El Gobierno catalán cierra filas en torno a los altos cargos que investiga Anticorrupción

El director de la Oficina Anticorrupción de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, decidió esta semana abrir una investigación de oficio sobre las presuntas incompatibilidades del presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), es decir, el jefe de la sanidad pública catalana, Josep Prat, por estar al mismo tiempo de presidente del grupo Innova y en el consejo de administración de la compañía privada USP Hospitales, de la que es vicepresidente. ¿Es incompatible? Desde la Administración se afirma que no. Desde la oposición, es dudosa esta dualidad de responsabilidades. Y, si no es ilegal, al menos es poco ético. Además, fuentes oficiales de la Generalitat manifestaron a El Confidencial que Prat cuenta con todo el apoyo del consejero de Salud, Boi Ruiz. “No ha habido ninguna ilegalidad en la compatibilización de cargos y no va a haber cambios en el organigrama”, dicen las fuentes consultadas.

El Grupo Innova es un grupo municipal de Reus (Tarragona) y allí fue donde saltó la liebre: la oposición municipal pidió al alcalde datos sobre el salario de Prat y el detalle de todos los gastos de la compañía. Al no obtener respuesta, la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), una plataforma independentista que logró un concejal, comenzó a investigar el asunto y, al final descubrió las responsabilidades privadas de Prat. Acabó enviando el tema a la fiscalía de la Audiencia Nacional y, paralelamente, la OAC, creada precisamente para investigar estos asuntos, medió también en el conflicto. Prat, lo mismo que el Ayuntamiento, se había negado siempre a desvelar su salario en Innova, de la que sigue cobrando. Por su cargo en el ICS, sin embargo, no cobra sueldo, sino sólo dietas. El grupo municipal le permite, además, formar parte de las cúpulas directivas de sociedades como Gestió de Serveis Funeraris Reus, Ginsa Serveis Integrats de Gestió, Laboratori de Referència Camp de Tarragona Terres de l’Ebre, Sagessa Assistència Sanitària i Social, Aigües de Reus o Sanejament Ambiental.

Prat, no obstante, tiene muchas más ocupaciones: es consejero delegado de la inmobiliaria Wanplais y consejero de Shirota Functional Foods, una empresa de tecnología alimentaria. Lo grave del caso, sin embargo, es su doble condición de jefe de la sanidad pública catalana y, a la vez, vicepresidente de USP Hospitales, una empresa del mismo sector en el que él manda. Con motivo de este cargo, también forma parte de los consejos de varias compañías, como los de la Clínica Maternal Nuestra Señora de la Esperanza, USP Mediplan Sport o USP Araba Sport Clinic.

Para la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Carme Capdevila, estas vinculaciones “era del todo excepcionales, poco éticas y faltas de legitimidad moral”. Esta formación había encargado un informe jurídico de expertos independientes que dictaminase “su compatibilidad al frente del ICS siendo, a la vez, uno de los máximos responsables de un proveedor de este organismo, Innova, y que fuese, en último término, el que decidía las subvenciones que recibe la Fundación vinculada a USP Hospitales”.  Tanto PP como Ciutadans han pedido ya la comparecencia del consejero Boi Ruiz para que explique los criterios seguidos para nombrar a sus altos cargos.

Las explicaciones de Prat

El propio Prat envió a los profesionales del ICS una carta esta semana dando cuenta de su dimisión en las empresas de las que forma parte. “Aunque la compatibilidad de estos cargos con la de presidente del consejo de administración del ICS es legal, legítima y no excepcional, no quiero que, en ningún caso, la imagen y el prestigio del ICS  y, por extensión, de la Generalitat de Cataluña, puedan quedar afectadas. Es por esto que he decidido dedicarme de forma prioritaria al encargo que me ha confiado el Gobierno de la Generalitat y que no es otro que encabezar un proyecto ilusionador que nos permitirá transformar el ICS en una empresa pública moderna y adaptada a las necesidades de salud de la ciudadanía a la que damos servicio”, decía en la misiva. La OAC pedirá a la Generalitat la próxima semana toda la documentación para conocer si se pudo haber producido alguna irregularidad en la gestión del alto cargo.

Este organismo fiscalizador, sin embargo, ha extendido su investigación a Ramon Bagó, ex presidente del Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC). Bagó, amigo personal de Jordi Pujol y ex alcalde de Calella y ex director general de Turismo de la Generalitat durante más de una década, es presidente del grupo Serhs, el mayor grupo de servicios a la hostelería y al turismo de Cataluña. Del Consorcio dependen unos 70 hospitales catalanes, algunos de los cuales adjudicaron a Serhs sus servicios de cocina y restauración, por lo que puede haber algún tipo de incompatibilidad al mantener intereses en los dos lados.

Para el portavoz de C’s, Jordi Cañas, “alguien que tiene responsabilidades públicas no puede defender intereses privados en el mismo sector”. Y advierte: “Que el consejero no haya obligado a renunciar a sus cargos hace que penda la sombra de la sospecha de un posible tráfico de influencias y adjudicaciones poco transparentes”. Cañas califica de “auténtico escándalo” la dualidad de Prat y Bagó y subraya que este último incurre además en una “incompatibilidad ética”, puesto que tiene “capacidad de contratación de servicios públicos” y está a su vez en el consejo de administración de Serhs, una empresa adjudicataria de dichos servicios.

Pero no son los únicos altos ejecutivos que compaginan sus cargos oficiales con negocios privados. Dentro del ICS, el responsable de la Dirección Adjunta y Asuntos Asistenciales, Jaume Benavent, compagina este cargo con el de gerente de Gesclinic, una empresa dedicada a la gestión hospitalaria englobada dentro del complejo del Hospital Clínico de Barcelona. Y el director del área Económica y de Organización, Santiago Cardona, es el propietario de la empresa Ona Fruit, creada el 2 de enero del año pasado. Meses después, dimitió de su cargo de administrador único de la misma. El responsable del área de Infraestructuras y Servicios Técnicos, Miquel Pujol, por su parte, figura también como administrador de la inmobiliaria Impuga.

Situación similar en GISA

En otros ámbitos de la Administración sucede algo parecido. Por ejemplo, el presidente de Gestió d’Infraestructures (GISA), Joan Lluís Quer, el gran holding del que depende toda la obra pública de Cataluña, tiene fuertes intereses en los sectores de la ingeniería y asesoramiento empresarial. Tras ser nombrado presidente de GISA hace un año, también fue nombrado, sucesivamente, presidente de Regsa, de Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (Ifercat) y, posteriormente, de Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsega). Todas ellas eran empresas públicas que estaban adscritas, hasta esta legislatura, a diversas Consejerías. Con los nuevos criterios aplicados por el Gobierno de Artur Mas, Quer se convirtió, en poco más de dos meses, en el hombre clave del sector económico de la Generalitat, con control directo desde el gabinete de la Presidencia.

En los últimos años, puso en marcha distintas sociedades de ingeniería y asesoría en las que invirtió unos 2,5 millones de euros. El 18 de febrero del año pasado, sin embargo, cesó en varios cargos que detentaba en varias de las compañías que controlaba, como Auding-Auditorías e Ingenierías, AudingIntraesa, Promotora d’Enginyeria i Auditoria Catalana o Epler Invest. Sin embargo, a pesar de sus nuevas responsabilidades en la Administración, continuó como administrador de Cicore New Group, una sociedad creada en el 2009 y dedicada al asesoramiento de empresas, a la implementación de planes estratégicos y a la intermediación en la realización de servicios de ingeniería civil.