EREs: la Guardia Civil denuncia la destrucción de pruebas en sedes de la Junta

La Guardia Civil ha denunciado la destrucción de pruebas de los EREs falsos en la sede de la Consejería de Empleo. Según la investigación, los hechos se produjeron el  21 de noviembre de 2010. El PP ahora acusa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de haber ordenado la eliminación de cualquier pista o documentación sobre las falsas prejubilaciones.

El número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, anima al consejero de Empleo, Manuel Recio, a reconocer si recibió “órdenes directas” de Griñán. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas”, explica Sanz, tras tildar de “muy importante” que responda Recio para saber la verdad en esta trama que acosa al Gobierno socialista andaluz.

El PP-A también denuncia las órdenes de pago sin expediente valorados en 6,5 millones de euros que conformarían un tercer fondo de reptiles en la Junta de Andalucía. Este informe y análisis económico, fechado el 22 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Trabajo y al que ha tenido acceso El Confidencial, se denomina Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009.

“Este informe es de suma gravedad puesto que en la Consejería de Empleo, ya en la etapa de Griñán como presidente se reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos”, según Sanz, quien adelantó que este documento que obra en poder de su partido se enviará a la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que se encarga de la investigación del caso de los ERE.

El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, defiende a ultranza la labor del actual director general de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, que ha situado "siempre dentro de la legalidad", y ha recalcado que fue la Junta de Andalucía quien impulsó la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. “Rivera ha actuado con el mejor criterio”, según Recio.

La juez Alaya ya advirtió en el auto del pasado martes que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de “un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios”, lo que “podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”. Y añadió el escrito judicial: “Estas ayudas podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad” de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.