El Gobierno lanza una guerra contra el fraude en busca de otros 8.171 millones

El Gobierno ha anunciado su segunda ofensiva en la lucha contra la crisis, centrada en una serie de medidas para combatir el fraude y la economía sumergida para recaudar hasta 8.171 millones de euros, para lo que estudia mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades; en el plan para no remunerar los blindajes ni las jubilaciones de los gestores de entidades financieras que han tenido que ser rescatadas (previo informe del Banco de España) y, finalmente, en la poda de las más de 4.000 empresas y organismos públicos de las Comunidades Autónomas que han servido para aumentar y camuflar el déficit de las regiones.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.

La medida, aplicada ya en países como Francia e Italia, según recordó Sáenz de Santamaría, es un elemento "muy claro" en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos, en palabras de la portavoz del Gobierno, quien añadió que también es una manera "muy clarificadora" de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.

Soraya Sáenz de Santamaría comparecía sola en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la ‘multitudinaria’ convocatoria del viernes pasado, en la que se anunció el primer paquete de recortes y la subida de impuestos. Su ‘soledad’ indicaba que, en esta ocasión, los anuncios no afectarían directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Tras los impuestos y los recortes del viernes pasado, la primera medida que ha anunciado la vicepresidenta ha sido la decisión de pedir un informe al Banco de España sobre las remuneraciones, blindajes y prejubilaciones de los directivos de entidades financieras que han tenido que ser rescatadas. Sáenz de Santamaría ha asegurado que “este Gobierno no piensa premiar a los gestores cuyo desempeño ha derivado en la intervención” de sus bancos.

La segunda pata que acometerá el Ejecutivo es la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, con un informe del ministro Cristóbal Montoro para elaborar un Plan General de Control del Fraude para 2012 que pretende elevar la recaudación de Hacienda en 8.131 millones de euros. Se intensificará el control del fraude, se aumentarán los inspectores y su personación en los puntos ‘sospechosos’ de economía sumergida y se ampliará la colaboración con los distintos órganos de control y recaudación de las Comunidades Autónomas. También se aprovechará la nueva información obtenida de antiguos paraísos fiscales que han dejado de serlo, como Andorra o Panamá y, en un intento de acabar con las transacciones procedentes de la economía sumergida, se estudiará limitar el importe máximo de las transacciones que se pueden realizar en efectivo. Igualmente, se vigilarán transacciones sospechosas con tarjetas de crédito o consumos elevados de electricidad en domicilios supuestamente particulares que puedan albergar una actividad laboral no declarada.

La tercera pata será la ya avanzada de podar los organismos, empresas públicas, fundaciones y consorcios públicos (más de 4.000) tanto dependientes de la Administración General como de las Autonomías, cuya reestructuración y reducción se abordará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. La vicepresidenta ha dejado claro que las Comunidades no sólo no han cumplido con la reducción que pactaron con el anterior Gobierno, sino que en muchos casos se han multiplicado estos organismos para camuflar el déficit público autonómico.

La vicepresidenta también informó que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha expuesto en el Consejo la situación de la Seguridad Social, que ha cerrado 2011 con un déficit de 668 millones por primera vez en 11 años. Sáenz de Santamaría culpó al Gobierno saliente de una nueva falta de previsión: “Dijeron que la Seguridad Social acabaría 2011 con un superávit del 0,4% y ha terminado con un déficit del 0,06%, casi medio punto de desviación, que obliga a tomar medidas excepcionales y un esfuerzo aún mayor en cuanto al gasto que, lógicamente, tiene que reflejarse en la reducción de empresas públicas”.