El juez pide a las partes que se pronuncien sobre si debe imputar a la Infanta

El juez del caso Urdangarín, José Castro, ha dado traslado a todas las partes personadas en el proceso para que se pronuncien sobre si debe ser imputada la Infanta Cristina, esposa del Duque de Palma, como pide el sindicato Manos Limpias. Un paso procedimental más, pero que acerca la posibilidad de que Doña Cristina pueda verse imputada en el juicio.

Castro quiere que se pronuncien la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía de la Comunidad Autónoma, el PP y las defensas personadas en la pieza que investiga la actividad del Instituto Nóos. Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en un auto dictado este miércoles por el que ha unido a la causa el escrito presentado por Manos Limpias, personada como acusación popular, para pedir el encausamiento de la hija del Rey Juan Carlos en el marco de estas pesquisas, según informa Ep.

El juez ha dado a las partes un plazo de cinco días -el primero en computar será el 28 de febrero- para que las partes hagan las alegaciones que estimen convenientes respecto a la petición del sindicato. Será a partir de entonces cuando el magistrado resuelva sobre la citación de la Infanta.

Manos Limpias, a través del escrito que presentó la pasada semana para pedir la imputación de la Infanta, considera que ésta fue "beneficiaria directa" del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Mediante un escrito de seis páginas, al que tuvo acceso Europa Press, la entidad desglosa los indicios que, a su juicio, llevan a concluir que la esposa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin".

Así, al haberse "beneficiado directamente" del dinero obtenido "ilícitamente" por su marido, el sindicato considera necesario asimismo que, al margen de la responsabilidad penal que pueda derivarse de la actuación de la Infanta, también debe llevar aparejada una responsabilidad civil.

En su escrito, el sindicato, representado en la causa por la abogada Virginia López Negrete, apunta además que era "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso.

Según Manos Limpias, además de que la Infanta ostenta la titularidad del 50 por ciento del capital de la mercantil Aizoon -una de las empresas investigadas en este procedimiento- junto a su marido, también desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.

Es más, Manos Limpias asevera que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la hija del Rey Juan Carlos "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirma, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".