegación de Hacienda de Barcelona, según un informe policial del pasado mes de marzo, también se extrajeron datos confidenciales de Esentium Grup, el holding propiedad de la tesorera del Barça, Susana Monje. Pero al mismo tiempo, fueron espiadas un montón de empresas. Algunos de los datos conseguidos desde la capital catalana sirvieron para confeccionar informes sobre compañías a las que la competencia quería arrebatar los clientes. Es el caso, por ejemplo, de las empresas Urkunde y Sumcac Catalunya. Por los datos de estas dos compañías se pagaron 3.000 euros más IVA. También consta la extracción de información confidencial de diversos ciudadanos y algunos ejecutivos, como Paulo Alves, alto directivo de la multinacional Unilever a quien su propia empresa espió (incluso interviniéndole el correo electrónico) para despedirle.

Los miembros de la trama tuvieron bajo su lupa a importantes empresarios, ejecutivos e incluso a abogados. Según pudo conocer este diario, el pasado otoño extrajeron datos telefónicos del titular del prestigioso bufete madrileño de Benigno Irías. También se interesaron por datos confidenciales de José María Castresana Hugas, de despacho de asesores fiscales Castresana, de Mallorca. Su expediente fiscal fue extraído ilegalmente desde la Delegación de Hacienda de Barcelona. Además, fue extraído un expediente de Cristina Ferreiro, gestora de patrimonios en Axa Exclusiv. También pueden haber sido espiados de la misma manera una abogada madrileña, varios arquitectos y el máximo ejecutivo de una gran compañía de inversiones residenciales.

Un informe policial detalla que los funcionarios del fisco barceloneses fueron controlados por el detective Ramón Cot, ”cuyo segmento de tarifas de pago va desde los 1.300 a los 1.700 euros” según los datos extraídos, pero que cobra luego “1.600 a 2.200 euros” a sus clientes. La ganancia neta de cada expediente, por tanto, oscila entre los 300 y los 500 euros.