CiU despolitizará las ‘embajadas’ catalanas a cambio del apoyo del PP

Algo se mueve en el panorama político. Al menos, entre Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU). La ‘entente’ entre ambos es un hecho que, día a día, escribe un nuevo capítulo. El último, CiU acepta poner al descubierto el gasto de las ‘polémicas’ embajadas a través de una moción del PP que apoyaron los propios convergentes y que reclama hacer de las ‘embajadas’ unas delegaciones comerciales coordinadas con el Gobierno central. El siguiente objetivo serán las subvenciones ideológicas.

El PP quiere que se visualice que alguna influencia tiene sobre el Gobierno catalán: los populares presentaron ayer una moción en el Parlamento para que la Generalitat dé cuentas anuales de los gastos que generan las delegaciones en el exterior. Dicho en otras palabras, lo que cuestan las llamadas ‘embajadas’ catalanas, con oficinas abiertas en París, Londres, Nueva York, Bruselas y Berlín, después de que se haya cerrado el pasado 1 de enero la de Buenos Aires.

La moción, que contó con el apoyo de CiU -lo que demuestra, además, la buena sintonía entre ambos partidos, mientras que PSC y Ciutadans se abstuvieron y el resto de grupos votó en contra-, obliga al Gobierno a “dar absoluta prioridad y reforzar la red exterior de centros de promoción de negocios de ACC1Ó [la empresa pública que se encarga de este cometido] y las plataformas empresariales de la Generalitat en el aterrizaje de empresas catalanas en el exterior”. Y apuesta por “garantizar el máximo nivel de eficiencia de estas oficinas y coordinarse adecuadamente con otras instituciones del Estado de análoga naturaleza”. Según el diputado que defendió la moción, Juan Milián, lo que se pretende es “acabar con el modelo caro y politizado de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero”.

Fuentes de la cúpula del PP reconocieron a El Confidencial que la rebaja de la politización de las embajadas “es un tema que ya habíamos acordado el año pasado, cuando permitimos que Artur Mas aprobase los presupuestos para el 2011”. Sin embargo, reconocen que no está claro que, a pesar de lo que se comenta en algunos círculos políticos, el Gobierno catalán publique cada año el coste detallado de cada una de las delegaciones. “CiU no se comprometió a publicar cada año los gastos detallados -añaden las mismas fuentes-. Pero haremos públicos los números a través de preguntas al Ejecutivo, ya que no se pueden ocultar estas cifras”.

El primer decreto del 2012 que firmó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue la destitución del embajador catalán en Berlín, Martí Estruch, que había sido nombrado por el anterior vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira. Era el decreto 1/2012, con fecha de 3 de enero. No es una casualidad. Artur Mas puso en marcha determinadas medidas de austeridad que, convenientemente adobadas con un poco de la salsa del PP, ha ido dando algunos resultados que no pasan desapercibidos. Porque, además, dos días antes de que fuese destituido Martí Estruch, o sea, el 1 de enero, desaparecía la embajada catalana en Buenos Aires, la última partícula que quedaba en tierras argentinas de las pretensiones internacionalistas e independentistas del ex vicepresidente Carod.

Este de las ‘embajadas’ es el primer paso de una entente que promete llevar la tranquilidad al Gobierno de Artur Mas, que sólo tiene 62 diputados en un Parlamento donde la mayoría absoluta se sitúa en 68. Con los 17 diputados del PP, en cambio, podría gobernar con holgura.

Para ello, CiU tiene que ceder algo a cambio. La despolitización de las embajadas es la primera moneda de cambio. La más visible. El desbarajuste económico propiciado por la política del anterior vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira no gustaba ni siquiera a algunos sectores de su propio partido. En París, por ejemplo, había puesto a su hermano, Apel.les Carod, al frente de la embajada, con sueldo de director general pero con jornada laboral y cometido ignorados. Hasta ahora, se ha suprimido la oficina de Buenos Aires y se han eliminado a dos embajadores, Martí Estruch y Xavier Solano, que era el responsable de la oficina de Londres. Además, se destituyó a Apel.les Carod para sustituirlo en París por Miquel Vila. Y en Bruselas, Artur Mas optó por otro hombre de su confianza:  Joan Prat. “Lo que queremos es que los nombramientos se ajusten a un perfil económico y no político. Y CiU ya ha hecho pasos en el sentido de racionalizar este tema”, afirman fuentes del PP.

Ahora, a por las subvenciones

El segundo paso está al llegar. Se trata de la criba de las subvenciones que concede el Gobierno catalán cada año. O sea, hablamos de centenares de millones de euros. Los populares han hecho llegar a Artur Mas su exigencia de que, dados los presupuestos restrictivos que se aprobarán, los recortes comiencen por las “subvenciones ideológicas”. Es decir, “de aquéllas que no tengan una voluntad de servicio y sólo se conceden para mantener los privilegios de unos cuantos. De lo que puede estar segura CiU es de que estudiaremos particularmente cada una de las partidas y trataremos de eliminar las subvenciones que no se ajusten a esos parámetros”.

Los acuerdos no serán muy difíciles, porque las relaciones entre ambos partidos son fluidas. Ayer mismo, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se reunió durante casi una hora con el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell en las propias dependencias del Parlamento. Fue, aseguran las fuentes consultadas, una reunión cordial. “Estuvieron en el despacho y luego aprovecharon para desayunar en el bar de la cámara”, dice una fuente oficial.

En el encuentro, hablaron de muchas cosas, pero especialmente de tres temas que están sobre la mesa y que van a marcar la agenda política durante las próximas semanas o meses: las enmiendas que el PP pueda presentar en el Parlamento catalán a los presupuestos que Artur Mas presenta para el 2012, las enmiendas que CiU quiere presentar a los presupuestos generales del Estado que prepara Mariano Rajoy y la intermediación de la propia Alicia Sánchez-Camacho en el despliegue del Estatuto. O sea, el papel que le corresponderá como pivote en las relaciones entre el Gobierno central y el gobierno autonómico y entre los dos partidos.