Rajoy penará el despilfarro, liquidará el sector público ineficaz y auditará RTVE

Reforma del Código Penal para castigar el despilfarro de los servidores públicos, auditoría de las cuentas de RTVE, eliminación del Consejo de Medios, ahorro de 400 millones en cargos públicos… La vicepresidenta del Gobierno ha desgranado en su primera comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados las líneas principales de lo que pretende ser la ‘hoja de ruta’ de Mariano Rajoy para poner fin a la sangría del déficit público.

Soraya Sáez de Santamaría ha avanzado que el Ejecutivo encargará una auditoria completa de las cuentas de RTVE para ver dónde se puede ahorrar y ha confirmado la desaparición del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) porque no es "conveniente" ni "necesario". Mañana se reunirá con los miembros del Consejo de RTVE para analizar el ajuste presupuestario que el Gobierno aprobó en su segundo consejo de ministros de 200 millones de euros.

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia también ha confirmado que el Ejecutivo promoverá una reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, que no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que genera consecuencias a quién malgasta", ha defendido la número dos del Gobierno. ¿Y quién responderá ante la ley penalmente? Sáenz de Santamaría asegura que se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones". En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno".

En cuanto a la austeridad, la vicepresidenta ha cifrado en 4,4 millones de euros el ahorro que ha obtenido el Ejecutivo "sólo en gastos de personal", gracias a que se ha "eliminado casi un 20% de los altos cargos". Ha recordado el programa de reducción de la Administración que se puso en marcha "antes del primer Consejo de Ministros" y, como ejemplo, ha citado el Ministerio que dirige, que "ha reducido en un 42% las direcciones generales y en un 30% el gabinete de la Vicepresidencia".

Además, ha avanzado que el siguiente paso será "el redimensionamiento" de "todo el sector público empresaria y fundacional" y ha avanzado que se tomarán tres medidas de manera "inmediata": el recorte del número de organismos, la fijación de "criterios de homologación de las retribuciones" de directivos y consejeros y la reducción del número de miembros de los Consejos de Administración.

Menos uso de aviones oficiales

También ha defendido que todos los cargos públicos tienen que ser "los primeros" en hacer "un esfuerzo" ante la crisis y ha anunciado que el Gobierno "limitará estrictamente el uso de aviones oficiales" a viajes de trabajo que los necesiten "por razones de urgencia, seguridad, dificultades de acceso o eficiencia".