El PSOE traslada al Congreso la bronca sindical y callejera contra el Gobierno

De la calle al Congreso, el PSOE ha llevado al Pleno de control al Gobierno y se ha puesto en la Cámara al frente de la causa de los sindicatos contra la reforma laboral y de las movilizaciones callejeras de los estudiantes. La oposición socialista adopta el tono trágico de los tiempos de "No a la guerra" y el "Nunca mais", el del choque total contra el Ejecutivo de Aznar. Rubalcaba y los distintos portavoces de su partido acusaron ayer al Gobierno de Rajoy de incentivar los despidos, ir contra los trabajadores, "apalear a los jóvenes por defender la enseñanza pública", practicar una "represión brutal" en las movilizaciones "de nuestros hijos" y de "difamar" a sindicalistas y manifestantes.

Rubalcaba insiste en desentenderse y romper el pacto alcanzado la pasada legislatura entre Rajoy y Zapatero para legislar contra el déficit público. Además, y como era previsible, se pone de parte de los sindicatos en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno que es, en líneas generales, la que Bruselas y Berlín exigieron ya al anterior Ejecutivo para no intervenir formalmente la economía española.

En ese último punto, el rifirrafe parlamentario Rajoy-Rubalcaba ha sido de trámite. El dirigente socialista acusa al Gobierno popular de fomentar los despidos y el presidente del PP Rajoy le responde con el dato de que el hoy jefe de la oposición estaba en primera línea de un gabinete que tiene el récord de destrucción de empleo en la historia de España. El jefe del Ejecutivo aprovecha para defender su reforma: "Lo que yo no voy a hacer es no hacer nada. Tengo que dar respuesta a las pymes, a las personas que no encuentran trabajo, a los jóvenes que tienen que irse fuera... Yo no voy contra nadie, ni contra los sindicatos ni contra la CEOE. Yo voy a favor de los españoles". Y para remachar pronostica que el dirigente socialista se quedará "solo con los sindicatos".

La "segunda" de Rubalcaba en el Congreso, Soraya Rodríguez, preguntó por la fecha en que estarán listos los Presupuestos Generales del Estado, aunque ya se sabe que para la última semana de marzo. Pero aprovechó para erigirse en portavoz de los estudiantes que se manifiestan en Valencia. "No son enemigos, son nuestros hijos", proclamó la diputada en tono melodramático además de "acusar", de paso, al Gobierno de aplicar la "austeridad extrema". La interpelada, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que los socialistas, "además de traer y plantear problemas" cuando estaban en el poder, "ahora se vuelcan en impedir las soluciones".

La vicepresidenta del Gobierno dejó claro que ni los sindicatos ni la oposición pararán al Ejecutivo. "Ha acabado el tiempo de no hacer nada, el impulso reformista de este Gobierno no va a parar", remachó. En parecidos términos y similares frases se explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Dedicarse a frenar las reformas sólo les conducirá a la melancolía", replicó al diputado socialista Pedro Saura.

La exministra y diputada Leire Pajín se fajó luego para denunciar la "represión brutal contra los jóvenes" empleada en Valencia y para calificar a los gobiernos autonómicos de esa comunidad (de Francisco Camps y Alberto Fabra) de "enemigos de los jóvenes" que meten a los estudiantes, sin calefacción y con menos profesores, en "escuelas de hojalata".

No se quedó atrás el diputado socialista Manuel Pezzi que, aunque preguntaba por el problema del dopaje en el deporte, dijo que los estudiantes eran "apaleados" en la capital del Turia "por defender la enseñanza pública de calidad".

Otra preocupación mayor de los socialistas resulta ser RTVE. Se oponen al recorte de 204 millones que Hacienda aplicará a la corporación. "El modelo de RTVE de los socialistas ha funcionado bien", sentenció el diputado Juan Luis Gordo para exigir que no se toque. En apoyo de las virtudes de sus directivos añadió el dato de lo bien que han informado sobre "las cargas policiales en Valencia". Montoro tampoco mostró signos de estar dispuesto a ceder y explicó que a la corporación, sin perder sus funciones de servicio público, se le aplicarán las mismas medidas de austeridad que al resto de las instituciones financiadas por el Estado.