Rajoy expulsa al PSOE del CGPJ y le deja sin su último reducto de poder

La reforma que ultima el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsará al PSOE de su último reducto de poder. Los socialistas todavía disfrutan de una mayoría progresista en el gobierno de los jueces, pero su dominio desaparecerá cuando los integrantes de este órgano sean elegidos por los propios magistrados, en lugar de por el Parlamento. Para el partido que se disputan Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón se trata de una muy mala noticia, ya que la mayoría conservadora que impera en la carrera judicial reducirá notablemente su influencia en uno de los pilares fundamentales del Estado.

Tras perder la Moncloa, así como los gobiernos de la mayoría de comunidades autónomas y ciudades importantes, el PSOE continúa cediendo sus últimos bastiones de poder ante los populares. La inquietud se disparó el martes entre los socialistas al adelantar Soraya Sáenz de Santamaría la reforma del CGPJ, y los peores temores se confirmaron ayer con la comparecencia parlamentaria de Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro de Justicia anunció que el Gobierno cambiará el mecanismo de elección de los miembros del Poder Judicial, de modo que el Parlamento seleccione a ocho de los veinte vocales, mientras los magistrados se encargan de escoger es los doce restantes.

De esta forma, el PP recupera el sistema que se utilizó hasta 1985, cuando comenzó el sistema actual en el que Congreso y Senado eligen a la totalidad de los vocales. Además, Gallardón advirtió que los juristas que deben ser votados por las Cortes no podrán ser “objeto de intercambio político”. En la práctica, aunque la reforma propugne la “despolitización” de la Justicia, supone reducir el peso de la izquierda en la judicatura, ya que la mayoría de los jueces se adscriben en asociaciones conservadoras.

Por ello, los socialistas se oponen frontalmente a la reforma. Rubalcaba arremetió contra el Gobierno por “romper el consenso” en materia de Justicia, mientras que el portavoz socialista en esta materia, Julio Villarrubia, acusó al PP de “preferir que haya una elección gremial o corporativa” en lugar de una parlamentaria. A su juicio, supone una “contrarreforma y la ruptura de todos los consensos, así como hurtar al Parlamento uno de los poderes del Estado”. “Es un ataque frontal que no vamos a permitir”, concluyó.

Pero bajo las críticas a la ruptura del consenso se encuentra la verdadera razón de la oposición del PSOE. Los socialistas son conscientes de que el PP ha encontrado la forma de mantener a largo plazo su control sobre el CGPJ, incluso si pierde la mayoría parlamentaria y vuelve a ser desalojado del Gobierno. Y es que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura es la mayoritaria entre los jueces, seguida de la Asociación Francisco de Vitoria, una escisión de la primera, mientras que en tercer lugar se sitúa la progresista Jueces para la Democracia.

Guerra de nombramientos

Este escenario supone que los conservadores decidirán sobre todos los nombramientos relevantes, situando al frente de los Tribunales Superiores de Justicia a magistrados de su corriente, y dibujando un mapa judicial poco afín al PSOE. De hecho, este tipo de designaciones ya han sido motivo de controversia en el seno del CGPJ en los últimos años, dividiendo al sector progresista, cuyos miembros reconocen que han sido incapaces de aprovechar su mayoría.

Los procesos contra Baltasar Garzón también han fracturado al actual bloque próximo al PSOE, enfrentando a figuras como Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, y Manuel Gómez Benítez, miembro del equipo negociador con ETA y abogado de Garzón. En lo que sí se ha mostrado unido el CGPJ en los últimos meses es en su enfrentamiento con el ex fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, así como en su intento de condicionar los planes del ex ministro Francisco Caamaño para agilizar los procesos judiciales, que ahora están en el tejado de Gallardón.