Rajoy recorta también el bonus por productividad de los funcionarios

Los funcionarios están cargando con una parte importante de los recortes anunciados por el Gobierno. En la letra pequeña del paquete de medidas presentado el viernes, en el capítulo de gastos de personal, el Ejecutivo del Partido Popular incluyó un recorte del 10% para los créditos destinados al complemento de productividad que disfrutan los altos cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, la Administración General del Estado y demás personal directivo, respecto a los destinados al mismo fin para el ejercicio de 2011.

Los recortes en los sueldos de los funcionarios van ya por el tercer año. Primero fue en 2010, cuando vieron recortados sus salarios un 5% de media. Al año siguiente, el Ejecutivo del PSOE congeló los sueldos, como acaba de repetir ahora el presidente Mariano Rajoy para este 2012. Sin embargo, a diferencia de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, ha extendido el recorte al complemento de productividad, una retribución variable y discrecional que puede representar  casi un 10% de los ingresos anuales, según el propio Ministerio de Hacienda.

En el año 2010, los funcionarios de la Administración General del Estado, cuya masa salarial asciende a 3.555 millones de euros, recibieron en concepto de productividad un total de 301 millones, cantidad que se prorrogó para el año siguiente y que para este 2012 sufrirá un recorte del 10%, es decir, el equivalente a 30 millones de euros. Este pago variable, que alcanza especialmente a los funcionarios de de organismos recaudadores, ya trató de ser modificado sin éxito durante el mandato del PSOE por parte del vicepresidente tercero Manuel Chaves.

Además de la congelación y del 10% de descuento en el bonus por productividad, los 2,6 millones de funcionarios existentes tendrán que trabajar más por el mismo dinero en 2012. Su jornada laboral se eleva a 37,5 horas semanales. Algunos, como los empleados de la Administración Central, ya tenían recogido este cupo de horas como jornada máxima en el convenio laboral de 2009, mientras que otros, como en las administraciones autonómicas y locales, no tienen homogeneizadas sus jornadas y llegan a trabajar menos de 35 horas a la semana.

Como ya ha ocurrido con funcionarios autonómicos en sectores como los de Educación o Sanidad, el aumento de la jornada establecido por Rajoy supondrá, indirectamente, el despido de aquellos trabajadores interinos o con contrato laboral cuyas funciones pasen a ser desempeñadas por los funcionarios de carrera con motivo de la ampliación de su horario laboral. Tampoco habrá nuevas ofertas de trabajo. La tasa de reposición queda congelada. No habrá oposiciones para nuevas plazas y las bajas, jubilaciones o traslados serán amortizados.

El Gobierno del PP pretende así adelgazar en lo posible la estructura de 2,6 millones de funcionarios que asume el Estado, que se reparte entre comunidades autónomas (50%), corporaciones locales, diputaciones y cabildos (26%) y Administración Central (22%). Solo para algunos casos excepcionales, como son las Fuerzas de Seguridad, personal facultativo, profesorado e inspección del fraude podrán tener una tasa de reposición máxima para el 10% de sus bajas. El resto de funcionarios tendrá que sacar adelante el trabajo sin

Este panorama de recortes generalizado ha supuesto un inconveniente más a los ya existentes, sobre todo la austeridad salarial, para que los profesionales procedentes del sector privado se incorporen como altos cargos al nuevo Gobierno. Los 67.000 euros anuales de un Secretario de Estado, complementos incluidos, aunque sin contar productividad, también recortada ahora, no son un incentivo para atraer a un profesional cualificado, salvo por el aliciente del reto político de ocupar un cargo público de responsabilidad. Pero no está el patio para perder dinero.