Mas subvenciona con 60 millones a la ‘oligarquía’ de la educación catalana

El Gobierno catalán destinó, el año pasado, 80 millones de euros en subvenciones para cursos de formación ocupacional. De ellos, 20 millones fueron para ayuntamientos, pero los 60 restantes se destinaron a iniciativas particulares, o sea, a empresas, fundaciones o asociaciones que imparten cursillos que, al fin y al cabo, son pagados con fondos públicos. Y ahí es donde entran en escena los pesos pesados del sector y los que tienen inmejorables vínculos con la elite política.

Sólo hay cuatro organizaciones que superaron el millón de euros en subvenciones. Una destaca por encima de las demás: 1.440.652,50 euros para la Fundació Emi-Manresa. La Fundación Privada Cecot Formació, controlada por la patronal Cecot (integrada dentro de Fomento) recibió también una cantidad nada desdeñable: 1.382.254,50 euros para cursos de formación. Y la compañía Premià Invest SL alcanzó 1.193.575,50 euros. 

El propietario de esta última, Josep Anton Gil, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Centros de Formación no Reglada de Cataluña (Facec) y consejero del grupo Inmark. En Adalid Inmark, precisamente, era socia la empresa Staf, Servicios Técnicos de Apoyo y Formativos, que también recibió el año pasado 400.344 euros. Curiosamente, Anton Gil había sido, en el año 2002, militante de ERC e incluso había presidido la junta local de los republicanos. Su esposa, Anna Maria Martínez, había integrado también l lista de ERC a las municipales en algunas contiendas electorales.

La cuarta empresa que supera el millón de euros es Centre d’Estudis Prat, con 1.057.068 euros, propiedad de Núria Prat. Según algunas fuentes consultadas, esta empresa “es una de las clásicas en la formación de Cataluña” y no hubo problemas nunca con la justificación de las subvenciones recibidas.

Una perspectiva engañosa

Pero la perspectiva es engañosa si sólo se miran las subvenciones individuales. Porque, en este terreno, los grandes pesos pesados del sector de la enseñanza ocupacional tienen mucho que decir. El caso más paradigmático es el de Jaume Cortadellas, que había sido presidente de la organización Cafocc que agrupa a centros de formación ocupacional y que fue uno de los impulsores de la Mesa Catalana de Organizaciones Representativas de la Formación Ocupacional y Continua (Mecorfor), puesta en marcha por el anterior Gobierno de CiU en el 2003. Cortadellas, el año pasado, recibió dinero por varios sitios: a través de la empresa SC2 Formació, le llegaron 537.312 euros; a través de Cmap, otros 473.967; y a través de BRM Previform, 316.092 euros. En total, pues, 1.327.371 euros. Las dos primeras empresas tienen su sede en Barcelona, mientras que la tercera la tiene en la localidad tarraconense de Batea. Una fuente que conoce a este empresario (cuyas empresas son controladas por él, su esposa y su hija) señaló a El Confidencial que está considerado “un hombre independiente, aunque con ciertas inclinaciones hacia el ideario de CiU y con muchos amigos en la política”.

Otro de los pesos pesados del sector también se lleva un buen bocado: se trata de Carlos Camí, presidente de la Confederación Catalana de Centros Autónomos, de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza de Barcelona (ACAE) y director de Stucom. Camí recibió 339.296,25 euros a través de Centre d’Activitats Professionals del Vallès SL, pero también 157.604,25 euros a través de Cavear, otra cantidad exactamente igual a través de Centro de Estudios Medios y Profesionales SA y 55.584 euros a través de Stucom. En total, 710.088,75 euros.

Un grupo articulado alrededor de la Fundació Tr@ms (cuyo objeto es el fomento de las nuevas tecnologías) también tuvo un buen pellizco. El presidente de esta fundación, Xavier Sanuy, es administrador de Disseny Educatiu, una empresa que se embolsó 672.323,25 euros. Dentro del patronato de Tr@ms están también la Fundación Sant Gervasi, dependiente de la Escola Sant Gervasi, que se embolsó 456.876 euros. Un tercer componente, el Centre Escolar Empordà, obtuvo sólo 58.684,50 euros.

Empresa investigada

No deja de ser curioso también la inclusión en la lista de algunas empresas que habían estado implicadas en los escándalos que salpicaron los últimos Gobiernos de Jordi Pujol. Es el caso de Centre Català d’Estudis Tècnics i Administratius, que se llevó 123.912 euros. Esta empresa es propiedad del militante de Unió Manuel Flores, que en enero del 2003 tuvo que declarar ante el juez a raíz de la investigación del denominado “caso Pallerols” (supuesto desvío de dinero de fondos destinados a la formación ocupacional para financiar a CiU durante los años 90). Fuentes de la Administración destacan que esta empresa, pese a todo, no resultó finalmente imputada y que durante los últimos años ha accedido a las subvenciones que reparte el Gobierno e, incluso con el Tripartito, obtuvo ayudas superiores a las del año pasado.