Crónicas del despilfarro: Extremadura, el paraíso donde todos aspiraban a ser funcionarios

Era el trabajo más envidiado en toda Extremadura: trabajar para la Junta. En toda la región ha sido siempre un secreto a voces que la Junta de Extremadura era el paraíso de los sueldazos y el enchufismo, donde se premiaba a los altos cargos cesados con sueldos para toda la vida. También el Ejecutivo regional levantó macrodespachos para toda la vida, como el del ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que costó dos millones de euros al erario público. Su sucesor en el cargo, Guillermo Fernández Vara, tiró de talonario público y gastó medio millón de euros para reformar la vivienda oficial destinada a los mandatarios de la Junta. De los presupuestos públicos salían también más de 23 millones de euros para pagar a los más de mil trabajadores de la empresa pública GPEX, que accedieron a su empleo sin oposición. El 'café para todos' se acabó el pasado verano, cuando por primera vez en la historia el lujoso 'cortijo' extremeño cayó en manos de los populares.

La fiesta se acabó con la coronación de José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura, que se estrenó en el cargo eliminando la mochila de privilegios de los antiguos trabajadores públicos. Tampoco hay dinero ya para mantener los 1.623 coches oficiales, el 5% de todos los vehículos oficiales que circulan por España. El nuevo ejecutivo se comprometió en El Confidencial a reducir este parque móvil hasta los 200. Ahora solo disponen de coche oficial los miembros del Consejo de gobierno. Atrás quedaron ya excesos como el de la ex consejera de Economía, Dolores Aguilar, que adquirió en noviembre de 2008 un lujoso Lexus valorado en 68.000 euros que tuvo que devolver y pedir disculpas por el revuelo que ocasionó.

Una de las aspiraciones de Monago es descongestionar el personal de la propia Junta de Extremadura, que cuenta con el servicio de funcionarios más alto de España: una de cada tres personas activas de empleo es funcionaria. Monago está estudiando la situación del sector público en Extremadura para reducirlo y no plantee competencia a la iniciativa privada, que es lo que se pretende incentivar en la región.

En ciernes está todavía cómo reducir el gasto de alquileres de locales para dependencias de la Junta, que suponen un coste de 150.000 euros mensuales. También quiere reducir los sueldos del personal directivo de las empresas públicas, que en algunos casos superan a los de los consejeros. Varios altos directivos de empresas públicas se embolsan 80.000 euros brutos anuales y otras 21 personas se adjudican 65.000 euros.

Una de las prioridades con las que el presidente se 'vendió' ante los extremeños en la campaña electoral fue "adelgazar" el sector público. En menos de un mes en el cargo, redujo de once a siete consejerías; de 40 a 28 los directores generales; de ocho a dos los gerentes territoriales del SES, eliminó los dos delegados de la Junta en Cáceres y Badajoz y cerró las dos oficinas del presidente en las dos capitales de provincia. Unas medidas con las que conseguirá meter en la hucha cuatro millones de euros. Todavía falta por ver qué hacer con el canal público autonómico, que en un año se comió 36 millones de euros, a pesar de que el anterior Ejecutivo prometió no invertir más de 9 millones.

3,5 millones para reuniones, conferencias y atención protocolaria

En el plan de adelgazamiento del PP regional estiman que se ahorrarán entre 100 y 200 millones de euros unificando la gestión de compras y los centros de procesos de datos en uno solo. Hasta ahora, cada consejería tenía el suyo. Se acabó el despilfarro en publicidad y propaganda, en estudios y gastos jurídicos externos, los de representación y dietas de viaje. Tanto Rodríguez Ibarra como Fernández Vara se habían acostumbrado a un tren de vida demasiado alto para una región de poco más de un millón de habitantes. El resultado ha sido una herencia deuda de 2.600 millones de euros, el 2,7% del PIB. En 2010, la Junta gastaba cada día del año 186.700 euros en gastos de publicidad y propaganda. Una cifra a la que hay que sumar 3,5 millones de euros anuales que se destinaron a reuniones, conferencias y atenciones protocolarias.  

Ya solo queda el rastro de lo que fue las secretarías de Extremadura en el Mundo, la de Estudios para laPaz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, cuya asesora regional, Victoria López, se embolsaba 51.000 euros anuales. Todas han quedado incluidas e un solo departamento que se ocupará de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea.