El boyante negocio de los eventos... 'a dedo'

En el primer semestre de 2010 España desempeñó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (PEUE). Para ello, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no reparó en gastos y creó la figura del Alto Representante para la PEUE, una Comisión Permanente, una Comisión Delegada y hasta un Comité Organizador de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, presidido por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia e integrado por 30 vocales que representaban a todos los departamentos ministeriales y a las unidades administrativas.

El objetivo estaba claro: hacer un seguimiento directo de los aspectos organizativos y ordenar las distintas actividades y eventos que acarrearía. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, solo 2 de los 44 contratos que adjudicó el Ministerio de la Presidencia por aquel entonces fueron mediante el procedimiento abierto, es decir, con publicidad, según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público. El Gobierno alegó motivos de "imperiosa urgencia", pero el órgano encargado de investigar las posibles irregularidades asegura que no quedó acreditado esta supuesta necesidad y que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para preparar los eventos.

Según el profesor de la Facultad de Derecho de la UCM, José Antonio Perea-Unceta, "se puede entender la imperiosa urgencia en algún caso aislado, pero en 42 de 44 ocasiones no. Sobre todo cuando este tipo de eventos se saben con tanto tiempo de antelación". No le falta razón: la mayoría de los actos organizados por la PEUE en 2010 se conocían desde 2006, según el Tribunal de Cuentas.

Eventos, un negocio con mucho futuro

La organización de eventos cuenta con una mala reputación entre la percepción ciudadana gracias a escándalos como el de la trama Gürtel. Pero lo cierto es que, este sector, que ha llegado a mover 4.000 millones de euros al año en España, según un estudio elaborado por la asociación MPI prevé crecer un 8% en el mundo con el consiguiente beneficio para las empresas. "Todo el sector conocía de sobra a El Bigotes (Álvaro Pérez). Estaba siempre presente en los concursos de Valencia y lo peor es que se los llevaba todos", reconoce Beatriz González-Quevedo, gerente del Club para la Excelencia en Eventos que agrupa a una docena de empresas más grandes de esta industria.

En su informe, el Tribunal de Cuentas acusa a los responsables del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Agencia Española de Cooperación Internacional de no facilitar toda la documentación solicitada referida a la PEUE. Preguntado al respecto, el Ministerio de la Presidencia saliente tampoco ha querido facilitar información a El Confidencial.

El Ministerio de la Presidencia, en el punto de mira

La presidencia española tuvo un coste de 57 millones de euros. Solo los gastos realizados con cargo a los créditos del Ministerio de la Presidencia ascendieron a un importe de 42,1 millones de euros, que, en su mayor parte, correspondía a los gastos de reuniones organizadas por la Unidad de Apoyo al Comité Organizador adscrita al departamento. El 66% de los gastos, un importe de 27,7 millones de euros, lo eran derivados de la ejecución de los 44 contratos adjudicados con cargo a los conceptos presupuestarios específicos de la PEUE. El Tribunal de Cuentas ha constatado que muchos de estos contratos se concedieron sin la publicidad con la que habrían de haberse tramitado.

Este órgano concluye que la utilización con "carácter general" del procedimiento negociado sin publicidad para resolver la adjudicación "podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública". A 33,6 millones de euros ascendió el montante de todos ellos, de los que 32,2 correspondieron a los adjudicados sin publicidad, según el informe.

En la mayoría de contratos -gran parte para la cesión de recintos donde celebrar reuniones-, el Gobierno se acogió a la opción que ofrece la ley para adjudicarlos sin publicidad por razones técnicas cuando solo puede encomendarse a un empresario determinado. Evaluados los lugares en los que se podían organizar, "solo uno satisfacía todas las necesidades planteadas", señalaba el Ejecutivo en los expedientes de contratación. Para otros contratos adjudicados sin la oportuna publicidad, el Gobierno adujo motivos de seguridad. En el del suministro de corbatas y pañuelos con el logo de la presidencia española por ejemplo, se alegó que la ejecución del contrato requería la protección de la confidencialidad del emblema para que los medios de comunicación no lo conocieran de forma anticipada.

Otras de las deficiencias que se destacan en el informe es la de la contratación directa de un servicio de chárter privado, por importe de 130.000 euros, para el único desplazamiento del entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que no utilizó un avión del Ministerio de Defensa por no haber ninguno disponible. Según el Tribunal de Cuentas, "se incumplió" la Ley de Contratación del Sector Público "en cuanto a la tramitación del expediente y a la adjudicación y se omitió la fiscalización previa del gasto".