El juicio contra Garzón por los crímenes del franquismo entra en la recta final

La vista oral contra el juez Baltasar Garzón entra hoy en la recta final con la declaración de los últimos familiares de víctimas del franquismo citados como testigos de la defensa. A continuación se celebrará la prueba documental, y el miércoles las partes elevarán a definitivas sus conclusiones. La acusación del pseudosindicato Manos Limpias pide 20 años para el magistrado por un presunto delito de prevaricación al haber asumido una investigación que, según ella, no le correspondía. La defensa y el fiscal reclaman la libre absolución del acusado porque no incurrió en ningún delito.  

El interés informativo por el juicio ha ido decayendo a medida que avanzaba salvo para la prensa internacional, que lo sigue incluso con más interés que los medios nacionales por la enorme repercusión que el mismo está teniendo más allá de nuestras fronteras. Tampoco los familiares de víctimas, ni las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, han dejado de asistir día tras día a la sede del Tribunal Supremo, donde cada mañana han aguardado la llegada  de Garzón para expresarle su apoyo,  y aguardado después en fila la autorización policial para seguir la vista en la Sala en la que se celebra.

Las víctimas acusan al Estado de desinterés.

La sesión celebrada en la mañana de ayer fue una sucesión de reproches contra el Estado por haber ignorado durante años las reclamaciones de las víctimas para que se hiciera cargo de la localización de fosas y la exhumación de sus restos. Cuatro nuevos testigos relataron al tribunal su periplo por distintas administraciones en busca de ayuda, y la desaparición y asesinato de sus familiares.

Olga Alcega, de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra,  denunció con mucho aplomo y facilidad de palabra que pese a que en la Comunidad foral no hubo frente bélico tienen documentadas la desaparición de 3.452 personas, de las que han conseguido recuperar los restos de 81 personas de diecisiete municipios que fueron enterradas en la misma fosa común.

Alcega relató que su asociación se puso en contacto con el juzgado de Tarazona para que asistiera a la apertura de la fosa, pero nadie se personó cuando llevaron a cabo la misma. “Hubo una persona que intentó poner una denuncia por la desaparición de un familiar y le dijeron que allí no se encargaban de esas cosas”, relató. En su caso, fue el Gobierno de Aragón el que dio la autorización para remover los terrenos.

“Hubiésemos querido que fuese la Administración la que se hiciera cargo de las exhumaciones, pero no ha querido –cuenta Olga Alcega-. Cuando se hacen obras en el casco antiguo y aparecen restos, aquellas se paralizan y acude la administración. ¿Por qué no hace lo mismo con nuestros muertos?”.

La testigo relató la desaparición de su abuelo, cartero de profesión, que fue detenido por guardias civiles cuando estaba con sus vacas en un abrevadero. Lo llevaron al ayuntamiento y de allí lo sacaron para asesinarlo de un tiro en la cabeza. “A mi abuela le quitaron todos sus bienes y a mi abuelo le abrieron un expediente por responsabilidades políticas cuatro años después de muerto. Nunca fue viuda, ni mi padre huérfano porque su muerte no se inscribió en el registro civil –continúa su relato-. Quiero saber qué ocurrió. Sin afán de venganza. Las víctimas han sido generosísimas porque han sabido convivir pese a que sus vecinos eran en muchos casos sus verdugos”.

Escasas ayudas públicas.

Rafael Espino, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que ha denunciado en la Audiencia Nacional 111 desapariciones, entre ellas la de su bisabuelo, alcalde socialista de la localidad, contó como también en su caso cuando acudieron al juzgado para reclamar los certificados de defunción de las víctimas se los negaron, y no ha sido hasta hace un año que han podido inscribir las muertes.

En 2009 el Ministerio de la Presidencia les concedió una subvención para su primera exhumación, que llevaron a cabo en mayo de 2010, con el hallazgo de 55 cuerpos. Algunos tenían las manos atadas con alambres, otros habían sido calcinados y sus cuerpos metidos en sacos, y muchos presentaban tiros de gracia en la nuca.

Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, comenzó su labor por encargo de los familiares de ocho desaparecidos en Manresa. Los ocho fueron detenidos en esta localidad y cuando los trasladaban a Barcelona fueron fusilados en una cuneta. Al igual que las otras dos asociaciones, cuando acudieron a juzgados territoriales sus denuncias “se archivaban o no se atendían”.

Desde entonces la asociación ha conseguido identificar a 1.900 desaparecidos, incluso de familias que viven en Suramérica y Europa y han recurrido a ellos. Tampoco en su caso han recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno. La Generalitat les dio dinero para elaborar un censo de desaparecidos y un mapa de fosas, que ha pasado a ser propiedad del gobierno autónomo.

Los restos del Valle de los Caídos.

El último en prestar testimonio fue Pedro Canales, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid e hijo de un desaparecido. Su padre fue fusilado cuando él tenía dos años y lo enterraron en una cuneta. En 1959, veinte años después de terminada la contienda civil, una delegación oficial exhumó cadáveres en un pozo para llevarlos al Valle de los Caídos, donde fueron enterrados. “Sé que mi padre está en la caja 178, pero no he podido recuperar sus restos”.

La sesión se reanudará mañana con el testimonio de los tres últimos testigos y la práctica de la prueba documental. El miércoles, defensa, acusación y Ministerio Público elevarán sus conclusiones a definitivas. Por último, Baltasar Garzón tendrá derecho al último turno de palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.