Sanidad excluirá la reproducción asistida del catálogo de servicios mínimos y no sufragará los tratamientos

¿La infertilidad es una enfermedad? ¿Debe considerarse, por tanto, una prestación sanitaria? La ministra de Sanidad Ana Mato ha reabierto el debate. La respuesta a estas dos cuestiones es ‘no’ por partida doble. La infertilidad no es una patología y el Estado no está en condiciones de sufragar este tipo de tratamientos. No hay dinero, y no sólo eso, la deuda sanitaria asciende a 15.000 millones de euros y hay que parar como sea esta sangría financiera.

La cartera de servicios es desde hace tiempo papel mojado. En los últimos años, al calor de la bonanza económica, los consejeros de salud de las diecisiete comunidades autónomas han incorporado, en algunos casos con el beneplácito del Consejo Interterritorial, en otros por voluntad propia, numerosas prestaciones que han convertido la sanidad española una de las más completas y sofisticadas de Europa.  A esta carrera desbocada también ha contribuido el hecho de que en el año 2001, y tras acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la asignación del Estado dejara de ser finalista. Se impuso un suelo, pero no un techo a esta partida de gasto.

Desde entonces, el Sistema Nacional de Salud no ha parado de crecer y mejorar. A los costosos y eficaces tratamientos contra el cáncer, hay que sumar los ya mencionados programas de fertilidad, los cribados de cáncer de mama y colon, la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano, las vacunaciones (contra el neumococo) a mayores de 65 años y pacientes de riesgo, el cambio de sexo, la atención bucodental a niños, adolescentes y personas en exclusión social, los planes de detección de la sordera en recién nacidos y las terapias para dejar de fumar. Por no hablar de lo que los expertos llaman atributos de calidad del sistema, como las habitaciones individuales o las listas de espera mínimas. Cada gobernante regional ha elegido aquellas prestaciones que más rédito electoral le podía dar, pero la mayoría se ha apuntado al café para todos.

El problema es que ya no hay dinero para seguir sufragando muchas de estas medidas de carácter preventivo. El panorama financiero no puede ser más sombrío y la titular de Sanidad está obligada a cerrar el grifo del gasto; y lo va a hacer de dos maneras: una, reduciendo la oferta de servicios sanitarios con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y otra, modernizando “y aquilatando” la retribución a la innovación farmacológica mediante la implantación de fórmulas de riesgo compartido.

Mato ha desembarcado en el ministerio con las tijeras y está decidida a aprobar un nuevo catálogo de prestaciones “ajustado a la realidad”. Quien quiera una Sanidad de lujo que se la pague, dicen en el Partido Popular, en clara advertencia a las comunidades autónomas. “De lo contrario, corremos el riesgo de cargarnos la esencia del Sistema Nacional de Salud”, señalan las fuentes consultadas.

Un Consejo Interterritorial delicado

El próximo Consejo Interterritorial de Salud se espera polémico. Nada que ver con esas plácidas reuniones en las que el ministro Bernat Soria exigía a todas las comunidades autónomas que implantasen programas de atención bucodental para niños y adolescentes o aquel otro en el que la ministra Leire Pajín anunciaba que estaba dispuesta a gastarse 3.000 millones de euros en lograr que todos los fumadores abandonasen este hábito tan pernicioso.

Ahora, todas las partidas sanitarias están en entredicho. De hecho, algunas comunidades autónomas ya habían empezado a tomar medidas por su cuenta. Navarra, por ejemplo, recortó su programa de atención bucodental para niños y adolescentes, y Murcia, Asturias y Cataluña han puesto freno a los programas de fertilidad, un problema que afecta a 800.000 parejas y que cada año suma 16.000 nuevos casos.

Así, Murcia deniega (desde 2009) la prestación a mujeres sin pareja o lesbianas, Asturias exige (desde 2010) el pago de la medicación a las solteras y ha registrado varios casos en que ha denegado la prestación a parejas del mismo sexo, y Cataluña, que pagaba los fármacos a todas las catalanas, tanto si eran atendidas en centros privados como públicos, sólo sufragará íntegros los tratamientos del Clinic, San Pau y Vall d'Hebrón para ahorrarse 9 millones de euros (Informe Adeces de Reproducción Asistida 2011).

Pero una cosa es tomar decisiones por cuenta propia y otra, muy distinta, consensuar con el resto de consejeros la cartera de servicios que se oferta a los ciudadanos, y anunciarles, además, que “las mejoras en salud deberán financiarse a partir de ahora con más tasas ó impuestos autonómicos”. Es decir, Sanidad ha colocado la pelota del copago en el tejado autonómico. Por eso, no va ser fácil el diálogo, a pesar de la mayoría absoluta del PP y la mano tendida de Convergencia y Unió.

No sólo se trata de revisar las prestaciones de última hora, también hay que fiscalizar el núcleo duro del catálogo o, lo que es lo mismo, darle músculo y definición. “Señalar quién y cuándo se tiene derecho a cualquiera de las terapias, como hacen los anglosajones”, explica el doctor Ricard Meneu. En este sentido, Vicente Ortún, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Pompeu Fabra, opina que no merece la pena embarcarse en experimentos y recomienda fijarse en los inventarios de países como Suecia, Holanda y Gran Bretaña. “Si Holanda no paga la reproducción asistida por qué hacerlo nosotros”, se pregunta. Por último, el economista Guillem López Casanovas, recuerda que los ahorros no sólo derivan de una prestación priorizada, también de sus indicaciones y frecuencia de utilización. Para este experto en salud, atenerse a los criterios de las agencias británica, sueca y holandesa, "resultaría poco costoso desde el punto de vista político y económico". 

Un 'agujero' de 6.300 millones

En cuanto a la factura farmacéutica, Sanidad desea aquilatarla con nuevos sistemas de control del gasto, como la fórmula de retribución de la innovación que los ingleses llaman de riesgo compartido. Es decir, Administración y laboratorios compartirían el riesgo económico que conlleva sacar al mercado un nuevo medicamento. De esta manera, la industria cobraría en función de su capacidad para demostrar que el fármaco puesto en circulación está siendo realmente efectivo.

La deuda farmacéutica asciende en estos momentos a 6.300 millones de euros. Los laboratorios apuestan por su titulación, a imagen y semejanza de las eléctricas. Pero el Gobierno, que estaría obligado a actuar como avalista, teme ceder ante esta nueva petición y verse acorralado por una oleada de solicitudes, las de todos aquellos proveedores que mantienen compromisos económicos con las comunidades autónomas. En cualquier caso, la decisión depende ahora del ministerio de Economía, y la industria teme que la oferta de Luis de Guindos pase por la negociación de una quita, como ha sucedido en Grecia.