La investigación de los EREs estrecha el cerco a la Junta de Griñán

Se estrecha el cerco judicial al Ejecutivo de José Antonio Griñán. La investigación de los EREs falsos de la juez Mercedes Alaya alcanza ya de lleno a la actual Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía dirigida por Manuel Recio. La investigación de la magistrada sevillana provocó ayer la imputación del actual director general de Trabajo del Gobierno andaluz, Daniel Rivera, y de su antecesor, Juan Mázquez. Rivera y Márquez sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, quien destapó el fondo de reptiles de 700 millones de euros.

En el auto de 42 páginas emitido ayer por Alaya, al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla implica al Rivera de ordenar el 1 de septiembre de 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa. “Los trabajadores fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor”. 

Según el escrito de la juez que acorrala a la Junta de Andalucía con su instrucción, el alto cargo del Gobierno Griñán actuó con idéntico modus operandi al de Guerrero, ordenado pagos con “total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración”. Sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la primera que correspondía a la empresa resuelta por Daniel Rivera. “Curiosamente en dicha resolución alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión”, indica el auto.

El impacto del auto alcanza a equipos de letrados, directivos y sindicalistas. Alaya imputa a los despachos de abogados Garrigues y Villasís por participar en la tramitación de los EREs; así como a dos dirigentes de Comisiones Obreras en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

A pesar de que el Gobierno andaluz no tuvo más remedio que entregar las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha solicitado al Ejecutivo socialista “un cuadro resumen” de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

La juez también pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad. También solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo periodo.

Guerrero, el principal ejecutor de la trama de los EREs falsos, ha sido citado por la magistrada el 23 de febrero a las 10.30 horas para declarar en calidad de imputado, tras testificar el pasado jueves ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confesando que sus decisiones no eran “unipersonales” sino "compartidas" con los consejeros.

La Junta de Andalucía, por su parte, defendió al director general de Trabajo imputado por la juez Alaya. “Se considera poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación”, señaló un comunicado de prensa de la Consejería de Presidencia del Gobierno andaluz. “Los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento.  Es un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso, siempre en defensa del interés público”, añadió.