La Junta ‘olvida’ los 200 millones de euros en comisiones ilegales de los EREs

La Junta de Andalucía no reclamará los 200 millones de euros pagados en comisiones ilegales de las pólizas de las compañías Vitalia y Uniter que se hacían con el mismo procedimiento irregular que está investigando la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la trama de los EREs falsos.

Estas comisiones de entre el 15% y 29% estaban vinculadas al fondo de reptiles de 700 millones de euros destapado hace ya un año por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 1999 y 2008. El PP denunció que la Fiscalía reclamaba a un intruso de las jubilaciones fraudulentas la devolución de los 100.000 euros que cobró mientras la Junta le pedía 400.000 euros.

Lo que sí hará el Gobierno andaluz es exigir la devolución de parte de los 65 millones de euros entregados mediante subvenciones directas entre 2000 y 2010. La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, aclara que en realidad se trata de “un trámite”  para poder detectar posibles estafas. Hasta ahora la Junta de Andalucía no había contemplado pedir a los empresarios beneficiados por los EREs el dinero de las ayudas directas en este periodo de tiempo que coincide con el que investiga la magistrada Alaya.

La Guardia Civil había calificado como “ilegal” el procedimiento administrativo que dio cobertura a esas subvenciones. La Junta de Andalucía ya exigió a finales de enero que 56 intrusos devolviesen los 2,8 millones que recibieron de las pólizas a pesar de que jamás fueron empleado en las firmas implicadas en el fraude que ha salpicado no sólo a la Consejería de Empleo en la etapa de Chaves, sino a la actual.

Según el PP, el Gobierno autonómico ya está reconociendo de  manera implícita que había existido fraude en la gestión de las ayudas. El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, va más allá y reclama responsabilidades políticas a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán.  “Ahora se reconoce que las ayudas eran ilegales, cuando se ha negado por activa y por pasiva y ahora se niega el pago de comisiones cuando es una evidencia. Insisto las responsabilidades políticas alcanzan a dos presidentes de la junta el anterior y el actual”, destacó Arenas.