El “ejemplar traspaso de poderes” ya suma dos engaños por 20.668 millones

El “traspaso de poderes ejemplar” entre el PSOE y PP del mes pasado ya es la mejor operación de imagen del Gobierno Zapatero con el beneplácito del entrante de Rajoy: un gran y millonario engaño denunciado por Consejo de Ministros. El viernes 30 “faltaban” dos puntos de déficit público (20.000 millones de euros) y una semana después unas décimas en el balance de la Seguridad Social: otros 668 millones. Soraya Sáenz de Santamaría, que dirigió ese traspaso por parte del partido vencedor, es ahora la encargada cada semana de explicar las caídas del guindo del nuevo Ejecutivo.

La terquedad de los datos reales y el hecho de que el Gobierno de Zapatero había hecho unas previsiones económicas a la medida de la campaña del PSOE (como sostuvo siempre el PP en la oposición) ha tornado en palabras de escándalo y lamento lo que en diciembre eran elogios sobre “la transparencia” y buena disposición de los socialistas salientes.

“Esto no nos lo habían contado”, “lo pedimos por escrito y no nos respondieron” o “nos dijeron que habría una pequeña desviación, pero no tanto”. Esas son las frases que ahora repiten en los ministerios económicos y en la Vicepresidencia del Gobierno para explicar el romance invernal que vivieron con Ramón Jáuregui y los secretarios de Estado que le acompañaban en fotos y posados de televisión para “el mejor proceso de traspaso de poderes de la democracia” que se debía instituir para futuros relevos.

Como reconocía ya por entonces uno de los actuales ministros económicos, ajeno a la operación de imagen, “el traspaso de verdad empieza cuando el nuevo ministro llega a su despacho y pide las cuentas al auditor”. A la semana de jurar los cargos fue cuando el nuevo Ejecutivo empezó a conocer la situación real de la economía, que el déficit era “del entorno del 8%” y no del 6 como dejó dicho Elena Salgado.

Esta semana le ha llegado el turno a la Seguridad Social. El secretario de Estado responsable, Octavio Granado, había empezado por sostener que las cuentas estaban equilibradas. Cuando el PSOE perdió las elecciones pasó a comentar que igual había un cierto desfase. El nuevo Ejecutivo ya ha puesto cifra: los 668 millones anunciados ayer por Soraya Sáenz de Santamaría. Otro problema añadido del previsto desastre de la herencia económica

En el “ejemplar traspaso de poderes” faltaron tantos datos que en fuentes gubernamentales reconocen que Cristóbal Montoro ha presentado su primer informe para el recorte del sector empresarial público sin saber bien por dónde empezar porque el Gobierno saliente carece de datos actualizados. El ministro de Hacienda ha tenido que recurrir a un documento de la Intervención General del Estado que daba en 2009 el dato sobre la existencia de 4.000 empresas públicas y fundaciones en el conjunto de las tres Administraciones: la central, la autonómica y la local.

Barra libre autonómica desde 2004

Los gobiernos autonómicos llevaban desde 2004 en régimen de barra libre en materia de creación de empresas públicas o semipúblicas para intervenir en la economía o para ocultar déficit. Se aplicaba al detalle la política general de Zapatero en la materia: el Estado entraba en una segunda fase de desarrollo de las autonomías con los estatutos “de nueva generación”, el estatuto catalán por encima del marco constitucional, más los cambios “jurídico-políticos” que se empezaron a negociar con ETA para el País Vasco.

Ahora resulta, según se lamentan en los citados medios gubernamentales, que el Gobierno desconoce cuántas empresas públicas o participadas y fundaciones hay en el Estado (salvo las dependientes de la Administración central), a qué se dedican de verdad, qué plantilla tienen, el régimen de personal de sus trabajadores (funcionarios, contratados, eventuales, subcontratados…). “Y por supuesto que no sabemos cuánto ganan ni sus directivos ni sus empleados”, remachan.

Ante la magnitud del problema de ese sector público incontrolable (los “entes” autonómicos generaron una deuda de 5.000 millones en los últimos tres años), el Gobierno convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar con los ejecutivos autonómicos el recorte urgente de todo ese sector. Como explicó Soraya Sáenz de Santamaría, sin faltar a los principios fundamentales del Estado autonómico, es al Gobierno central a quien corresponde dar explicaciones y cumplir los compromisos adquiridos por el Estado o Reino de España ante las instituciones europeas de reducción del déficit público a un 4,4% cuando acabe el presente ejercicio.