El dueño del Guadalpín niega por tres veces a Roca como San Pedro

El hotel Guadalpín Marbella, buque insignia del grupo Aifos, establecimiento de lujo que operó sin licencias en plena Milla de Oro, fue ayer el caballo de batalla en la ciudad de la Justicia dentro de la vista de la ‘Operación Malaya’. Los efectos de la ‘gota’ empiezan a surtir efecto entre los empresarios acusados de haber entregado dinero al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de resoluciones urbanísticas favorables a sus intereses.

En los interrogatorios de este cuarto bloque, la tónica general es negar “al jefe”, igual que Pedro negó a su maestro. Este es el caso del empresario de Aifos Jesús Ruiz Casado, que en la sesión de ayer desmintió a Roca asegurando que nunca contrató “para nada” al principal imputado de la trama.

Con este alegato, el empresario echa por tierra las palabras del cerebro de Malaya, que hace unos meses citó a Aifos como una de las empresas que le pagó por su asesoramiento en materia urbanística en las promociones de Guadalpín Banús y Guadalpín Village. El promotor fue tajante: "Ni yo ni Aifos hemos dado ninguna cantidad de dinero al señor Roca". Asegura que en su declaración inicial dijo lo contrario “solo para evitar la cárcel".

La investigación vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Roca en diferentes abonos. El directivo de esta promotora está acusado de cohecho activo y fraude, y piden para él seis años de cárcel y 8 millones en multas. Jesús Ruiz Casado fue detenido el mismo día que Julián Muñoz. En esa fatídica jornada, caía toda la cúpula de su emporio empresarial de Aifos: la tercera promotora más importante de Málaga hasta entonces.

Tres de sus directivos eran citados por el juez Miguel Ángel Torres para que explicaran cómo habían obtenido la licencia de actividad del lujoso Hotel Guadalpín de Marbella, el mismo donde poseía un apartamento Isabel Pantoja, el mismo que fue refugio de Mayte Zaldívar, y el mismo que elegía Julio Iglesias para dar sus ruedas de prensa.

La licencia la firmó Julián Muñoz en febrero del 2003 cuando era alcalde en funciones. Pero esa fecha queda muy lejos para Ruiz Casado, que ayer se rebullía en el banquillo reiterando que el convenio que se firmó para el hotel Guadalpin Banús "fue una imposición del Ayuntamiento. Nosotros no estábamos de acuerdo y no obtuvimos ningún aumento de edificabilidad".

En esta ronda ante el juez, negó que el pago que figura en el sumario sirviera para legalizar un exceso de edificabilidad en el proyecto del Guadalpín Banús. "No es así porque no hubo exceso en la construcción".

La Fiscalía vincula de importantes cantidades de dinero por parte de Aifos al entorno de Roca. Estos pagos estarían relacionados con distintos convenios urbanísticos. En su día Roca subrayó que este dinero era por su labor privada como asesor urbanístico. Y en la vista de ayer Ruiz Casado tuvo palabras duras contra Roca: "Creo que este señor se equivoca cuando dice cosas así ante esta sala”.

Pagos de Aifos en el sumario

Dentro de los pagos que hizo Aifos, consta en el sumario el que hizo a la caja única de Roca el 2 de febrero de 2004 por un total de 9.715 euros. Esa misma cantidad fue abonada por Marisol Yagüe diez días después al cirujano plástico Javier Benito, como pago por dos operaciones de cirugía estética a las que se sometió el 8 de febrero de 2004 en la clínica Teknon de Barcelona.

Se da el caso que el 22 de marzo, el Ayuntamiento aprobó dos convenios urbanísticos con Aifos. Según el informe de la policía, "se determina que la señora Yagüe pagó, además de una vivienda en Madrid, sus operaciones estéticas con fondos procedentes de una mordida abonada a Roca por la sociedad Aifos a fin de que por ésta se obtuviera una resolución municipal favorable que, obviamente, pagó la propia alcaldesa operada".

En los interrogatorios de este cuarto y último bloque, dedicado a los presuntos sobornos, declaró ayer el empresario Francisco Zambrana, propietario de la lujosa urbanización La Alzambra. A éste se le acusa del pago de 45.000 euros para obtener un acuerdo de la Comisión de Gobierno a favor de la entidad Eurobuilding 2000 de su propiedad.

En el alegato de su defensa, el acusado reiteró que su negocio siempre ha sido la industria química y que nunca ha sabido mucho de convenios urbanísticos ni negoció los convenios y que en la fecha de la firma, de marzo de 2002, ni era accionista mayoritario de la empresa constructora, ni tampoco formaba parte del consejo de administración. Los pagos se reflejan en la contabilidad de Roca y la Fiscalía vincula dicho “soborno” a una licencia urbanística que obtuvo más tarde en la urbanización Río Verde.