Jueves, 13 de junio de 2013

NO HAY DINERO PARA CUBRIR 1.800 PLAZAS DE FUNCIONARIOS

Interior pretende que empresas privadas asuman la seguridad de cárceles para ahorrar 48 millones

Interior pretende que empresas privadas asuman la seguridad de cárceles para ahorrar 48 millones
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
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El Ministerio del Interior estudia que una parte de la seguridad en el interior de las cárceles corra a cargo de empresas privadas ante la imposibilidad económica de cubrir las 1.800 plazas de funcionarios de prisiones vacantes en este momento. Una cifra enorme si tenemos en cuenta que una prisión tipo (mil internos) necesita en torno a 480 funcionarios. El ahorro en salarios se acercaría a los 48 millones de euros anuales. José Ramón López, presidente de ACAIP, el sindicato mayoritario de prisiones, calificó ayer de disparate la iniciativa y anunció medidas de presión para evitar los planes del departamento.

Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad, reconoció el pasado 28 de junio en la comisión de Interior del Congreso que el departamento no tiene funcionarios de prisiones para proveer los nuevos centros penitenciarios y que es necesario que "poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias (...) y buscar alternativas" que, dijo, pasan por la seguridad privada. El número 2 de Interior afirmó que "un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado" podría asumir algunas de las tareas de seguridad en el interior de las prisiones y liberar funcionarios para reubicarlos en otros establecimientos penitenciario, sin que por ello se pueda acusar al departamento de estar privatizando las cárceles. Las tareas asignadas a los vigilantes privados de seguridad serían todas aquellas en las que no hay contacto directo con la población reclusa, como el control de las cámaras de seguridad.

Ulloa cifró en 67.000 reclusos la actual población penitenciaria y en 80.000 el número total plazas en las cárceles. Datos que rebate el presidente de ACAIP, que asegura que a fecha 22 de junio el número de internos ascendía a 60.631 (siete mil menos, la capacidad de siete prisiones como la de Soto del Real) y reduce prácticamente a la mitad el número de plazas, concretamente 41.192 funcionales, las que forman parte de los módulos de vida ordinaria (de ellos se excluyen las correspondientes a los departamentos de ingresos, enfermería y aislamiento). "Si el secretario de Estado utiliza estos datos, no entendemos cuál es la necesidad de abrir nuevos centros, si ya tenemos plazas más que de sobra", señala José Ramón López. 

ACAIP calcula que de llevarse a cabo el plan Interior se ahorraría 48 millones de euros anuales en salarios (26.000 euros brutos de un funcionario recién incorporado por los 1.800 puestos que no se cubrirían), aunque duda que la contratación de seguridad privada rebajase sustancialmente el coste. "Es cierto que la situación económica es la que es, pero la contratación de seguridad privada ni es gratis ni es barata teniendo en cuenta los importantes márgenes de beneficio del que disponen las empresas que se dedican a esta actividad -señala José Ramón López-. No nos equivoquemos, las empresas están para ganar dinero, no para prestar un servicio público de calidad, y los estándares de formación, conocimientos y experiencia del personal distan mucho de lo deseable". Las cinco últimas prisiones inauguradas (Murcia II, Las Palmas II, Menorca, Zaballa y Pamplona I) están funcionando con solo el 50 ó 60% de los funcionarios que serían necesarios por su tamaño, según datos sindicales. Un problema que también tienen los Centros de Inserción Social (CIS) para los reclusos en tercer grado penitenciario.

Los funcionarios de prisiones defienden que su sustitución por vigilantes privados va contra la Ley Orgánica General Penitenciaria, que les asigna en exclusiva la vigilancia interior de los centros, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les confiere la condición de Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones. ACAIP entregó ayer en Interior un documento en el que rebaten el plan presentado por Ulloa en el Congreso y reclaman la convocatoria de la Mesa de Seguridad (se creó a raíz del secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara por ETA para tratar exclusivamente asuntos de seguridad). Como alternativa, el sindicato propone que se recurra a funcionarios interinos, tal como prevé un real decreto aprobado el año pasado que autoriza la contratación de personal temporal para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

De concretarse el proyecto de Interior ("simplemente dejo la cuestión en el aire", dijo el secretario de Estado en el Congreso) se sumaría a la decisión de que empresas privadas se encarguen también la seguridad exterior de los centros, una labor que desarrolla, salvo escasas excepciones, la Guardia Civil. 

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LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

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77corrupcracia 05/07/2012 | 21:16

Hay que seguir enriqueciendo a las más de 4000 empresas publicas y semipublicas[ agencias,sociedades,entes,fundaciones,observatorios etc] que viven a costa del BOE para enriquecer a sus jefazos y afines[vease amigotes de políticos, familiares etc]Si ya tenemos más de 4000 empresas que se nutren del dinero de todos los españoles, una más tampoco se nota. Total paga el pueblo[via impuestos] para enriquecer a unos pocos, eso se llama privatizar las ganancias y socializar el pago de todos para beneficio de unos pocos.

