Rajoy rechaza el debate sobre la Constitución ante la falta de consenso e interlocutores

El Gobierno de Mariano Rajoy no se va a meter en el lío de reformar la Constitución en esta legislatura, consagrada a sacar a España de la recesión económica. Alfredo Pérez Rubalcaba bastante tiene con sostenerse al frente del PSOE y buscar su sitio en la oposición; los nacionalistas aspiran a cargársela, y los herederos del PCE que estuvo en la Transición se han vuelto antisistema. Ese es el retrato que deja la celebración oficial en el Senado del aniversario de la Constitución, con un amago de debate retórico sobre su reforma que se agota en sí mismo: no hay tiempo ni visos de acuerdo alguno.

Como todos los años desde que en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero se lanzó a su estilo (sin medir ni consultar) a anunciar la reforma de la Constitución, se cuestiona la vigencia de la misma y se plantea la posible conveniencia de revisarla. Se suele olvidar que, cuando fue urgente y necesario cambiar la ley de leyes, se hizo rápidamente y sin problemas.

Primero se adaptó para que pudieran votar en las elecciones municipales los ciudadanos europeos con residencia en España. Y hace poco más de un año, y en pleno agosto, para demostrar en la Unión Europea que nuestro país no volvería a poner en riesgo el euro por el déficit en sus cuentas. El compromiso con la estabilidad presupuestaria pasó a tener rango constitucional.

Rajoy llegó ayer al Senado hasta con las frases preparadas para frenar cualquier debate de fondo: “La Constitución de 1978, 34 años después, está plenamente vigente” y “es un marco que debe conservarse para muchísimos años”. Por si no había quedado claro, luego, en los corrillos, remachó la idea y fue al detalle. No niega que sean convenientes las reformas, es que recuerda que primero hay que limitar el objetivo (por ejemplo el Título octavo), buscar el máximo consenso (no valdría sólo el del PP y el PSOE) y planearlo para el momento oportuno. Si afecta al núcleo del texto, se necesita una mayoría de dos tercios, disolver las Cortes y celebrar referéndum.

Las aspiraciones independentistas de los nacionalistas catalanes ya no caben en la vigente Constitución ni tampoco en su reforma, pues se basan en la escisión y en el alumbramiento de un nuevo Estado “propio”. El PSOE lleva algunas semanas postulando un federalismo inconcreto que parece una reformulación del sistema autonómico que el PP no se toma en serio, y a los nacionalistas tampoco les vale. Entre IU y los grupos nacionalistas de izquierda, ha nacido un movimiento que rechaza directamente la Constitución y hasta el modelo de democracia occidental y europeo.

Si los cambios en el Estado autonómico vía reforma de la Constitución son complicados por falta de acuerdo, en el caso de las normas de la sucesión en la Casa Real ni siquiera son urgentes. Acabar con la prevalencia del varón sobre la mujer es un punto en el que todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Pero sólo tienen prisa los partidos que quieren cuestionar la Monarquía. A Rajoy le parece lo más aplazable y considera que podría acompañarse de otras propuestas de reforma, según reconocen en fuentes del PP. Ya hay un heredero, el príncipe de Asturias, y tiempo de sobra en próximas legislaturas para cambiar la actual norma en el caso de que tuviera un hijo varón.

Rubalcaba quiere integrar la sanidad en los derechos

Alfredo Pérez Rubalcaba habló ayer de la necesidad de “actualizar” la Constitución, pero al mismo tiempo, como Rajoy, reconocía que sería necesario el máximo consenso para acometer las reformas. Aportó una idea novedosa, como es integrar en el apartado de derechos del ciudadano las prestaciones sanitarias con el mismo rango que en la actualidad se da a la educación. De entrada, en el Partido Popular lo consideraron un recurso del secretario general del PSOE para apoyar la ofensiva de la izquierda contra los ajustes y recortes que el Gobierno impulsa y las autonomías aplican en los distintos sistemas ‘de salud’.

El PSOE quiere frenar las privatizaciones en la gestión de la sanidad pública, extendidas en toda España y también por ejecutivos socialistas como el de Andalucía. Ahora el objetivo es desgastar al PP en Madrid. En el Partido Popular no se toman en serio la ‘ocurrencia’ de Rubalcaba, por muy necesitado que esté de asentarse en la oposición, y recuerdan que la Constitución también alude al derecho al trabajo y a una vivienda digna. Pero a nadie se le ocurre que el Estado deba ocuparse de dar empleo y meter en nómina a todos los ciudadanos, ni tampoco que deba facilitar viviendas de alquiler o en propiedad a toda la población, añadían con ironía en los citados medios.

Al Gobierno lo que le obsesiona y en lo que está volcado es en cumplir con el objetivo de déficit público, en procurar que la economía nacional vuelva al crecimiento a partir del próximo año y en abordar la reforma de la Administración.