Unanimidad entre juristas: la infanta Cristina de Borbón debe declarar por el 'caso Urdangarín'

El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano no es el único que llamaría a declarar a la infanta Cristina de Borbón por el caso Urdangarín. Soriano afirmó la semana pasada: "Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio". Su opinión es unánimemente compartida por todos los penalistas consultados por El Confidencial: hay sobrados motivos jurídicos para que la hija menor del rey Don Juan Carlos comparezca ante el juez, como testigo o incluso en calidad de imputada.

La Fiscalía General del Estado rechazó el pasado 25 de enero investigar a la infanta Cristina con el argumento de que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de Aizoon, la inmobiliaria de la que es propietaria al 50% con su marido y a la que se desviaron al menos 750.000 euros de los fondos públicos captados de forma presuntamente fraudulenta por el duque de Palma. Un abogado, Fernando Pamos, presentó una denuncia contra la hija del Rey solicitando que se abriera una investigación para aclarar su papel en esa sociedad, pero la Fiscalía se opuso porque "en ningún momento se describe una conducta de aquélla [la Infanta] que resulte incardinable en ningún tipo penal".

"El juez no tendrá más remedio que citarla a declarar antes o después, al menos como testigo. Y en ese caso deberá comparecer personalmente en el juzgado. No podría acogerse al derecho de declarar por escrito, porque ni es una persona aforada ni goza de ningún privilegio constitucional por ser la hija del Rey", sostiene Susana Huerta, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. "Desde el punto de vista jurídico y procesal la infanta Cristina es una ciudadana más, pero también es cierto que representa a una institución, la Monarquía, que es necesario preservar. Y esa puede ser la razón de que el juez todavía no la haya citado a declarar".

El sindicato Manos Limpias ya ha anunciado que pedirá al juez que instruye el caso Urdangarín, José Castro, que cite como testigo a la infanta Cristina. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma admitió el pasado martes la personación del sindicato en la causa como acusación popular, lo que permitirá a la  representante legal de Manos Limpias, la abogada Virginia López, tener acceso a todas las diligencias judiciales que se practiquen a partir de ahora, entre ellas la declaración como imputado del propio Iñaki Urdangarín, prevista para el próximo día 25, o la de su ex socio Diego Torres, este sábado.

Obligada a decir la verdad

"Incluso aunque no fuera copropietaria de Aizoon habría razones más que suficientes para que prestase declaración, porque también formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos. Pero siendo socia de Urdangarín en esa inmobiliaria todavía está más justificado. Es cierto que si declara en calidad de testigo estaría obligada a decir la verdad, pero, como son marido y mujer, no tiene por qué incriminar a Urdangarín", afirma Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. "Resulta extraño que el juez no la haya incluido, al menos por ahora, en la lista de declarantes", añade. "Es como si hubieran levantado un velo para protegerla por ser quien es".

La hija menor del Rey, que no viajaba a España desde hacía más de tres meses, se reunió ayer en Barcelona con el abogado de su marido, Mario Pascual Vives, mientras sus cuatro hijos permanecen en Washington. Cristina de Borbón se aloja estos días, antes de regresar a la capital estadounidense, en el domicilio familiar del exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, donde precisamente tenía su sede Aizoon. La inmobiliaria estuvo domiciliada hasta el pasado mes de septiembre en ese lujoso palacete, situado en la calle de Elisenda de Pinós de la capital catalana, pero Urdangarín cambió entonces la sede social y fiscal de la sociedad para evitar que la policía registrase la vivienda.

"Si dependiera de mí la citaría como imputada. Pese a lo que muchos piensan, declarar en calidad de imputado es una garantía, porque puedes comparecer acompañado por un abogado y guardar silencio o incluso mentir. Y el juez puede levantar la imputación en el mismo momento de la declaración", señala Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. "Lo primero que le preguntarán es si tenía conocimiento de los presuntos delitos cometidos por su marido, y estará obligada a decir la verdad en el caso de que vaya como testigo, lo que podría incriminarla", prosigue Gimbernat, que añade: "Estoy convencido de que si el juez aún no la ha citado es porque hay presiones políticas".

"Yo comparto plenamente lo que dijo José Ramón Soriano", afirma otro prestigioso penalista que prefiere guardar el anonimato. "La infanta Cristina es propietaria del 50% de una sociedad que ingresó fondos públicos captados de forma presuntamente ilegal, así que algo tendrá que decir. Ella también se ha beneficiado de ese dinero desviado irregularmente, y tendrá que ser el juez, tras escucharla a ella y a los demás testigos e imputados, el que decida si conocía o participaba en las decisiones que tomaba su marido". Soriano, magistrado del Tribunal Supremo, también dijo que "parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él [Urdangarín] arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta". Y añadió que "si hay que meter a Urdangarín en la cárcel, pues se le mete".