El fin de ETA deja 'sin trabajo' a 740 policías de los servicios antiterroristas del País Vasco

El cese de la actividad terrorista anunciado por ETA ha reducido considerablemente el trabajo de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil en el País Vasco. La Benemérita cuenta para esta labor con 375 agentes, según sus propios datos, y la Policía con 365 aproximadamente, según la estimación facilitada por fuentes de los propios servicios antiterroristas. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, dijo el mismo día de su toma de posesión que no piensa reducir las plantillas dedicadas a la lucha contra el terrorismo, al menos de momento.

Las fuentes antiterroristas consultadas aseguran que la actividad de ETA en nuestro país es inexistente: la violencia callejera (la cantera de ETA) ha desaparecido por completo; no se han detectado nuevas campañas de extorsión a empresarios; la banda lleva casi dos años sin cometer un atentado mortal, y la izquierda abertzale es legal a través de las coaliciones Bildu y Amaiur, formación con la que gobierna el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Gipúzkoa.

Hechos a los que los servicios de información añaden que las personas que tienen vigiladas por su presunta relación con la banda llevan meses sin moverse. “Los operativos tienen mucho menos trabajo y los analistas de información se limitan a realizar informes de evaluación de escaso contenido para el ministro. Si ETA se disuelve es obvio que tendremos que reciclarnos”, dice un miembro de los mismos.

El ministro y la tesis del retorno de ETA.

Sin embargo, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, no lo tiene tan claro y duda de que el “cese definitivo” de la violencia no tenga marcha atrás, sino todo lo contrario. Así lo ha afirmado en sus últimas declaraciones públicas, con las que ha dejado en el aire la tesis del retorno de ETA.  

La detención el pasado día 14 en Francia de Iñaki Sancho, Rubén Rivero y Jon Etxeberría con numerosos documentos de identidad falsos y materiales que puede ser utilizado en la fabricación de explosivos, llevó al ministro a afirmar el lunes que los detenidos intentaban reconstruir el aparato de logística de la banda de modo “latente”. Fernández Díaz fue más allá y dijo que la Policía había detectado extorsiones a comerciantes por parte del entorno de la banda, aunque eludió hablar del denominado “impuesto revolucionario”.

La Ertzaintza desmintió que ETA haya puesto en marcha una nueva campaña de extorsiones, y la propia patronal vasca, Confesbak, dijo que no tenía constancia de las mismas. La recogida de dinero a la que se refería el ministro tuvo lugar la pasada Navidad y forma parte de las campañas que la izquierda abertzale organiza cada año para recaudar fondos de los comerciantes que luego reparte entre los presos y sus familias.

Desmentido de Ares.

El ministro se reunió el pasado martes con su homólogo del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y aprovechó su primera visita al País Vasco para reiterar que existen “movimientos” en la banda para “mantener una estructura larvada en la clandestinidad”. Su interlocutor le desmintió ayer en Radio Euskadi. Ares dijo que todos los informes de los servicios antiterroristas confirman que “no está habiendo amenazas, ni actos terroristas, ni extorsión a empresarios”, y añadió que no hay ningún motivo para pensar que ETA esté pensando en volver a la actividad terrorista (…) otra cosa es que sigue existiendo y desarrolla actividades para mantenerse en la clandestinidad”, contextualizó las últimas detenciones.

Ayer se produjo una cuarta detención en el país vecino, la de Ernesto Prat Urzainki, huido desde 2008, que tenía una orden de busca y captura internacional por su militancia en EKIN.