La juez de los EREs falsos acusa: “La Junta andaluza entorpece la investigación”

La Junta de Andalucía “entorpece” la investigación de los EREs falsos. El nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, apunta de nuevo a la falta de colaboración del Gobierno andaluz en llegar hasta el final del caso de las falsas prejubilaciones, como animaba el pasado sábado el expresidente de la Junta Rafael Escuredo en una entrevista concedida a este diario.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada recrimina al Ejecutivo de José Antonio Griñán que no haya aportado, como ya solicitó, un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente. Alaya exige a la Junta que presente el informe "a la mayor urgencia posible", ya que "su falta de presentación está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa".

También hace referencia a un estudio que consta en la causa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 22 de diciembre de 2011. “Hay una serie de anexos nuevos, a operaciones no incluidas, a variaciones en los importes, cuya comprensión resulta totalmente imposible, obstaculizándose sobremanera el estudio de la documentación y por ende la investigación de las presentes diligencias".

En el escrito judicial, Alaya imputa en el caso al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ocupó este cargo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de marzo de 2010. “Barberá tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía”.

La juez también citó a declarar, en calidad de imputado, a Juan Francisco Trujillo, el llamado chófer de la cocaína del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, quien destapó el fondo de reptiles de 700 millones de euros en Andalucía. La declaración de Trujillo será el próximo 20 de marzo, apenas cinco días antes de las elecciones autonómicas andaluzas.

El PSOE-A montó ayer en cólera culpando una vez más a la magistrada Alaya de influir en la política con sus autos. Molestó, ante todo, el día de la cita judicial del chófer de Guerrero. “Me resulta demasiada casualidad que cinco días antes de las elecciones se llame a declarar a un imputado. Los que tengan que pagar, que lo paguen ya. Lamentablemente la juez vuelve a interferir en una campaña andaluza, ya lleva mucho tiempo con la instrucción”, remarcó Díaz.

En la declaración de Guerrero ante la Guardia Civil del pasado 21 de febrero se abunda en la figura “esencial” del exconsejero José Antonio Viera, quien dimitió el pasado 12 de febrero de la secretaría general del PSOE andaluz, en la trama de los EREs falsos. El exdirector general de Trabajo de la Junta insiste en que Viera impulsó las apoyos económicos a tres empresas.  “Tienen que salir adelante. Hay que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma”, según la declaración de Guerrero al grupo de investigación del Instituto Armado.

La Junta de Andalucía negó que no estuviera remitiendo la información solicitada por el juzgado. "Se está haciendo con la mayor diligencia posible, en las mejores condiciones disponibles y en los propios términos en que se establecen en los autos judiciales. La dificultad de análisis de la documentación no es imputable a la actitud de la Junta sino a la propia complejidad administrativa y al volumen de la información solicitada". El Gobierno andaluz calcula que le ha remitido a la juez 200.000 folios.