Artur Mas ‘cuela’ 9 tasas nuevas en los presupuestos de Cataluña

El idilio entre Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) pasa por momentos bajos. Cuando ya casi habían alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de Cataluña para este año, los nacionalistas anunciaron una batería de enmiendas que multiplicaban las tasas que quiere implantar el presidente Artur Mas para aumentar la recaudación. Y eso sentó mal.

“Vimos que presentan una batería de autoenmiendas con cosas que jamás habíamos discutido y que nunca estuvieron sobre la mesa de negociación. Y eso no puede ser”, señalan fuentes del PP a El Confidencial. Pero desde CiU se defienden: “Cada grupo puede presentar las enmiendas que considere oportunas, faltaría más. Otra cosa es que luego se aprueben o que no se aprueben. Peor lo que no pueden decir a otro grupo parlamentario son las enmiendas que han de presentar. Cada uno tira adelante las que quiere”, afirman desde las filas nacionalistas.

La culpa, pues, es de las tasas. En total, subrayan en el PP, CiU intenta colar nueve tasas nuevas. Ya no se trata del copago sanitario, de la tasa turística, del canon del agua, de la tasa sobre carburantes o la tasa de la justicia, sino de conceptos nuevos y que no habían negociado.

Entre otras, destaca un impuesto de 70 euros por cada máquina expendedora de tabaco. En realidad, le llama “tasa para la tramitación de la certificación necesaria para que las tiendas de conveniencia [las que tienen horarios diferentes a los habituales, como gasolineras o determinados establecimientos] puedan vender tabaco mediante máquinas expendedoras”, justificada por lo que dice la ley 28/2005 “de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”. Fuentes de CiU reconocen que ésta es una medida pionera en todo el territorio español.

Otra de las tasas previstas es la que grava el “examen de obras cinematográficas y otras obras audiovisuales para su clasificación por grupos de edad”. También se incluye una tasa “por el servicio de formación sanitaria”. O una sobre el “servicio de comprobación del cumplimiento de normas de correcta fabricación de principios activos farmacéuticos y emisión de certificado”. CiU propone, asimismo, una tasa sobre accidentes de tráfico, ya que se pretende hacer pagar por el “comunicado del informe del accidente”. Y se modifican las tasas de “servicios de control sanitario”, las de los anuncios obligatorios en el diario oficial, la de las armas de los cazadores (se quiere hacer pagar por permisos de tres y cinco años en vez de renovar la licencia anualmente) y la tasa sobre piezas cazadas.

Fuentes de CiU afirman que “en las medidas que proponemos hay dos tipos: por una parte, están los temas que negociamos con el PP. Por otro lado, están otras tasas que presentaremos en forma de enmiendas. Pero muchas de ellas no son nuevas, sino que son modificaciones de la normativa estatal. Por ejemplo, la del examen de las obras cinematográficas deriva de la Ley de Economía Sostenible aprobada en el Congreso. Y la de la formación sanitaria era competencia de Madrid, pero ahora esta competencia ha sido transferida a la Generalitat”.

Distanciamiento en el canon del agua

Sí reconocen estas fuentes que existe un punto importante de desacuerdo en la tasa del agua, que el PP quiere minimizar y que puede suponer un encarecimiento de la factura del agua de hasta el 30%. “Pero aquí tenemos una Agencia Catalana del Agua en quiebra técnica. El Tripartito la dejó en una situación límite, sin tomar medidas para evitar su endeudamiento. Y nosotros debemos solucionar esto. Pero como no existen soluciones mágicas la única manera de evitar la quiebra efectiva es aumentar la recaudación”.

Respecto a las tasas nuevas que propone CiU, las fuentes subrayan que “no tenemos cuantificada la recaudación, pero su impacto es muy pequeño. De todos modos, queremos seguir negociando con el PP y modularemos nuestras propuestas en lo posible, aunque en algunos casos será muy difícil”. El propio portavoz del PP en el Parlamento, Enric Millo, había asegurado poco antes que lo que quiere su formación es un pacto global. "No sólo nos ha sorprendido, sino que ha encendido todas las alarmas, porque este festival de tasas no estaba previsto", subrayó.Y advirtió que, si CiU no rectifica, su actitud puede tener "consecuencias imprevisibles". O sea, que el PP puede dar la espalda a los presupuestos y Artur Mas se encontraría solo frente a todos los demás partidos... y en minoría. Dirigentes de PP y CiU se reunieron ayer por la tarde para estudiar la situación y tenían previsto retomar las negociaciones a primera hora de la noche.

El portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, por su parte, salió en tromba contra las medidas acordadas por populares y convergentes. “El acuerdo de la pepevergencia es un impuestazo que penaliza a las clases medias”, enfatizó. Y arremetió contra el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, a quien acusó de entender el mundo “como una tabla de excel, sin pensar en la losa que sufren las clases populares”. Cañas aseguró que con las enmiendas de su partido “se ahorrarían 500 millones de euros” y llamó a recortar en “construcción nacional” y no en servicios sociales. “Si no se gasta en lo que no se debe, no se tienen que tienen que aumentar los impuestos donde no se debe”, añadió.

La propuesta de C’s es suprimir todas las tasas creadas por Artur Mas para este año. Y subrayó que incluso el impuesto sobre los carburantes ha sido declarado ilegal por la UE. Respecto al “medicamentazo” (copago sanitario), argumentó que “penalizar a los ciudadanos que necesitan medicamentos, que son prescritos por la Administración, no por ellos, es injusto, inmoral y probablemente ilegal”. Abogó, sin embargo, por suprimir la tasa de acceso a la justicia, la turística y el artículo que “multiplica por tres la tasa que pagan los operadores y explotadores de mataderos. Parece que este Gobierno quiera dinamitar los sectores económicos que funcionan”. Asimismo, reclamó que se deroguen los artículos que suprimen derechos de los trabajadores y recuperar “el último tramo autonómico del impuesto de Sucesiones para las grandes fortunas” y compensar la subida estatal del IRPF “reduciendo el mismo tanto por ciento del tramo autonómico para las rentas de clase media”.