Tres jueces inflexibles para presidir el órgano que debe ver el final de ETA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá nuevo presidente previsiblemente el próximo 23 de febrero. Ese día, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá elegir uno de los tres candidatos que forman la terna que ha pasado a la ‘final’ de los siete aspirantes que había. Se trata de Javier Gómez Bermúdez, actual presidente, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Palacios, todos ellos magistrados del órgano judicial.

Los vocales deberán elegir quién se encargará durante los próximos cinco años de dirigir un órgano que se enfrenta a un cambio estructural. El nuevo presidente tendrá que afrontar el final judicial de ETA y la búsqueda de nuevas competencias que den sentido a un tribunal centrado principalmente desde su existencia a perseguir a la organización terrorista.

De una terna inicial de siete candidatos, finalmente han quedado elegidos tres. El actual presidente, Javier Gómez Bermúdez es uno de ellos. Si fuera elegido, sería su tercer mandato. Fue nombrado por primera vez en 2004, una elección no exenta de polémica. El Tribunal Supremo tuvo que revisar hasta en cuatro ocasiones su nombramiento, después de que varios candidatos lo recurrieran al considerar que su experiencia y antigüedad eran inferiores al resto. Entre otros, se enfrentó al propio Baltasar Garzón, que intentó optar al puesto aunque nunca lo consiguió gracias a los sólidos apoyos del sector conservador a Gómez Bérmúdez.

Sin embargo, el actual presidente no tiene ya ese apoyo que en las anteriores ocasiones le llevó a la elección. El libro de su mujer, la periodista Elisa Beni, revelando datos personales y extraoficiales en torno al juicio del 11-M, que él presidió, no sentó muy bien en la carrera judicial. La primera consecuencia fue la expulsión de su cónyuge de la dirección de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde desarrollaba su labor profesional. Sus ataques, entre otros al que fuera portavoz del CGPJ en esos momentos, Enrique López, no sentaron nada bien y optaron porque Beni no siguiera en su puesto, un cargo de confianza.

Sus guiños al anterior gobierno en su última etapa tampoco han agradado al sector conservador, sobre todo cuando, como presidente del Pleno de la Sala de lo Penal, hizo comenzar de cero al instructor Pablo Ruz en la investigación del chivatazo a ETA. Pero tampoco es el preferido del sector progresista del órgano de los jueces. La muestra han sido las preguntas de la vocal Margarita Robles durante las entrevistas celebradas este miércoles a los siete aspirantes. La vocal preguntó a cada uno de los candidatos qué opinaban sobre una reforma planteada por Gómez Bermúdez al Pleno de la Audiencia Nacional sobre las secciones que componen la Sala de lo Penal, sistema que se encuentra en suspenso por la Sala de Gobierno. Actualmente, cada una de las cuatro secciones las componen entre cuatro y cinco magistrados, y se turnan entre ellos para juzgar, deliberar y sentenciar. Sin embargo, Gómez Bermúdez ha cambiado la forma de rotación por uno de binomios. Este cambio fue criticado por cada uno de los aspirantes, y todos ellos lo mencionaron a preguntas de la vocal.
Los otros dos candidatos han tenido una trayectoria similar. Han pasado por juzgados ordinarios, audiencias provinciales, han pasado por instrucción y por alguna Sala de la Audiencia Nacional.

Fernando Grande-Marlaska fue conocido por sustituir a Garzón cuando éste se encontraba de excedencia en Nueva York impartiendo cursos en la universidad. Hizo sufrir al exportavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, a quien persiguió cuando todavía se encontraba en libertad, y fue quien comenzó la investigación del chivatazo a ETA. Era su operación, coordinada junto a la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, y se tuvo que abortar por una delación policial. Comenzó a investigar quién alertó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, de que iba a ser detenido, pero llegó Garzón y él tuvo que abandonar el Juzgado.

Grande-Marlaska ha tenido mayor proyección pública que Palacios. Ha protagonizado algún anuncio publicitario e intentó optar al CGPJ como vocal. Lo intentó como magistrado independiente pero no consiguió los avales suficientes. En su entrevista para el puesto, resaltó que ha llegado el momento en su vida que debe afrontar nuevos retos.

Teresa Palacios, cordobesa de 52 años, fue felicitada ayer por algún vocal por el programa expuesto para optar a la presidencia. Como magistrada de sala, enjuició y condenó a la cúpula del aparato de apoyo a presos de ETA, Gestoras Pro Amnistía, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. Se ha especializado en delitos económicos e investigó, entre otros, a Emilio Botín por las cesiones de crédito del Banco Santander, a Javier de la Rosa, por el caso KIO o la estafa de la cooperativa de viviendas PSV. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Palacios inició la instrucción por el accidente aéreo del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, caso que curiosamente finalizó Grande-Marlaska cuando la magistrada abandonó el Juzgado Central de Instrucción número 3 para ir a la Sección Cuarta. En su entrevista, subrayó que si llega a la presidencia intentará rebajar el nivel informativo de la Audiencia Nacional para que “el único aire que se respire sea el judicial”.