Politizados y sin independencia: los magistrados suspenden en España

Malas noticias para la judicatura española. Los jueces españoles vuelven a estar en el punto de mira y, después de que el Parlamento blindara 'in extremis' los privilegios de jueces y fiscales metidos a políticos, la organización Transparencia Internacional les ha puesto nota. Y los resultados no han sido muy buenos. Según la ONG nuestros fiscales subordinan su "plena independencia" a "ciertos compromisos políticos" y destaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada en España.

Los resultados provisionales del Proyecto ENIS-España dibujan una judicatura que actúa "normalmente" con ética, responsabilidad y rigor, pero donde las malas prácticas no son castigadas como deberían. Según Fernando Santa-Cecilia, catedrático de Derecho Penal en la UCM, "en líneas generales el 90% de la judicatura está en una situación respetable e incluso envidiable con otros países, y cumple la función jurisdiccional con bastante respeto, pero siempre hay excepciones. Si hay casos de jueces que se corrompen o supedita su función a otros intereses. y el derecho penal probablemente no está siendo suficientemente contundente". 

"La gran asignatura pendiente que tenemos es el estrecho ligamen que existe entre la judicatura y la política, como por ejemplo en el Consejo General del Poder Judicial", añade el catedrático. 

Y no le falta razón. Son muchas las voces dentro de la judicatura que se han levantado en contra del sistema de votación del CGPJ. Por si fuera poco, el pasado 23 de octubre el Parlamento modificó la Ley que varía el régimen actual de los jueces y fiscales que ocupaban un puesto de confianza o un cargo de elección política. Hasta la entrada en vigor de esta modificación, todos aquellos que se habían pasado a la política estaban en un régimen de ‘excedencia voluntaria’, lo que ni acumulaba antigüedad ni le garantizaba el retorno a su plaza. Pero ya no. Ahora, todos los jueces, fiscales o secretarios judiciales que tengan pensado incorporarse a algún partido político o ya lo hayan hecho, podrán conservar antigüedad, seguir tributando y volver a la plaza que tenían antes de su aventura política al estar considerados en “régimen especial”. Es decir, como si nunca hubiesen abandonado la Justicia. Lo que puede dar casos tan estrambóticos como que existan jueces juzgando casos tras haber trabajado 15 años para un grupo político determinado, o que desempeñen un cargo de relevancia después de haber abandonado la judicatura durante toda su carrera profesional. Algo que Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya calificó en su momento y de forma brillante como que "Justicia y Política pasan del flirteo más o menos disimulado a la orgía pública y desbocada”. 

Para Jesús María Zarzalejos, profesor asociado de Derecho Procesal, “que un juez vuelva al puesto que tenía antes de empezar la actividad política genera sospechas. Lo ideal sería que el juez que se dedica a la política no vuelva a la judicatura. La actividad política resta imparcialidad manifiesta al juez”. “Este tipo de magistrado que vuelve a la judicatura puede ser una fuente de problemas, aunque todo depende de la actitud de cada uno. Salvo excepciones, lo mejor es que se haga una regla de oro. Ser juez es como ser sacerdote”, añadió Zarzalejos.

Según Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo,  “la justicia debe estar enfocada a la neutralidad política, y el PP y PSOE no creen en ella. Un juez debería de estar al margen”.

El problema del CGPJ

La ONG, con sede en Berlín, censura que el órgano de control del Poder Judicial está "fuertemente politizado" y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una "relativa influencia política". "Existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos", advierte.

Transparencia Internacional recomienda aprobar "una Ley de responsabilidad judicial", que contemple la comparecencia anual del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las Cámaras y una regulación "más eficaz" de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas. Para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, sugiere que sus vocales sean elegidos "por sorteo" entre magistrados calificados y abogados y juristas de reconocido prestigio, que afronten "una entrevista selectiva pública posterior" en el Parlamento.

En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. "Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia", señala.

La organización internacional también emplaza a eliminar los privilegios de personas que gozan de la condición de aforados, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional. "La posibilidad de conseguir un magistrado especial y protección extra son demasiado evidentes como para permanecer impasibles frente a esta realidad", señala en referencia a los aforados. Además, insta a crear un código ético del diputado y a actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.