Nietos de desaparecidos exigen la justicia que no tuvieron sus padres

La dictadura impidió a los hijos de las víctimas del franquismo reclamar justicia para sus desaparecidos, y han tenido que ser sus nietos quienes exijan “memoria, justicia y reparación” para ellas. Así lo ha explicado esta mañana Josefina Musulén, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, al tribunal que juzga a Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo.

“La generación de los nietos de los desaparecidos pedimos justicia y reparación con la misma dignidad de nuestros padres, pero sin su miedo (…) Las víctimas se educaron en la dictadura, pero los nietos sabemos que tenemos el derecho y el deber de denunciar lo que pasó”, ha dicho Musulén antes de narrar a la Sala el caso de sus abuelos, que fueron detenidos por falangistas el 13 de agosto de 1936.

Su abuelo era militante de la CNT y a su abuela le quedaban unas semanas para dar a luz cuando se los llevaron de casa. Ante la falta de noticias, la hermana del abuelo acudió al cuartel de la Falange para interesarse por su paradero y pedir clemencia para su cuñada embarazada. “Le dijeron que los habían fusilado a los dos, y que a ella la habían reventado la tripa con el tiro de gracia”.

Él si había sido fusilado, pero ella fue ingresada en un hospital para que diera a luz, y después la mataron. El niño desapareció. “Consulté los archivos del hospital, pero muchas hojas de los registros habían sido arrancadas. Hace 33 años que busco su paradero”.

Un rojo cobarde

María Antonia Oliver, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, es nieta de otro desaparecido. En su caso fue su abuelo, a quien los falangistas se llevaron de casa. “Cuando mi abuela acudió al lugar al que llevaban a los detenidos le dijeron que le habían puesto en libertad, y que si no había aparecido por casa era porque era un rojo cobarde que habría huido a Barcelona con otra mujer”, relató María al tribunal. “Mi abuela cerró su herida con su muerte, y yo pretendo que mi madre (la hija del desaparecido), que hoy tiene 83 años, cierre sus heridas antes de morir con justicia y reparación”, concluyó.

Tanto Josefina como María Antonia contaron que con la ayuda de historiadores y juristas comenzaron a investigar e indagar en archivos los casos de sus familiares y amigos, y que poco a poco fueron sumándose otras personas interesadas en conocer el paradero de sus seres queridos.

En el caso de María Antonia, su asociación inició sus trabajos con 86 desaparecidos, y actualmente tienen documentos de 1.600 ajusticiamientos y enterramientos ilegales en más de 50 fosas repartidas exclusivamente en la isla de Mallorca. “En Mallorca no hubo conflicto armado –dijo-. La represión se dirigió contra la población civil, y calculamos que las víctimas ascienden a al menos tres mil, de una población de trescientos mil”.

Crímenes contra la Humanidad

En diciembre de 2006 decidieron denunciar los hechos en la Audiencia Nacional asesorados por sus abogados. “Nos dijeron que eran crímenes contra la Humanidad similares a los que habían sido investigados por los desaparecidos en Argentina (…) Los delitos de desapariciones forzosas no prescriben, son delitos permanentes, por eso pedimos responsabilidades penales y el resarcimiento de las civiles”, dice María.

La acusación ha insistido en la misma estrategia desplegada ayer. En primer lugar centró sus preguntas en saber si antes de presentar las denuncias en la Audiencia Nacional lo habían hecho en otros juzgados territoriales, y si sabían de otras asociaciones o particulares que lo hubieran hecho. Su objetivo es demostrar que no agotaron la vía jurisdiccional, que sería a la que, en todo caso, le correspondería la competencia, que Garzón habría asumido siendo consciente de ello.

Concluyó preguntando a ambas testigos si sus asociaciones habían recibido ayudas o subvenciones públicas. María dijo que en su caso dos: una para pagar a tres becarios que catalogaron y fotografiaron numerosas causas en los archivos militares de Mallorca, y otra para pagar a psicólogos que atienden a las víctimas. Josefina manifestó que ellos habían recibido una única subvención para exhumar a una persona.

Como en jornadas precedentes, a la vista acudieron numerosas personas para mostrar su apoyo a Garzón, que al salir de la Sala se mostraron muy molestas con las preguntas de la acusación sobre el dinero recibido por las asociaciones. “Es cabreante”, decía una de ellas.

La vista se reanudará el próximo lunes con el testimonio de nuevos testigos de la defensa.