Garzón pide al Supremo que le trate como a Botín y archive la causa

El juez Baltasar Garzón ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le juzga por investigar los crímenes del franquismo que le aplique la “doctrina Botín”, según la cual en los procedimientos abreviados no puede abrirse juicio oral cuando solo acusa la acción popular, como es el caso.

Gonzalo Martínez Fresneda, abogado del magistrado, ha aprovechado también el turno de exposición de las cuestiones previas para acusar de parcialidad al juez instructor, Luciano Varela, de quien ha dicho que dirigió a las acusaciones y tomó partido a su favor. En definitiva, que fue él quien prevaricó y no su defendido.

La defensa dijo que tanto el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias como la Asociación Libertad y Justicia, que reclaman 20 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación, carecen de “legitimidad” para ejercer la acusación popular al no haber acusación particular y considerar el Ministerio Público que el magistrado no ha incurrido en ningún delito.

Martínez Fresneda recordó al tribunal que el Supremo archivó en 2007 la causa seguida contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad por haber ofrecido a sus clientes productos financieros fiscalmente opacos, al haber sido acusados únicamente por la acción popular. “Mi defendido tiene derecho a que se aplique la doctrina Botín”, dijo el letrado defensor. “El delito de prevaricación –continuó- necesita de una acusación particular, exige la existencia de perjudicados” por la  actuación del juez, que en este caso no existen.

El letrado de Garzón no olvidó que por la misma razón por la que el Supremo archivó la causa contra el presidente del Santander condenó un año después al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario de Batasuna. Manos Limpias ejerció también entonces la acusación popular, que el tribunal consideró suficiente al tratarse de un delito, el de desobediencia, en el que no puede haber un concreto perjudicado. El fallo fue recurrido al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.

Martínez Fresneda ha dicho que el “caso Atutxa” es una excepción que se justifica porque la desobediencia de Atutxa no perjudicó a nadie la acusación se justificaba en una percepción de la defensa de los intereses sociales que, en su opinión, no se da en la causa contra Garzón. El abogado ha aprovechado para recordar al tribunal que el instructor de la causa, Luciano Varela, formó parte de la sala que entendió de este caso y emitió un voto particular contra la condena invocando el “criterio de igualdad”, y ahora ha cambiado de opinión.

La aplicación de la “doctrina Botín” no ha sido la única cuestión previa planteada por la defensa, que ha reclamado también la nulidad de la causa porque los escritos de acusación no cumplían las exigencias legales mínimas y no debían haber sido admitidas a trámite. Esta cuestión le ha servido a Martínez Fresneda para acusar al instructor, Luciano Varela, de haber orientado a las acusaciones para que subsanaran los errores e de sus escritos. Pese a ello, el letrado ha sostenido que el escrito de éstas es “inconcreto y copia literal de un auto del instructor”.

“No hay una acusación autónoma  (…) – dijo Fresneda- el instructor ha sido parcial y ha reorientado a las acusaciones y tomó partido”. Según el letrado, Varela lo hizo para tener una excusa para dictar la apertura de juicio oral, que sirvió para suspender a Baltasar Garzón de sus funciones y obligarle a abandonar la Audiencia Nacional. Una acusación muy grave porque presupone que Varela adoptó resoluciones que sabía injustas.

La defensa ha criticado al instructor y a la Sala que no haya admitido la mayoría de las pruebas propuestas, como la declaración como testigos de varios magistrados internacionales. “Se nos dice que Garzón esta tomando medidas que no toma nadie, y no es verdad, porque lo que él ha hecho se defiende por el ancho mundo” y, pese a ello, “se impide que comparezcan otros magistrados que han actuadote la misma forma que mi defendido.

Las acusaciones han rebatido la posición de la defensa argumentando que la sentencia del “caso Atutxa” no es contradictoria con la del “caso Botín”, sino “una aclaración, una evolución de la primera”, y ha insistido en que no se puede condicionar el interés público a la existencia de un perjudicado.