Esperanza Aguirre vuelve a irritar a Gallardón y desata una 'guerra' con la Audiencia Nacional

Esperanza Aguirre sigue dando quebraderos de cabeza al exalcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha elaborado un informe en el que denuncia las "graves dificultades" a las que se enfrenta para seguir tramitando el caso Gürtel, que instruye ahora el magistrado Pablo Ruz, por la "carencia de medios materiales y personales". Y apunta directamente a la Comunidad de Madrid como responsable de ese bloqueo.

El Tribunal Supremo avaló el pasado mes de noviembre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de inhibirse en el caso Gürtel y devolverlo a la Audiencia Nacional para que Ruz continúe el procedimiento, después de que los tres parlamentarios regionales del PP imputados en la causa -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- perdieran su condición de aforados. La causa regresa, así, al mismo tribunal que inició la investigación hace casi tres años, cuando Baltasar Garzón era el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El TSJM remitió el pasado 20 de diciembre a la Audiencia Nacional, cargados en un camión de mudanzas, los 671 tomos con todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento por el juez Antonio Pedreira, anterior instructor del caso, para que Ruz tome el relevo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 deberá ahora decidir si sienta en el banquillo de los acusados a los 88 imputados -llegó a haber 117- en la trama corrupta que se benefició de contratos millonarios adjudicados por ayuntamientos del PP. De momento, sólo Francisco Correa y Pablo Crespo, presuntos cabecillas de la red, están en prisión.

El problema es que Ruz no puede seguir adelante con el procedimiento sin la colaboración expresa de la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Y el Ejecutivo de Aguirre, según se desprende del informe elaborado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, no ha hecho más que poner obstáculos a los requerimientos de la Audiencia Nacional.

Discos duros, servidores informáticos, funcionarios...

El TSJM ha comunicado al juez Ruz que no puede entregarle el disco duro en el que está grabada la tramitación informática del procedimiento, que contiene todas las resoluciones dictadas en la causa, "por pertenecer dicho soporte a la Comunidad de Madrid". Con ese mismo argumento, el TSJM ha rechazado traspasar a la Audiencia Nacional el NAS o Network Attached Storage, un disco duro que puede conectarse a varios ordenadores al mismo tiempo y en el que se almacena la vasta documentación intervenida en los registros policiales llevados a cabo desde que estalló el caso Gürtel.

El juzgado de Ruz tampoco ha visto satisfecha su petición para que la Comunidad de Madrid le ceda el uso del servidor informático contratado en su día por la Consejería de Justicia "al no ser ya necesario para dicho órgano judicial [el TSJM] por haber remitido el procedimiento". Ese servidor específico permitía a todas las partes personadas en la causa el acceso a la notificación de miles de resoluciones y documentos "incapaces de soportar otros sistemas", según señala el informe elaborado por la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Confidencial. Para agravar la situación, el sistema de gestión procesal que utiliza el TSJM es incompatible con el Minerva de la Audiencia Nacional.

La Comunidad de Madrid también ha rechazado trasladar temporalmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 el equipo de funcionarios judiciales "exclusivamente adscritos a la instrucción del procedimiento y con prolongación de jornada" que el juez Pedreira tenía a su disposición en el TSJM. Ruz había solicitado ese personal de refuerzo para acelerar la tramitación de la causa. Pero el informe lamenta la "ausencia de disposición" para que los funcionarios de la Comunidad de Madrid, cuando menos, ayudaran a la formación de un nuevo equipo de apoyo.

Ruiz-Gallardón ha heredado de su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, la patata caliente de la digitalización judicial, un proyecto incluido en el Plan de Modernización de la Justicia anunciado a bombo y platillo en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caamaño se comprometió a que la Audiencia Nacional se convertiría en la primavera de 2011 en el primer tribunal español con papel cero, pero el proceso se encuentra prácticamente paralizado.