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76rem__ 05/07/2012 | 20:45

Una medida absolutamente racional y necesaria !Enrobabuena Sr. Yuste!

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75rem__ 05/07/2012 | 20:44

Una medida absolutamente racional y necesaria !Enrobabuena Sr. Yuste!

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74ergal 04/07/2012 | 23:12

#1 Cambiar funcionarios[ que se les eche a la calle sustituyendolo por nuevos contratados, es inmoral, ajuridico] y huele a nuevos casos de corruptela, sin presuntamente pensar lo que la malicia humana puede hacer degenerar el sistema de asitencia a los recluidos.Además de vulneración de los derechos laborales y profesionales de los dignos funcionarios que accedieron al puesto de trabajo con oposición y no como los que nos están gobernando que han alcanzado su cartera por elección a dedo de un partido que ha incumplido lo publicitado en su programa electoral y que no ha convocado una moción de confianza para justificar el hacer lo contrario de lo prometido antes de llegar al poder y una vez obtenido cambiar 180% sin pedir confianza. Esto es presuntamente un fraude a los ciudadanos, exigimos moción de confianza, peor no en el Parlamento no hay div. poderes, sufragio universal ya Sr. Rajoy

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73ergal 04/07/2012 | 23:06

#1 Cambiar funcionarios[ que s eles eche a la calle por nuevos contratados, es inmoral, ajuridico y huele a nuevos casos de corruptela, sin presuntamente pensar lo que la malicia humana puede hacer degenerar el sistema de asitencia a los recluidos.Además de vulneración d elos derechos laborales y profesionales de los dignos funcionarios q

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72alfonsoserrano20 04/07/2012 | 20:45

Los gobiernos tienen costumbre de considerar a los ciudadanos como peleles que se les puede manipular sin que estos puedan pensar y comprender que estan mandados por corruptos intelectuales.
¿Como es posible que una empresa privada que tiene que satisfacer el beneficio de los empresarios y el salario de los currantes puede costar menos que "solo" pagar el salario de los funcionarios.?
Si ese axiama se cumple pq los que dirigen "los recursos publicos" no saben hacerlo obteniendo un rendimiento adecuado de los recursos humanos puestos a su disposicion, tienen que ser sustituidos.
Ah, y la constitución NO PROHIBE que los internos, es decir, sin eufemisnos los "PRESOS" curren para pagarse su internamiento. Por supuesto en trabajos como por ejemplo seleccionar/reciclar las basuras.
Y lo que deben hacer es establecer inspecciones de eficiencia y economicidad de los recursos publicos y actuar en consecuencia en similitud a como lo hace el sector privado.

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71zagal 04/07/2012 | 19:49

#66 Aceptando la cifra de que en España existen nada menos que 9.314.240 pensionistas contributivos y no contributivos, cuando la cifra de pensionistas mayores de 65 años es muy inferior y sin cuestionar que Andalucía, por ejemplo, tengan un porcentaje de inválidos con pensión del doble que otras autonomías, lo que da una idea de fraude, me sigue saliendo que los 115.826 millones de € destinados a pensiones en los Presupuestos Generales suponen unos 12.500 € anuales por cada pensionista.

Una cantidad que en una parte muy significativa no llega a los pensionistas ni a sus familias porque se queda en el camino de las AAPP. Pues los nada menos de 9.314.240 pensionistas que existen en España entre contributivos, no contritivos, inválidos y otros pensionados, no cobran ni de lejos cada uno de ellos una media de 12.500 €, siendo una parte muy significativa del presupuesto establecido en los Presupuestos Generales destinado al pago de las pensiones la que en realidad es consumido por los parásitos de las AAPP a los que me he referido antes.



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70joxe 04/07/2012 | 19:06

No me extraña este plan sabiendo de dónde viene.
Telefónica, Argentaria, Endesa, Gas Natural, Aceralia, Repsol o Tabacalera. ¿Os suenan de algo? Son empresas públicas privatizadas por el Gobierno de Aznar y gestionadas desde entonces por amiguetes del PP.
El sueño húmedo de Rajoy, Cospedal y Aguirre es privatizar la sanidad, la educación, los servicios sociales públicos. Privatizar todo lo público para dejarlo en manos de colegas.
¿Quién se atreve a negarlo?

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69zzzdalton 04/07/2012 | 18:56

quizas me equivoque pero si cambian funcionarios por sguratas y se ahorra dinero, ¿cobran mas los seguratas que los funcionarios por hacer lo mismo?

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68corrupcracia 04/07/2012 | 18:42

Lo que van a crear es otra NUEVA empresa privada que se nutre via BOE como las 4000 que tenemos[ fundaciones, observatorios, agencias, sociedades, entes, consorcios etc] para gestionar un servicio público básico y elemental en un estado de derecho y cuyo coste será mayor que con el sistema actual. Manda huevos.

Y todo para enriquecer a los directivos[amigotes y asimilados] de dicha empresa, que serán los grandes beneficiados de dicha gestión.

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