Gallardón une en su contra a jueces, fiscales y abogados con la amenaza de huelga en enero

Alberto Ruiz-Gallardón ha conseguido en tan sólo un año como ministro de Justicia lo que nunca antes nadie había logrado. Ha sido capaz de unir a jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia, de todas las tendencias, tanto conservadores como progresistas o centristas, en una causa común: luchar contra sus medidas. Los recortes, la Ley de Tasas Judiciales, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están provocando duros enfrentamientos con el Departamento. Si nada cambia, acabarán en huelga a principios del año que viene.

Cuando llegó al Gobierno central, adoptó una serie de modificaciones aplaudidas por el sector más conservador de su partido, muy crítico con algunas de sus decisiones durante su etapa como alcalde de Madrid, como su apoyo público al matrimonio homosexual. Así, anunció a bombo y platillo el endurecimiento de la Ley del Aborto o la introducción en nuestro Código Penal de la prisión permanente revisable. Esto es, inició la legislatura con mano dura, aunque con medidas populistas que iban a ser aplaudidas por un sector de la población más conservador. Se trata de anuncios que le funcionaron de cara a la opinión pública, que le considera el ministro mejor valorado del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

Sin embargo, pronto comenzó su batalla con un hueso muy duro de roer: la carrera judicial. Arrancó con el anunció de recortes a los funcionarios de Justicia y a los jueces, ganándose la antipatía de la mayor parte de ellos. Aún así, se trataba de una política común de todo el Gobierno y era público y notorio que se iban a reducir los salarios de todos los funcionarios.

Pero Ruiz-Gallardón ha ido más allá. Quiere llevar a cabo una auténtica reforma de la Justicia, con la modificación de la LOPJ y del CGPJ. Entre otros muchos cambios, va a reducir al máximo el papel de los jueces suplentes y que sean los titulares los que se hagan responsables de la máxima carga de trabajo posible. No sólo eso: está dispuesto a dar un giro de 180 grados al funcionamiento del órgano de los jueces para mermarles, según el propio informe del CGPJ y de todas las asociaciones de jueces, su independencia. El Ministerio ha trasladado a las asociaciones la necesidad de adoptar estas medidas por la delicada situación económica que atraviesa el país, una explicación que no ha calmado los ánimos.

Estas reformas, junto a la Ley de Tasas Judiciales ya en vigor, han sido el punto de inflexión para que las asociaciones de jueces, fiscales y abogados se hayan unido y hecho frente común contra el ministro. Todos juntos, de todas las tendencias, van en bloque contra estas medidas. Ya han lanzando un ultimátum: o se retiran, o van a la huelga en enero. No van a dar marcha atrás, están dispuestos a colapsar la Justicia para evitar que esta empeore aún más. A partir de hoy comienzan las reuniones para crear una plataforma, liderada por el Consejo General de la Abogacía Española, para luchar por la derogación de la Ley de Tasas Judiciales, que exige al ciudadano, a partir de ahora, pagar por recurrir decisiones judiciales, una medida calificada por todas las asociaciones judiciales y por los letrados como “inconstitucional”.

Cotas de poder

Por su parte, el ministro no va a dar el brazo a torcer. Fuentes ministeriales sostienen que las asociaciones están “caldeando” a las masas judiciales con el aparente motivo de los recortes y de la pérdida de independencia, cuando en realidad lo único que les preocupa es perder sus cotas de poder en el CGPJ. Si sigue adelante la reforma planteada por el Departamento de Justicia, 12 de los 20 van a ser elegidos por los propios jueces y magistrados, quitando así los vocales asignados a las asociaciones.

El ministro ya anunció que quería buscar apoyos con otros grupos parlamentarios para que la modificación del órgano de los jueces fuese dialogada. Eso sí, se ha dado un plazo. Y si a principios de año no hay acuerdo, saldrá adelante con los cambios previstos por él.

Desde un principio, Gallardón ha dejado bien claro que no se va a sentar a negociar con las asociaciones. Su único interlocutor es el CGPJ y, si estas tienen alguna queja, deben trasladarla a través del Consejo. Con este comportamiento de confrontación con los interlocutores de la carrera judicial y fiscal, lo único que ha conseguido el ministro es iniciar una guerra. Las asociaciones ya han dicho que, para ellas, Ruiz-Gallardón “ha muerto”. Quieren reunirse con Rajoy, algo poco probable porque, de lo contrario, sería quitarle autoridad a su ministro, como apuntan desde el Departamento de Justicia.

Los Abogados están dispuestos a ir a por todas si se mantiene la Ley de Tasas Judiciales, en un momento en el que los letrados de oficio de varias comunidades autónomas, sobre todo los de Madrid, están teniendo fuertes problemas para cobrar sus servicios.

Por su parte, el CGPJ se encuentra entre dos aguas. Ha realizado informes contrarios a la reforma del órgano y a la de la Ley de Tasas Judiciales, pero no comparte las amenazas de las asociaciones, a quienes, por otro lado, ya les ha advertido de que no es legal una huelga por parte de los jueces. El presidente, Gonzalo Moliner, defiende las protestas de la carrera judicial pero, sin embargo, mantiene puentes de diálogo con el Ministerio.

Todos los colectivos implicados en la Justicia acusan a Gallardón de improvisar sus medidas, sin hablar ni reunirse con los protagonistas. Su equipo y él están modificando y aprobando leyes sin tener en cuenta la repercusión que van a tener tanto en los profesionales como en los ciudadanos.

La Ley de Tasas Judiciales es la que más calado está teniendo entre los ciudadanos, que ven cómo se les limita el acceso a la Justicia. El Ministerio la defiende, aunque desde dentro se replantean el error de comunicación. No han sabido trasladar a la opinión pública la necesidad de esta norma para descargar los tribunales y evitar que se acuda sistemáticamente a los juzgados.